domingo, 18 de marzo de 2012

Entre el subsidio y la discriminación

El subsidio (del latín subsidĭum), es un pago que hace el gobierno a los productores. No hay técnicamente subsidios de una empresa privada a los consumidores; menos aún puede hablarse de subsidio cruzado cuando la empresa privada establece dos tarifas en función a la naturaleza de las personas o a su lugar de residencia.

Al subsidiar las actividades privadas, el gobierno más bien estimula a que las decisiones privadas se tomen considerando el interés público.

Se trata de un mecanismo para estimular el consumo o la producción, dados durante un tiempo determinado. Es la diferencia entre el precio real de un producto o servicio y el precio que paga el consumidor para acceder a dicho producto o servicio. En estos casos, es el gobierno el que aporta subsidios a las empresas para evitar que suban los precios o tarifas. Así, por ejemplo, el mal llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es un subsidio a la oferta que aún se aplica y que ha dado a los productores e importadores peruanos de combustibles casi 7.3 miles de millones de Nuevos Soles entre los años 2006 y 2011 (2.5 billones de USD). De esta manera todos los consumidores pagan al productor el mismo precio por los combustibles. No hay un precio de las refinerías para, por ejemplo, San Juan de Lurigancho y otro para el consumidor de Jesús María.

Hoy en día, a la par con afanes de lograr la inclusión social, aparecen distintas iniciativas acerca del otorgamiento de subsidios y recomiendo tener mucho cuidado en su manejo y determinación, no descuidando la teoría económica, ni deformando su significado.

En julio 2011, el gerente general de Cálidda Gas Natural de Lima y Callao S.A. señaló que plantearían al nuevo gobierno entregar un subsidio a las conexiones, de forma similar a la experiencia colombiana en que los estratos altos financian a los bajos.[1]

Ahora la agencia oficial ANDINA publica el 05-03-12 [2] que el gerente general de Cálidda habría señalado que “uno de los aspectos que contribuyó al incremento de la masificación del gas natural es el subsidio cruzado que permite que zonas de menores recursos paguen menos por la conexión del servicio”. Amplían la información señalando que “De ese modo, un hogar de San Juan de Lurigancho paga, por la conexión del servicio 790 nuevos soles, en tanto que un hogar de Magdalena o Jesús María debe abonar 1,500 soles”. Un hecho que tiene dos caras, como Jano, pues otra manera de expresarse, menos comercial pero más realista, se daría en el hecho que un consumidor de Magdalena o Jesús María tiene que pagar casi el doble que otro de San Juan de Lurigancho. ¿Esto está permitido en el contrato con el estado peruano?

Esta figura no es para destacarse por cuanto que sepamos no existe o no conozco que exista aprobación oficial para la aplicación de semejante discriminación de precios, en mi modesto entender, pues ¿Qué criterio económico hace que sea justo que un poblador de un asentamiento humano en Magdalena o Jesús María tenga que pagar 90% más que otro limeño domiciliado en San Juan de Lurigancho? ¿Así de extremadamente diferente es la estructura de costos para la empresa concesionaria que puede fijar tarifas tan distantes entre sí?

Podrían argumentar, como en efecto lo han hecho, que se trata de un subsidio cruzado (como lo es el FOSE creado por Ley en el sector eléctrico), pero una cosa es un recargo de 2.5% y otra lo que se señala se aplica en las conexiones a gas metano de casi el doble. Y otra cosa es que lo haga el Estado y otra que lo haga una empresa privada, si ese fuera el caso.

No he visto en estos días ninguna reacción oficial al planteamiento de la concesionaria, sino más bien una serie de declaraciones entusiastas de representantes del regulador que debieran más bien exigir una explicación coherente a esta discriminación.

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