1. Introducción: Transparencia y acceso a la información
La Ley de Organizaciones Políticas (Nº 28094)
establece la obligatoriedad de que las organizaciones políticas presenten y
publiquen sus planes de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Este requisito es fundamental para el ejercicio de un voto informado. No
obstante, al intentar acceder al plan de la organización política "Juntos
por el Perú" (JP) a través de canales oficiales, se observa una falta de
visibilidad directa en su plataforma web. Ante esta opacidad, el presente análisis
se ha estructurado a partir de la información proporcionada por el aplicativo
oficial del JNE (“Chat con el Plan de Gobierno”), el cual sintetiza la
propuesta programática de dicha agrupación para el período 2026-2031.
2.
El conflicto constitucional: ¿Orientar o conducir?
El núcleo de la propuesta de JP representa una
ruptura con el paradigma constitucional vigente. El ideario de la organización
plantea que el Estado debe "recuperar la capacidad de conducir el
desarrollo nacional". Esta terminología no es menor; implica una
diferencia sustancial con el marco constitucional actual.
El Artículo 58º de la Constitución Política del
Perú establece que el Estado tiene la función de orientar el desarrollo
del país, actuando de manera subsidiaria. La distinción semántica y práctica es
crítica: mientras que "orientar" implica la facilitación,
regulación y promoción de un entorno favorable para el desarrollo, "conducir"
denota una asunción del control directo, asumiendo la responsabilidad y la
gestión operativa de los procesos productivos.
Esta visión de "conducción"
contraviene la esencia del Artículo 60º constitucional, que limita la actividad
empresarial del Estado a supuestos de subsidiariedad, bajo autorización de ley
expresa y únicamente por razones de alto interés público o manifiesta
conveniencia nacional. La pretensión de JP de reservar la gestión directa de
recursos energéticos y estratégicos (gas, petróleo, agua, puertos, entre otros)
parece ignorar estas restricciones constitucionales, proponiendo un modelo de
gestión estatal centralizada que la historia económica nacional (especialmente
durante la década de los 70 e inicios de los 80) ya demostró ser ineficaz.
3.
Implicancias económicas y riesgos estructurales
El Plan de Gobierno de JP presenta un conjunto de
metas —aproximadamente 35 — que, de implementarse, alterarían profundamente la
estabilidad macroeconómica del país. Entre las propuestas más disruptivas
destacan:
·
Política
Fiscal y Tributaria:
Se plantea elevar la presión tributaria al 25% del PBI, eliminar la totalidad
de las exoneraciones tributarias (calificándolas de regresivas) e incrementar
las regalías minero-energéticas en un 20%.
·
Intervencionismo
Productivo:
Se propone metas de control estatal sobre el 100% de los insumos y el 60% del
oro producido por cooperativas mineras, además de someter el 100% de la
producción de estas cooperativas a fiscalización estatal.
·
Gestión
de Recursos y Concesiones:
Se busca extinguir el modelo actual de concesiones, reduciendo plazos de 30 a 5
años y forzando la reversión de concesiones al control estatal.
Estas medidas, bajo una óptica técnica, presentan
serios riesgos. La pretensión de aumentar la presión tributaria en un contexto
de potencial fuga de capitales —derivada de la inseguridad jurídica que genera
la renegociación unilateral de contratos— podría resultar en una contracción de
la base imponible. Si la inversión privada, especialmente en minería, se reduce
ante la incertidumbre, la recaudación fiscal caería, comprometiendo la
sostenibilidad de los programas sociales que el propio plan promete financiar.
4.
La paradoja de la capacidad estatal
Uno de los puntos más críticos del plan es la
contradicción entre la ambición de control estatal y la realidad
administrativa. El documento aboga por una mayor intervención en sectores
estratégicos, pero omite un diagnóstico realista sobre la capacidad real de
ejecución del aparato público.
Con más de 2.500 obras paralizadas a nivel nacional
—principalmente bajo gestión de gobiernos subnacionales—, la propuesta de
entregar mayor control de recursos a un Estado con evidentes deficiencias
técnicas y problemas de corrupción sistémica resulta, cuando menos,
contraproducente. La historia reciente, marcada por el fracaso de las empresas
estatales creadas en los años 70 y su posterior desmantelamiento tras la crisis
hiperinflacionaria, sirve como advertencia sobre los peligros de
sobredimensionar el aparato empresarial del Estado sin contar con mecanismos de
gestión eficiente y meritocrática.
5.
Conclusión: Un manifiesto ideológico frente a la realidad técnica
El Plan de Gobierno de Juntos por el Perú para el
período 2026-2031 se configura más como una declaración de principios
ideológicos que como una hoja de ruta técnica viable. Si bien logra visibilizar
demandas legítimas de sectores vulnerables y comunidades postergadas, su
propuesta económica sufre de una desconexión fundamental con la realidad
macroeconómica y el marco constitucional peruano.
La implementación de este modelo, caracterizado por
un sesgo intervencionista, la renegociación unilateral de tratados y el control
estatal de sectores estratégicos, no garantiza la prosperidad de los sectores
que pretenden proteger. Por el contrario, al erosionar la seguridad jurídica,
debilitar la inversión privada y sobrecargar un aparato estatal con
limitaciones crónicas de gestión, el plan corre el riesgo de generar un
estancamiento económico que terminaría afectando, paradójicamente, el bienestar
social que se busca promover. En última instancia, la propuesta parece ignorar
que el desarrollo nacional requiere un Estado robusto en su capacidad
regulatoria y fiscalizadora, no necesariamente en su rol de empresario directo.
