De la Omisión al Reconocimiento: Petroperú S.A. en los Planes de Gobierno de Fuerza Popular 2021–2026 y 2026–2031

1. Introducción

Los planes de gobierno en el Perú son documentos obligatorios que los partidos presentan al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En teoría, deberían constituir la hoja de ruta de las políticas públicas de un eventual gobierno. Sin embargo, en la práctica, suelen ser subestimados, modificados con “hojas de ruta” “un nuevo proyecto para el Perú”, etc. y adaptados según la coyuntura política.

El presente paper  analiza los Planes de Gobierno de Fuerza Popular[1] 2021–2026 y 2026–2031, con énfasis en el tratamiento de Petroperú S.A., la Refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano, las plantas de almacenamiento de combustibles y la administración/propiedad de esta empresa estatal.

El tratamiento de los medios de prensa peruanos hacia Petroperú S.A. durante el último año ha sido mayoritariamente crítico, fiscalizador y enfocado en su crisis financiera, centrando el debate público en la viabilidad de la empresa y la necesidad de reformas estructurales.

Las principales líneas de cobertura mediática se han enfocado bajo los ejes temáticos de sus pérdidas millonarias e "incorrecciones" financieras[2],  cuestionamiento a los "salvatajes" y el apoyo estatal.[3]

El tratamiento editorial de los medios de prensa se ha dividido marcadamente en el terreno político y económico entre quienes califican a Petroperú como el reflejo del "fracaso del Estado empresario", cuestionando la excesiva planilla salarial y abriendo espacio a propuestas legislativas de privatización total o apertura al capital privado y otros espacios técnicos e independientes que centran sus portadas en el Decreto de Urgencia 010-2025 y el rol de ProInversión para vender activos improductivos. Aquí se argumenta que el problema central no es la propiedad pública, sino la pésima gobernanza corporativa y la continua injerencia política en el directorio.

Los medios especializados han seguido de cerca la operatividad de la Nueva Refinería de Talara, rotulándola frecuentemente como un activo que trabaja por debajo de las proyecciones iniciales debido a limitaciones de liquidez y desabastecimiento de crudo, lo que ha provocado que la participación de Petroperú en el mercado mayorista de combustibles caiga a mínimos históricos de alrededor del 25%. [4]

En menor medida, y principalmente a través de notas de prensa institucionales replicadas por agencias del Estado, se ha difundido un contraflujo de noticias positivas. Estas abordan el cumplimiento puntual del pago de sus deudas internacionales (como el crédito sindicado con garantía de la española CESCE) – Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación),  y las acciones de contingencia y resguardo frente a ataques de bandas delictivas en el Oleoducto Norperuano.

La situación de la empresa estatal será sin duda, una de las pruebas más severas del nuevo Gobierno, habida cuenta que su patrimonio real seguiría siendo negativo Si se restaran los salvavidas financieros excepcionales del Gobierno (como el Decreto de Urgencia 010-2025), , por lo que el riesgo de un nuevo estrés de liquidez antes del cierre del año continúa latente.

Nuestro objetivo es determinar si existe consistencia o variaciones significativas en la postura del partido ganador de las elecciones 2026-2031, y vincularlo con el rol de la inversión estatal en una economía social de mercado y el principio de subsidiariedad.

2. Marco conceptual

• Economía social de mercado: modelo consagrado en la Constitución de 1993 (Art. 58), que promueve la iniciativa privada como motor principal, reservando al Estado un rol orientador del desarrollo del país.
• Rol subsidiario del Estado: el Estado solo interviene en la actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. (Constitución, 1993, Art. 60).
• Petroperú S.A.: empresa estatal de hidrocarburos, propietaria de activos calificados oficialmente por el MINEM como estratégicos , tales como la Refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano (ONP) y las plantas de ventas.
• Debate actual: posiciones antagónicas entre privatizar Petroperú y sus activos, o fortalecer su rol devolviendo al Estado el control del ONP.

3. Plan de Gobierno 2021 – 2026: “Rescate 2021”

El documento enfatiza la recuperación económica tras la pandemia y la defensa de la economía social de mercado.

3.1 Citas relevantes

• “Rescate 2021… Estamos convencidos que la presente crisis, por muy dolorosa que sea, debe convertirse en una oportunidad para rediseñar la normatividad y políticas públicas que permitan la promoción de la inversión privada...” (Fuerza Popular, 2021, p.7).

·      “Rescate 2021… tendrá como motivo principal recuperar el bienestar de todos los peruanos con el desarrollo de una verdadera economía social de mercado” (Fuerza Popular, 2021, p. 7).

• “Rescate 2021… Sin embargo, a partir de 2014 se ha registrado una paulatina desaceleración del crecimiento producto de una inadecuada implementación del modelo económico consagrado en la Constitución Política de 1993. ..la mayor presencia del Estado en la estructura productiva, la inversión en obras sobrevaluadas o carentes de valor y el aumento desmedido de la burocracia estatal producto de una fallida descentralización, que prioriza el gasto público corriente sobre la inversión pública; han generado que el Perú nuevamente deba afrontar una de las peores crisis económica de su historia. (Fuerza Popular, 2021, p. 8).

3.2 Observaciones

El Plan de Gobierno 2021–2026 de Fuerza Popular presenta una orientación claramente promercado, centrada en la recuperación económica, reducción de barreras regulatorias y fortalecimiento del sector privado.

Asimismo, plantea medidas orientadas a la formalización, simplificación regulatoria y fortalecimiento del ecosistema empresarial.

Sin embargo, el hallazgo más relevante para este estudio es la ausencia de referencias directas a bienes estratégicos de Petroperú S.A. Esto sugiere que Petroperú no constituía un eje central dentro de la agenda programática energética del partido.

4. Plan de Gobierno 2026–2031: “Perú con Orden”

Este plan mantiene la estructura de tres ejes estratégicos: orden, económico y social.

4.1 Citas relevantes

·    “Perú con Orden 2026… Optimización de la operación de Petroperú: la empresa estatal se concentrará exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución, garantizando sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transparencia en la Refinería de Talara”. (Fuerza Popular, 2026, p. 47).

·    "Gestión de la venta de activos no estratégicos de Petroperú para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.” (Fuerza Popular, 2026, p. 47).

·    "Disposición de la división y administración técnica del Oleoducto Norperuano, separándolo de la estructura operativa de Petroperú”. (Fuerza Popular, 2026, p. 47).

·  "El oleoducto será gestionado por un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que asegure mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística”. (Fuerza Popular, 2026, p. 47).

·        “La empresa estatal tendrá un rol estratégico en la seguridad energética, complementando la inversión privada” (Fuerza Popular, 2026, p. XX).

4.2 Observaciones

·   Se comete el error de señalar dentro de la cadena de valor de Petroperú el concentrarse exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución, omitiendo la comercialización, que son y deben ser dos eslabones diferentes aunque estrechamente conectados.

·         A diferencia del PG 2021–2026, aquí sí se reconoce explícitamente a Petroperú y sus activos estratégicos.

·         Se plantea modernización y fortalecimiento de la gestión, vinculando a la empresa con la seguridad energética nacional.

·        Se mantiene la defensa de la economía social de mercado, pero se introduce un matiz: el reconocimiento de Petroperú como actor estratégico.

·        Se atribuye la operación de la empresa estatal como “complemento”, no como orientador, tal cual establece la Constitución.

5. Comparación entre ambos planes

Aspecto	PG 2021–2026	PG 2026–2031	Consistencia/Variación
Petroperú S.A.	No se menciona	Reconocimiento explícito	Variación
Refinería de Talara	No se menciona	Mencionada como eje de modernización	Variación
Oleoducto Norperuano	No se menciona	Reconocido como infraestructura estratégica	Variación
Plantas de almacenamiento	No se menciona	Referencia indirecta en seguridad energética	Variación
Rol del Estado	Subsidiario	Subsidiario, pero con rol estratégico y complementario de Petroperú	Variación
Economía social de mercado	Reafirmada	Reafirmada	Consistencia

6. Discusión

La comparación revela un cambio significativo: mientras el PG 2021–2026 omite toda referencia a Petroperú, el PG 2026–2031 lo reconoce explícitamente como actor estratégico en el sector energético. En este caso, el PG toma partido por darle un rol estratégico a Petroperú pese a ser el ejemplo más representativo y debatido de las críticas al rol estratégico del Estado en la economía peruana, por sus debilidades estructurales, decisiones políticas de inversión y las crisis de gobernanza que transforman un activo estratégico en un severo riesgo fiscal. Se asume igualmente como cierta la paradoja de la “seguridad energética” y el abastecimiento de combustibles en las zonas más alejadas del país. La propia crisis financiera de la petrolera estatal ha puesto en jaque este objetivo.

Este giro puede interpretarse como una adaptación a la coyuntura política y económica:

·       En 2021, el énfasis estaba en recuperar la confianza en la inversión privada tras la pandemia.

·       En 2026, el contexto incluye debates sobre la privatización de Petroperú y la devolución del ONP al Estado, lo que obliga al partido a posicionarse.

La polémica actual sobre vender/privatizar Petroperú o devolver el ONP al Estado se refleja indirectamente en el PG 2026–2031, al reconocer la importancia de la empresa estatal en la seguridad energética.

7. Resumen

·         El PG 2021–2026 omite toda referencia a Petroperú y sus activos estratégicos.

·      El PG 2026–2031 reconoce explícitamente a Petroperú, la Refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano.

·        Existe una variación importante: de la omisión a la mención directa.

·       Se mantiene la defensa de la economía social de mercado y el rol subsidiario del Estado, pero con un matiz: Petroperú como empresa estatal (y no solo sus activos), es considerado estratégico.

·      Se contraviene la Constitución vigente al asignarse a Petroperú un rol complementario y no solo orientador de la inversión privada.

8. Conclusiones

1.      Variación significativa: Fuerza Popular pasa de omitir a reconocer explícitamente a Petroperú en sus planes de gobierno.

2.   Consistencia ideológica con matices: Se mantiene la economía social de mercado y el rol subsidiario, pero se introduce la idea de un rol estratégico y complementario de la empresa estatal.

3.   Planes de gobierno como instrumentos flexibles: El cambio evidencia que los planes se adaptan a la coyuntura política y económica, reforzando la tesis de que los candidatos los modifican según conveniencia.

4.  Importancia de Petroperú: La inclusión en el PG 2026–2031 ratifica que, pese a los debates sobre privatización, la empresa sigue siendo considerada estratégica para la seguridad energética nacional, según Fuerza Popular.

5.   Necesidad de fortalecer los planes: Este caso demuestra la urgencia de dotar a los planes de gobierno de mayor vinculación y seriedad, para evitar que se conviertan en documentos meramente formales.

9. Referencias

• Fuerza Popular. (2021). Plan de Gobierno 2021–2026: Rescate 2021. Jurado Nacional de Elecciones.
• Fuerza Popular. (2026). Plan de Gobierno Reforzado 2026–2031. Jurado Nacional de Elecciones.

 

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[1]   Ganador de la elección presidencial en El Perú 2026 - 2031 .

[2]  “Petro-Perú perdió mucho más de lo que reportó en su Memoria Anual del 2025.    Así lo señala una auditoría desarrollada por PwC Perú, la cual devela que las pérdidas de la estatal fueron, en realidad, de US$601,4 millones y no de US$468,3 millones, como reportó a inicios de año.”,
https://www.facebook.com/elcomercio.pe/posts/petro-per%C3%BA-perdi%C3%B3-mucho-m%C3%A1s-de-lo-que-report%C3%B3-en-su-memoria-anual-del-2025-%EF%B8%8F-as%C3%AD/1502158891939050/

[3] Los salvavidas financieros excepcionales y rescates económicos acumulados otorgados por el Estado peruano a Petroperú S.A. superan los S/ 18.380 millones (más de US$ 5.000 millones acumulados en los últimos años), sumándose recientemente una nueva línea de contingencia privada con respaldo estatal de hasta US$ 2.000 millones aprobada el 8 de mayo de 2026 mediante Decreto de Urgencia de “carácter excepcional” para , supuestamente, garantizar la continuidad de la cadena de producción, el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional y afianzar la seguridad y estabilidad del sistema energético nacional.

[4]  “Petroperú proyecta llegar al 35% de cuota de mercado promedio entre el 2025-2030”, Nota de Prensa Petroperú Nª064 del 16-7-2

PLAN DE GOBIERNO EN "BAÑO MARÍA"

Confrontar el plan original de gobierno de "Juntos por el Perú "(JP), de 92 páginas y su versión revisada de 14 páginas permite identificar un proceso claro de simplificación, moderación del discurso y reorientación estratégica del mensaje político, sin que ello implique un abandono total de los postulados centrales del documento original. El nuevo plan corto no constituye únicamente una versión original resumida sino, como a nadie puede escapar,  una adaptación política y comunicacional del programa original, diseñada para hacerlo electoralmente más viable y menos confrontacional para la segunda vuelta. Es como el “baño maría” de la repostería, una técnica de cocción suave y uniforme que es ideal para derretir ingredientes, pero sin quemarlos.

El primer hallazgo relevante que encuentro es que persiste, tercamente, una importante continuidad programática, particularmente en torno a la visión de un Estado activo, descentralizador y socialmente protector en lugar de atender su función constitucional de orientador. Ambos documentos coinciden en la necesidad de superar las brechas territoriales, fortalecer los servicios públicos, impulsar el desarrollo productivo y recuperar capacidades estatales. La diferencia no radica tanto en los objetivos, sino en la manera de formularlos y justificarlos.

En el plan original, el diagnóstico del país es marcadamente estructural e ideológico. El texto plantea que el Perú enfrenta una crisis derivada de un modelo económico y político instalado desde la Constitución de 1993, la que a todas luces pretenden eliminar, pues le atribuyen desigualdad, pérdida de soberanía, fragmentación social y debilitamiento del Estado. Desde esta perspectiva, el documento propone una transformación profunda del orden institucional, incluyendo la posibilidad de una Asamblea Constituyente y un rediseño integral del rol estatal. Tal cual requiere el socialismo del Siglo XXI las nuevas constituciones deben legitimar la intervención estatal como rectora del desarrollo, permitiendo la nacionalización de sectores estratégicos y la planificación centralizada de los recursos. De esa manera, el modelo representativo liberal es sustituido por mecanismos de participación directa como referendos, cabildos y consejos comunales. Por ello el lenguaje empleado en el plan original es confrontacional: se habla de dominación corporativa, neocolonialismo, subordinación internacional y crisis del modelo neoliberal.

En contraste, el plan revisado conserva parte importante de esa agenda, pero abandona la retórica ideológica fuerte y la reemplaza por un lenguaje de gestión, productividad y bienestar ciudadano. En vez de enfatizar ruptura, confrontación o refundación, el nuevo documento prioriza metas medibles (aunque no creíbles), desarrollo económico, mejora de servicios y cohesión social. La narrativa cambia sustancialmente: el énfasis ya no está en combatir un modelo político-económico, sino en resolver problemas concretos de la ciudadanía.

Uno de los cambios más importantes aparece en torno al rol del Estado. En el plan original, el Estado es concebido como un actor central de transformación política y económica: un Estado interventor, conductor y reordenador del sistema. Se plantea fortalecer la capacidad pública para liderar procesos productivos, intervenir estratégicamente en sectores económicos, recuperar soberanía y garantizar derechos sociales mediante reformas institucionales profundas. La lógica subyacente es que el mercado, por sí solo, ha fracasado en garantizar bienestar y equidad.

En el plan revisado, esta visión no desaparece, pero sí se reformula notoriamente. El Estado sigue siendo fuerte y protagonista, aunque ahora es presentado menos como un instrumento de transformación ideológica y más como un Estado desarrollista y gestor. El énfasis se traslada hacia la eficiencia, la articulación territorial, la descentralización, la provisión de servicios y el impulso productivo. En otras palabras, no se abandona el Estado fuerte, pero sí se modifica el modo de justificarlo para sus probables electores. Mientras el plan original defendía un Estado transformador, el revisado promueve un Estado eficaz y orientado a resultados.

La política económica refleja también esta continuidad con moderación. El documento original plantea un cuestionamiento explícito al modelo económico vigente y propone mayor intervención pública, industrialización nacional, fortalecimiento de la economía popular y soberanía económica. En el documento breve, estas propuestas permanecen, aunque expresadas con un lenguaje más técnico y menos ideologizado. Persisten las referencias a desarrollo regional, productividad, empleo y fortalecimiento de capacidades nacionales, pero desaparece gran parte de la crítica doctrinaria al sistema económico vigente.

Donde sí existe una desestimación importante del contenido original es en los temas de política exterior e identidad ideológica. El plan de 92 páginas contenía referencias explícitas al antiimperialismo, crítica a Estados Unidos, reivindicación de un orden multipolar, incorporación a los BRICS y rechazo de bases militares extranjeras. Asimismo, el documento desarrollaba una narrativa geopolítica claramente alineada con sectores progresistas latinoamericanos y fuertemente crítica del orden internacional liberal.

Todo ese componente prácticamente desaparece en la versión de 14 páginas. El nuevo documento sustituye la confrontación ideológica internacional por conceptos más generales de cooperación, integración regional y desarrollo compartido. Esta es probablemente la mayor moderación del plan: puede estimarse que existe, en el papel, cerca de un 90% de desestimación del componente ideológico en política exterior.

Algo similar ocurre en seguridad y derechos humanos. El plan original incluía propuestas específicas sobre reorganización policial, control ciudadano de la Policía, revisión de protocolos de uso de fuerza, reparación a víctimas de violencia política, desclasificación de archivos militares y fortalecimiento de mecanismos de justicia transicional. La versión revisada elimina casi todos esos elementos específicos y opta por formulaciones más generales relacionadas con seguridad ciudadana, justicia eficaz y fortalecimiento institucional. Se conserva el objetivo, pero desaparecen los elementos potencialmente más polarizantes buscando, mañosamente, ubicarse más cerca del centro que de la extrema izquierda.

En materia de derechos y reconocimiento social también se observa una reducción importante. El documento original desarrollaba ampliamente temas vinculados con plurinacionalidad, pueblos indígenas, población LGTBIQ+, memoria histórica y reparación por conflictos políticos. En el plan revisado, esos contenidos se sintetizan bajo fórmulas amplias de igualdad, inclusión y derechos sociales, reduciendo considerablemente el nivel de detalle político e identitario.

No obstante, el nuevo documento incorpora un elemento que el plan original tenía poco desarrollado: metas cuantificables y orientación hacia resultados. La inclusión de indicadores de pobreza, educación, salud, informalidad laboral y energías renovables dota al plan revisado de una apariencia más ejecutiva y técnicamente defendible. Esto sugiere un esfuerzo deliberado por transformar un documento de alta densidad ideológica en una propuesta más apta para la competencia electoral y el debate público.

En términos globales, el cambio entre ambos planes puede resumirse como una transición desde un programa ideológico-transformador hacia un programa pragmático-desarrollista. El núcleo social y económico permanece relativamente intacto, especialmente la defensa de un Estado fuerte, descentralizador y orientado al bienestar; sin embargo, se reduce de manera significativa la carga doctrinaria, confrontacional y refundacional.

La estimación comparativa permite concluir que existe aproximadamente una reducción textual cercana al 85%, una desestimación programática efectiva de entre 45% y 55%, y una moderación ideológica del orden de 60% a 70%. Dicho de otro modo, el nuevo plan no abandona completamente el original, pero sí lo reconfigura profundamente para hacerlo más moderado, menos polarizante y políticamente más presentable ante un electorado amplio.

En consecuencia, el plan revisado debe entenderse menos como un reemplazo del programa original y más como una versión electoralmente adaptada del mismo, donde el proyecto político central permanece, aunque expresado mediante un lenguaje más técnico, pragmático y orientado a resultados.

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Análisis crítico del Plan de Gobierno 2026-2031 de Juntos por el Perú: Tensiones constitucionales y riesgos macroeconómicos

 1. Introducción: Transparencia y acceso a la información

La Ley de Organizaciones Políticas (Nº 28094) establece la obligatoriedad de que las organizaciones políticas presenten y publiquen sus planes de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este requisito es fundamental para el ejercicio de un voto informado. No obstante, al intentar acceder al plan de la organización política "Juntos por el Perú" (JP) a través de canales oficiales, se observa una falta de visibilidad directa en su plataforma web. Ante esta opacidad, el presente análisis se ha estructurado a partir de la información proporcionada por el aplicativo oficial del JNE (“Chat con el Plan de Gobierno”), el cual sintetiza la propuesta programática de dicha agrupación para el período 2026-2031.

2. El conflicto constitucional: ¿Orientar o conducir?

El núcleo de la propuesta de JP representa una ruptura con el paradigma constitucional vigente. El ideario de la organización plantea que el Estado debe "recuperar la capacidad de conducir el desarrollo nacional". Esta terminología no es menor; implica una diferencia sustancial con el marco constitucional actual.

El Artículo 58º de la Constitución Política del Perú establece que el Estado tiene la función de orientar el desarrollo del país, actuando de manera subsidiaria. La distinción semántica y práctica es crítica: mientras que "orientar" implica la facilitación, regulación y promoción de un entorno favorable para el desarrollo, "conducir" denota una asunción del control directo, asumiendo la responsabilidad y la gestión operativa de los procesos productivos.

Esta visión de "conducción" contraviene la esencia del Artículo 60º constitucional, que limita la actividad empresarial del Estado a supuestos de subsidiariedad, bajo autorización de ley expresa y únicamente por razones de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. La pretensión de JP de reservar la gestión directa de recursos energéticos y estratégicos (gas, petróleo, agua, puertos, entre otros) parece ignorar estas restricciones constitucionales, proponiendo un modelo de gestión estatal centralizada que la historia económica nacional (especialmente durante la década de los 70 e inicios de los 80) ya demostró ser ineficaz.

3. Implicancias económicas y riesgos estructurales

El Plan de Gobierno de JP presenta un conjunto de metas —aproximadamente 35 — que, de implementarse, alterarían profundamente la estabilidad macroeconómica del país. Entre las propuestas más disruptivas destacan:

·         Política Fiscal y Tributaria: Se plantea elevar la presión tributaria al 25% del PBI, eliminar la totalidad de las exoneraciones tributarias (calificándolas de regresivas) e incrementar las regalías minero-energéticas en un 20%.

·         Intervencionismo Productivo: Se propone metas de control estatal sobre el 100% de los insumos y el 60% del oro producido por cooperativas mineras, además de someter el 100% de la producción de estas cooperativas a fiscalización estatal.

·         Gestión de Recursos y Concesiones: Se busca extinguir el modelo actual de concesiones, reduciendo plazos de 30 a 5 años y forzando la reversión de concesiones al control estatal.

Estas medidas, bajo una óptica técnica, presentan serios riesgos. La pretensión de aumentar la presión tributaria en un contexto de potencial fuga de capitales —derivada de la inseguridad jurídica que genera la renegociación unilateral de contratos— podría resultar en una contracción de la base imponible. Si la inversión privada, especialmente en minería, se reduce ante la incertidumbre, la recaudación fiscal caería, comprometiendo la sostenibilidad de los programas sociales que el propio plan promete financiar.

4. La paradoja de la capacidad estatal

Uno de los puntos más críticos del plan es la contradicción entre la ambición de control estatal y la realidad administrativa. El documento aboga por una mayor intervención en sectores estratégicos, pero omite un diagnóstico realista sobre la capacidad real de ejecución del aparato público.

Con más de 2.500 obras paralizadas a nivel nacional —principalmente bajo gestión de gobiernos subnacionales—, la propuesta de entregar mayor control de recursos a un Estado con evidentes deficiencias técnicas y problemas de corrupción sistémica resulta, cuando menos, contraproducente. La historia reciente, marcada por el fracaso de las empresas estatales creadas en los años 70 y su posterior desmantelamiento tras la crisis hiperinflacionaria, sirve como advertencia sobre los peligros de sobredimensionar el aparato empresarial del Estado sin contar con mecanismos de gestión eficiente y meritocrática.

5. Conclusión: Un manifiesto ideológico frente a la realidad técnica

El Plan de Gobierno de Juntos por el Perú para el período 2026-2031 se configura más como una declaración de principios ideológicos que como una hoja de ruta técnica viable. Si bien logra visibilizar demandas legítimas de sectores vulnerables y comunidades postergadas, su propuesta económica sufre de una desconexión fundamental con la realidad macroeconómica y el marco constitucional peruano.

La implementación de este modelo, caracterizado por un sesgo intervencionista, la renegociación unilateral de tratados y el control estatal de sectores estratégicos, no garantiza la prosperidad de los sectores que pretenden proteger. Por el contrario, al erosionar la seguridad jurídica, debilitar la inversión privada y sobrecargar un aparato estatal con limitaciones crónicas de gestión, el plan corre el riesgo de generar un estancamiento económico que terminaría afectando, paradójicamente, el bienestar social que se busca promover. En última instancia, la propuesta parece ignorar que el desarrollo nacional requiere un Estado robusto en su capacidad regulatoria y fiscalizadora, no necesariamente en su rol de empresario directo.