Al asumir las riendas del nuevo gobierno, el presidente Pedro Castillo anunció: “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”. Estas nueva exigencia para los proyectos de minería o hidrocarburos podría abrir las puertas a importantes avances en la prevención o solución de conflictos sociales, pero también a nuevos riesgos, según dos analistas consultados para esta publicación.
“Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social. Esto significa que todo proyecto debe contribuir a dinamizar la economía local, regional y nacional; incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante; y mejorar las condiciones y salarios”, dijo en su primer mensaje a la Nación.
Al respecto, Aurelio Ochoa Alencastre, experto en temas energéticos, consideró saludable la postura del mandatario, porque anuncia una nueva forma de encarar los conflictos sociales en torno a estos proyectos de inversión, muchos de los cuales pueden permanecer sin solución durante años.
El especialista sostuvo que la rentabilidad social debe abordarse desde dos aspectos: el cuidado medioambiental y la distribución de la renta.
Por un lado, el cuidado medioambiental debe estar ligado a los intereses de la población que se encuentra en los alrededores de una operación minera, petrolera o pesquera, recordó.
En segundo lugar, Ochoa Alencastre opinó que debe hacerse una revisión de la forma en que se distribuye el canon, porque “pocas veces ha llegado a las comunidades originarias”. En este sentido, señaló que el Perú podría seguir los pasos dados por Colombia en el 2011, cuando dicho país modificó su Constitución, para que las regalías mineras se distribuyan entre la población de zonas con recursos naturales y la de zonas que carecen de ellos.
Para lograr estos cambios y a la vez prevenir los conflictos sociales que generan pérdidas económicas, e incluso a veces de vidas humanas, el experto consideró clave que el Gobierno se valga de la experiencia de la Defensoría del Pueblo y solicite la asesoría de los colegios profesionales vinculados con estos temas.
“Se debe avanzar de la mano de la Defensoría, que ha trabajado en ello todos estos años, para lograr lo que llamamos licencia social de los proyectos. La PCM tiene una oficina para afrontar los conflictos cuando estos ya se han generado, pero no hay trabajo de previsión. La Defensoría los ve venir desde antes, porque tiene más experiencia”, dijo a gestion.pe.
Por otra parte, César Bedón, especialista en temas energéticos, advirtió que un gran riesgo consiste en priorizar la “rentabilidad social” de un proyecto por encima de su rentabilidad económica.
“La rentabilidad social a la que se alude es una forma engañosa de anteponer el beneficio social al beneficio económico. Es riesgosa una política basada en privilegiar la rentabilidad social, independientemente de que económicamente se trate de un elefante blanco que solo produce pérdidas económicas y cuya rentabilidad social es prácticamente nula o difícil de comprobar”, indicó.
Citó como ejemplo el Gasoducto del Sur o la Carretera Bioceánica, obras que fueron ejecutadas “con la falsa justificación del beneficio social”. Como el sector privado no puede operar con pérdida económica, señala, el Estado asume la administración de las mismas, lo que genera pérdidas económicas en el afán de obtener una falsa rentabilidad social.
Fuente: Gestión
