El Presidente electo ha anunciado que el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), será el Ing. Carlos Herrera Descalzi, ex Ministro del mismo Sector durante el Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua y uno de los más críticos de los contratos por el gas de Camisea quien, de seguro, es quien ha asesorado al electo Presidente sobre las peculiaridades del negocio y, principalmente, como salir del problemón en que se ha metido al prometer bajar el precio del balón de 10 Kgs de GLP a 12 Nuevos Soles. Es algo de lo que no podrá escaparse en el mensaje y ojalá encuentre otra salida que supere la mera acción legalista o la de decir que no dijo lo que si dijo y aclarar cómo es la nuez.
He sugerido desde hace mucho tiempo y en reiteradas oportunidades, que nuestro país necesita elaborar una verdadera política de gas, que involucre tanto el gas natural como el GLP en todos sus usos y para costa, sierra y selva y no se mantenga un absurdo tratamiento discriminatorio a favor del gas natural, aún a sabiendas que los sectores menos favorecidos y las localidades rurales necesitan una propuesta de Estado para sustituir el consumo de combustibles sólidos para cocinar que no se la dará el gas natural. Esta y no otra debería ser la política a señalar para los próximos 5 años. Sin embargo se nota poca comprensión del tema (como confundir el gas natural vehicular con gas para cocina), y a la opinión pública se la lleva sesgada, equivocadamente, sin que propongamos como obtener provecho de nuestra privilegiada condición de excedentarios en gas natural y GLP.
El presidente se ha dirigido “fraternalmente” al consorcio Camisea para “recuperar” el Lote 88 para el consumo interno. Esperemos que no se tome políticamente esta recuperación (palabra que de seguro no estaría ausente en el discurso presidencial), como si fuera la nacionalización de la Brea y Pariñas. Las diferencias son enormes. Aquí es donde se percibe una seria preocupación de la industria originada por este supuesto “recupero” que generaría inestabilidad en la inversión pues se basa sólo en acciones legalistas. Sobre todo porque no encontramos que se quiere recuperar. Veamos porqué.
El contrato original del Lote 88, que es el que se reivindica para “recuperar”, señala en su cláusula 5.11 “El contratista tiene el derecho de exportar los hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y la obligación de abastecer la demanda de gas natural del mercado interno, conforme a las normas legales vigentes. La exportación de gas natural producido en el área de contrato se podrá realizar siempre que el abastecimiento del mercado interno para los siguientes veinte (20) años se encuentre garantizado, de acuerdo a los pronósticos de demanda de gas natural del país, publicados anualmente en el “Plan Referencial de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas”.
Poca atención hemos prestado a este detalle. Algunos han creído que cambiar 20 años de reservas permanentes por “para los siguientes 20 años” son cosas diferentes y se ahonda en una discusión política de la que no hay como salir.
La palabra oficial sobre la demanda nacional la tiene el MINEM, a quien le corresponde evaluarla permanentemente y publicarla por lo menos anualmente. Bastaría con que el MINEM cumpla anualmente con elaborar el pronóstico de demanda al que el Estado se ha comprometido para saber que cada año antes de exportar se cumple con tener 20 años de reservas teniendo en cuenta la oferta de todos los suministradores de gas natural y la demanda de todos los sectores.
El MINEM viene publicando planes referenciales (que no son Planes de Energía). El último disponible en la Web ha sido elaborado el año 2007 cubriendo hasta el año 2016 (debió cubrir hasta el 2027), lo cual debe merecer nuestra protesta, sobre todo porque el proyecto Camisea genera fondos suficientes para encargar su elaboración periódica.
Si se cumpliera anualmente con tener un pronóstico de demanda actualizado, que incluya lógicamente todos los requerimientos del país y cubra 20 años conforme se ha establecido se conocería oficialmente y de antemano si se puede exportar o no cada año. Y basta, ¿para qué tanta vuelta política o legalista si la solución ha sido prevista en el mismo contrato y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado?