martes, 29 de diciembre de 2015

El pesado crudo del 192

Creo que la noticia más impactante en la gestión petrolera del año que está por culminar ha sido la promulgación de la Ley N°30357 publicada el 6 de noviembre de 2015, por insistencia del Congreso de la República. Esta ley incorpora una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 referida a la modernización de la refinería de Talara y el fortalecimiento del gobierno corporativo de la empresa estatal Petroperú S.A. [1]

No es mi intención en esta oportunidad el análisis detallado de la norma y sus antecedentes, por lo demás observada con acierto por el Poder Ejecutivo y el dictamen de minoría suscrito solitariamente por el Congresista Javier Bedoya de Vivanco, igualmente válido. El transcurrir del tiempo incorporará a la historia de la industria petrolera esta desacertada decisión cuando desapasionadamente se revisen los antecedentes tenidos en cuenta o no para la promulgación de la Ley referida en pleno escenario pre electoral. Quiero referirme sí a algunos de los aspectos económicos y técnicos inexistentes en el proceso de aprobación de la Ley.

En el proyecto de ley N°4726/2015-CR presentado al Congreso de la República el 13-08-2015 y que da origen a la reforma legal, como iniciativa de la congresista Natalie Condori, se coloca como “Análisis del Costo-Beneficio del Proyecto de Ley: La propuesta no genera gasto alguno al erario  nacional, por el contrario al fortalecer la integración vertical de PETROPERÚ, permite que esta empresa se fortalezca económicamente y logre una mayor rentabilidad al Estado.”[2]. Nada de lo manifestado tiene sustento económico, simples declaraciones que los economistas llamamos normativas; ingenuidades como “…PETROPERÚ no tiene que desembolsar dinero (el subrayado es mío) para las aperturas de nuevos pozos en el Lote, porque puede buscar un inversionista privado bajo la modalidad de contrato de servicios, con el fin de recuperar rápidamente sus inversiones, pagar sus costos y tener una ganancia adecuada…” (Op.cit.).

La consabida fórmula “No genera gasto alguno al Estado” es utilizada, con el consabido abuso, en las iniciativas legislativas de nuestros congresistas. Se coloca así en el proyecto de ley N°4749/2015-CR de 4 páginas sobre la misma materia presentado el 25/08/2015 por el congresista Manuel Dammert. Lo que se esgrime principal y reiteradamente como justificación es que “El Lote 192 es el de mayor producción de petróleo en el Perú, ya que representa el 17% de la producción total del país, está ubicado en la Amazonía (en la parte norte del país) y es explotado por Pluspetrol desde hace 15 años…(2)

No he encontrado en la revisión hecha de los antecedentes de la Ley N°30357 ningún comentario sobre la calidad del crudo del Lote 192 y, si algo se presenta, es la cita recortada y creo que mal interpretada de párrafos del estudio de Wood Mackenzie[3] cuyo texto íntegro no está disponible para el común de los peruanos.

El dictamen en mayoría de la Comisión de Energía y Minas del 30 de septiembre de 2015 indica sin mayor sustento que “La Refinería de Talara una vez modernizada estará en condiciones de tratar el crudo pesado del Lote 192 obteniendo mayores rendimientos con una alta cuota de diesel y otros derivados.”

No se ha mencionado que la producción de petróleo pesado genera elevados costos, enormes dificultades operativas y consecuentes reducidas opciones de extracción. Consideremos también que en adición a la utilización de productos químicos reductores de viscosidad deben emplearse grandes volúmenes de agua que posteriormente deben ser reinyectados a los pozos. Todo esto en un escenario de precios del petróleo a la baja.

El Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 9 de septiembre de 2015 y que ha sido utilizado en el debate parlamentario valoriza las reservas del Lote 192 “en un escenario conservador de precios promedio de US$50 el barril[4]. El precio mínimo del crudo WTI (el de mayor calidad), en los últimos 12 meses ha sido de 40.28 USD/Barril; igualmente, un precio de escenario pesimista, que no debe dejarse de lado, es el de la consultora IHS que señala 31 USD/Barril para el crudo de dicho Lote, precio con el que el proyecto ocasiona un VAN (Valor actual neto) al 10% negativo en 78.3 millones de USD.

Mi principal observación a este comunicado del CIP es que no se refiere a la utilidad que se obtendría por cada barril para la valorización correspondiente, pues no se descuentan los costos de tratamiento y transporte del crudo pesado. Tampoco se detalla sobre la calidad del petróleo del referido Lote.
En búsqueda de esta información he revisado las características de calidad del petróleo que publica Perupetro S.A. en su memoria del año 2014 para los diferentes lotes en operación. Incorpora 3 indicadores como son la calidad API, el contenido porcentual de agua y sedimentos así como el contenido de sal en libras por cada 1,000 barriles de crudo neto (PTB).

Calidad API

La densidad de grados API consiste en una unidad de densidad establecida por el Instituto Americano del Petróleo (API). Según la escala API, cuanto mayor es el índice, es menor la densidad del crudo. La mayoría de los crudos se encuentran entre los 27 y 40 grados API; crudos con valores inferiores a 27 grados API se consideran pesados y aquellos por sobre los 40 grados API, livianos.

El crudo del Lote 192 tiene 18.1° de densidad API (crudo pesado), mientras en la zona de selva en que se ubica, el promedio llega a 29.9°. La cotización de los crudos depende en gran medida de esta propiedad. Es así como el crudo Napo (ecuatoriano) de viscosidad muy semejante a la del Lote 192 se cotiza en los últimos 30 días por debajo de los 30 US$/Barril, 10 USD/Barril menos que el WTI de 40°API. Noten lo lejos que se encuentra un precio medio real de 30 USD con relación al “escenario conservador” de precios de 50 USD/Barril usado en el comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú.


Agua y Sedimentos


Cito aquí el libro “El refino del petróleo[5]Algunos productos sólidos, insolubles en los hidrocarburos o en el agua, pueden ser arrastrados con el crudo. Estos productos, llamados sedimentos, son finas partículas de arena, barros de perforación, restos de rocas, metales bajo forma de minerales, o en estado libre como el hierro, el cobre, el plomo, el níquel, el vanadio… provenientes de la erosión de los oleoductos, de los tanques de almacenamiento, de las válvulas, o de cualquier otra tubería por la que pasa el crudo. La presencia de tales productos en los crudos es muy incómoda ya que pueden llegar a taponar las tuberías y deteriorar la calidad de los fueloil”. Desde el punto de vista económico el contenido de agua y sedimentos debe descontarse del precio por no ser hidrocarburos. El contenido de agua y sedimentos del crudo del Lote 192 es de 0.35%, el segundo más alto del Perú; debe tenerse en consideración que el promedio en los campos del nor oeste es de 0.21%

Contenido de sal

La presencia de sales minerales en los crudos plantea una serie de problemas durante el proceso de refinación. Estas sales se depositan en las tuberías, en los intercambiadores de calor disminuyendo su transferencia y en los tubos de los hornos favoreciéndose la formación de coque y la corrosión de los materiales.

El crudo del Lote 192 tiene un 8.8 de PTB. En refinerías complejas, como la que se plantea para Talara no se admiten contenidos superiores a 1 PTB para evitar daños a los catalizadores.

Como hemos visto, resumidamente, no se puede asignar rentabilidad económica tan sencillamente a la actividad de extracción de crudo del Lote 192, con precios sumamente optimistas que no tienen en cuenta los procesos adicionales a los que tiene que someterse para mejorar su densidad, reducir el contenido de agua y sedimentos así como su desalinización. Mucho cuidado también cuando se señala que el procesamiento de estos crudos pesados en la nueva refinería de Talara ocasionará “una alta cuota de diesel y otros derivados”. Ni siquiera la Web de Petroperú destaca esto como beneficios del proyecto pues se trata de crudos pesados.

Fuente: PERUPETRO S.A.




[1]         “Autorícese a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley. Una vez celebrado el respectivo contrato la empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias”. 
[2]       http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvir?OpenForm&Seq=1&Db=04726&View
[3]        Wood Mackenzie Ltd., filial de la empresa estadounidense de análisis de datos y evaluación de riesgos Verisk Analytics Inc., es un grupo global de consultoría e investigación, cuyos servicios incluyen la generación de datos, análisis y consultoría en los sectores de energía, metales y minería.
[4]        http://www.cip.org.pe/index.php/noticias/prensa-cip/item/764-pronunciamiento-lote-192.html
[5]          J.-P. Wauquier – Instituto Francés del Petróleo – Edición en español - Ediciones Díaz de Santos – Madrid - 2004

jueves, 11 de junio de 2015

Población Desocupada crece 23.9% en Lima Metropolitana en los últimos dos años

El último informe sobre la “Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana” publicado por el INEI [1] en mayo de 2015, nos trae la confirmación de uno de los efectos más nocivos del actual escenario peruano de retracción de la inversión privada; me refiero al desempleo o desocupación. Aunque lamentablemente el INEI no efectúa este informe mensual a nivel nacional, es de suponer que la situación de empleo en Lima es menos mala que la que pudiera estarse dando en provincias, con menor número de posibilidades de empleo.

Como referencia, la inversión privada en el Perú viene en caída libre en los últimos tres años, presentando un decremento real de -1.6% el año 2014 y de -3.9% anualizada al Ier Trimestre 2015.

El informe que comento sobre el mercado laboral de Lima, se refiere al trimestre móvil Febrero/Marzo/Abril, que es la forma como se calcula mensualmente a fin de minimizar el efecto estacional que pudiera darse.
Como se puede apreciar en la Tabla siguiente, anualmente la población en edad de trabajar crece en el Perú a un ritmo promedio de 1.8%, es decir que el año 2015 la población apta para trabajar se incrementó en 130.3 miles de personas.



 Frente a este crecimiento vegetativo de quienes están listos para trabajar, detallo que la Población Económicamente Activa ocupada tuvo más bien un descenso de 2.7 miles de trabajadores el 2015, cuando por lo contrario en los años anteriores se iba incrementando en cerca de 70 mil pobladores anuales.



Aunque el porcentaje de disminución del año 2015 frente al 2014 es de solo 0.1%, esta debe ser una señal de alerta de lo que a todas luces es un indicador del inicio de una baja sostenida del porcentaje de ocupación.
Los economistas, sin embargo, prestamos especial atención a la variable porcentaje de población desocupada o tasa de desempleo (paro), cuyo análisis reviste una especial consideración.
 

Este indicador confirma el año 2015 una preocupante e indeseada tendencia de crecimiento del desempleo de 1.2 puntos porcentuales desde el 2013 llegando a representar el presente año un 6.8%, luego del favorable período 2010/2013 en que se llegó a reducir hasta 5.6%. Esto implica que el número de personas de la PEA desocupadas se ha incrementado en los últimos dos años en 65.7 miles de personas o 23.9%.

 
Un país como el nuestro, en que los índices de violencia se indexan diariamente, tiene también como una variable explicativa el desempleo cada vez mayor en un escenario de carencia de soluciones de corto plazo.
No podríamos tampoco hablar con seriedad profesional de políticas de inclusión social[2] como se menciona en el Marco Macroeconómico Multianual 2016/2018 elaborado por el MEF, cuando no se menciona ni una sola vez en sus 138 páginas el problema del desempleo, ni la desocupación en el Perú.
 




[2] Lineamiento N°2 de Política Económica – Marco Macroeconómico Multianual 216-2018 “Mayor inclusión social: reducción de la pobreza, disminución de la inequidad, igualdad de oportunidades y mayor presencia y eficacia del Estado en las zonas rurales del país”

domingo, 19 de abril de 2015

Acerca de la mala calidad de las gasolinas peruanas

El Decreto Supremo N°009-2012-MINAM publicado en el diario oficial el 18-12-2012 modificó los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial peruana. La referida norma considera “…que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental…”. Considera además que “…en el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental se aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso…”

En virtud de dichos objetivos y de la gradualidad se estableció que a partir del 01/01/2016 empiecen a regir disminuciones en los efectos contaminantes de los combustibles comercializados en el país. Así, por ejemplo, para los vehículos de pasajeros con peso vehicular menor o igual a 2,500 Kgs y con menos de 6 asientos (es decir la gran mayoría), la norma técnica aplicada pasa de la Euro III a la Euro IV [1] como mínimo. Vale señalar que la norma Euro IV que deberá aplicarse en el Perú desde el 2016, fue aprobada el año 2005, es decir desde hace 10 años en Europa y viene siendo reemplazada desde el 2008/2009 por la Euro V. Esto significa que nuestro legislador ambiental (El Ministerio del Ambiente) fue excesivamente contemplativo cuando el año 2012 fijo para el Perú recién para el 2016 una norma Euro que ya había sido superada en Europa; esto, supongo por el principio de gradualidad, pero principalmente por la influencia de los productores locales.


En mi post del 29-11-2014 [2] señalé que el último World Fuel Charter (5ª Edición, Septiembre 2013), había introducido la categoría 5 para mercados con avanzadas exigencias de control de emisiones y ahorro de combustible, dentro de los cuales aún no nos encontramos en el Perú y que estas exigencias, por ejemplo, elevan el mínimo de octanaje de las gasolinas a 95 RON eliminando el octano 91 e igualmente mantienen como máxima tolerancia la presencia de hasta 5 ppm (mg/Kg) de Azufre. Mientras tanto nuestra obsoleta Norma Técnica Peruana [3] señala el doble como límite máximo de azufre en las gasolinas.

Por supuesto que las normas Euro son harto conocidas por las refinerías que operan en el Perú las que han tenido suficiente tiempo para modernizarse y lograr la reducción de contaminantes en sus combustibles o, en caso de no poder fabricarlos, realizar o permitir la importación de gasolinas de superior calidad.

Esta reducción favorable para el medio ambiente, qué duda cabe, en los casos de vehículos con encendido por chispa (bujía) obliga a disminuir el monóxido de carbono (CO), de 2.30 a 1.00 g/Km, los hidrocarburos de 0.20 a 0.10 g/Km y los óxidos de nitrógeno de 0.15 a 0.08 g/Km; de tratarse de vehículos a compresión la reducción del CO lleva de 0.64 a 0.50 g/Km, los hidrocarburos más óxidos nitrosos de 0.56 a 0.30 g/Km, el óxido nitroso de 0.50 a 0.25 g/Km y el material particulado de 0.05 a 0.025 g/Km. Tengamos en cuenta que estas exigencias se miden en el rendimiento real del vehículo en carretera en términos de kilometraje recorrido y no tanto en los valores de los laboratorios de refinerías.

Todo esto a raíz de lo que considero la noticia de la semana por la que la Asociación Automotriz del Perú informó [4] Se requiere con urgencia que los ministros de Transportes, Energía y Minas y del Ambiente hablen el mismo idioma. De lo contrario, los fabricantes de vehículos no podrán enviar [al Perú] los que cumplan la norma Euro IV porque nuestros combustibles les crearían graves problemas y tampoco podrían enviar los vehículos que cumplan con Euro III porque ya no podrían ingresar al estar vigente la norma Euro IV”. Esta declaración no ha tenido mayor rebote informativo, a pesar de la gravedad de la misma y que ya anteriormente  la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER) en su documento “Normas de Emisiones Vehiculares y Calidad de los Combustibles en el Perú[5] del 15-01-2014 había declarado que “… La tecnología vehicular, exigida por nuestro país, no es adecuadamente aprovechada debido a la mala calidad de las gasolinas, no alcanzándose las reducciones de emisiones previstas, con el consiguiente efecto negativo a la salud y al medio ambiente”.

Busque en la Web de nuestra empresa estatal, Petroperú, y no encontré ningún comentario sobre este problema. Busqué igualmente en la pestaña del proyecto de Modernización de la Refinería Talara y encuentro como supuesto beneficio del mismo que [6] Disminuirá el contenido de azufre en los combustibles. Producirá y comercializará combustibles con bajo contenido de azufre (50 partes por millón)” mientras que la Euro 4 como hemos visto exige la décima parte, 5 ppm de azufre; es decir que ni con la millonaria inversión en el proyecto habrá solución para este problema, por desgracia. Advierto igualmente que si se prorroga la obligación hasta el año 2017, sería esta acción un ejemplo más que los plazos se pueden alargar y alargar o pasarle el problema al próximo gobierno.

 






[1] La Norma Euro es una norma europea sobre emisiones con una serie requisitos técnicos que regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los Estados Miembros de la Unión Europea. Estas normas son cada vez más rígidas en defensa del medio ambiente
[2] “A propósito de la COP20: Publicidad de gasolinas” http://cbedonrocha.blogspot.com/2014_11_01_archive.html
[3] La NTP 321.102.2002 Gasolina uso Motor redujo a 1,000 ppm el contenido de azufre; pero es solamente referencial debido a la interpretación dada por el MINEM a la norma indicada en el punto anterior (ARAPER) 

domingo, 12 de abril de 2015

Desagradable saludo presidencial en el 50° aniversario de la Ley del Economista

La semana que culminó, más precisamente el miércoles 8 de abril 2015, se cumplieron 50 años de la promulgación por parte del Arq. Fernando Belaúnde Terry, Presidente Constitucional de la República, de la Ley del Economista N°15488 que dispone que en el Perú el ejercicio de la profesión de Economista queda reservado con efecto público y privado a las personas que tengan el correspondiente título profesional.

Profesión joven la nuestra que motivó del Ing. Econ. Luis Felipe De Las Casas Grieve (1916 – 1988) [1] el señalar que “Hasta hace poco los economistas éramos profesionalmente desconocidos. Entre los  pocos titulados que se graduaron sin complejos de inferioridad, pero con reservas, fuimos tomados a menos tanto en la mayoría de los países de América latina como particularmente en el Perú. Especialmente por el Estado, los gobernantes y las empresas; en relación y contraste con los profesionales de las llamadas carreras tradicionales”.

De Las Casas se sentiría igualmente defraudado hoy, si desde el Oriente Eterno escuchara al Presidente del Perú Ollanta Humala Tasso referirse, como desaforadamente lo hizo, al colega Economista Luis Carranza Ugarte que fuera Ministro de Economía y Finanzas del Perú, entre el 28 de julio de 2006 y el 14 de julio de 2008 y del 19 de enero de 2009 hasta el 21 de diciembre de 2009 e igualmente Vice Ministro de Hacienda en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski como Ministro de Energía y Minas en el gobierno del Presidente Econ. Alejandro Toledo.

Dijo nuestro Presidente [2] al referirse al ex Ministro Carranza que “Ese economista pertenece a un partido político, hay que saber quién le paga su sueldo, porque lo que está hablando es una barbaridad. Nosotros hemos sido muy pulcros en tener los programas sociales”

Sólo por curiosidad ingresé a la página Web del Jurado Nacional de Elecciones para verificar si el Econ. Carranza se encontraba registrado como afiliado o candidato de alguna organización partidaria al 12/4/15, no encontrándose en tal condición en ninguno de los casos. Y no es que la afiliación política me parezca un pecado sino solo para investigar si se trataba de la desinformación presidencial a que nos tiene acostumbrados nuestro primer mandatario.

Extraigo aquí algo de la información proporcionada por Wikipedia sobre la gestión del Econ. Carranza lo que permitiría valorar su manejo profesional:
“… Durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski hizo una gestión considerada por muchos como excelente… Como Ministro de Economía y Finanzas integró el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García Pérez. Carranza fue alabado por Lourdes Flores, lideresa de Unidad Nacional, quien calificó su nombramiento como "extraordinario"… Tanto durante el 2006 y 2007, Carranza desarrolló e implementó diversas reformas, a nivel presupuestario como a nivel tributario. Reformuló el presupuesto público del Perú, frenando crecimiento del gasto corriente (sueldos y salarios) e incrementando de forma sustancial la inversión pública (50% en el 2007)… eliminó de manera dramática los derechos arancelarios, llevando al Perú a una tasa efectiva promedio del 2.5%, posicionando al Perú como una de las economías más abiertas de la región, y con más del 80% de su universo arancelario desgravado. Reforzó la descentralización de recursos, depositando anticipadamente los derechos de canon a los gobiernos regionales, y realizó cambios en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar los procesos de inversión en infraestructura. Eliminó históricas exoneraciones geográficas en la selva, amplió los regímenes de devolución de IGV anticipado a todos los sectores económicos, y eliminó la exoneración del impuesto a la renta para las ganancias de capital, entre otras medidas. Por el lado de la deuda pública, inició agresivos procesos de reestructuración y pre-pago de deuda externa por un equivalente al 5% del PBI. Durante su gestión, el Perú consiguió reiterados años consecutivos de crecimientos sumamente altos y con baja inflación. En el 2006, creció 7.6%, con una inflación del 1%. En el 2007, según lo anunciado por el Ministerio de Economía y diversos analistas, el Perú creció un 8.3%, con una inflación del 3.9% y en el 2008 Perú creció un 9.8%, con una inflación de un 4.5%... Luis Carranza Ugarte fue calificado por la revista América Economía como el mejor Ministro de Economía de la región latinoamericana, en su edición de noviembre de 2007, donde figuró en la portada… Según diversos estudios del Banco Central de Reserva del Perú, el FMI y el Banco Mundial, las reformas y medidas implementadas por Carranza durante sus dos gestiones permitirían a Perú mantener una década de alto crecimiento, sustentado en sólidos fundamentos productivos”

Considero que la arremetida del Sr. Presidente contra el Econ. Carranza tiene mucho que ver con la entrevista de la periodista Mariella Balbi publicada por El Comercio el 4/4/15 [3], así como en diversas otras declaraciones de Economía positiva en las que Carranza resalta la catastrófica gestión económica del presente gobierno, que pretende ahora desconocer que el crecimiento económico es base fundamental e imprescindible para la ejecución de programas sociales.

Parte de la entrevista de la periodista Mariella Balbi:
— ¿El nuevo primer ministro podrá remontar nuestra alicaída economía?
No. La caída de nuestra economía viene de antes. El crecimiento se desacelera desde el 2013. La confianza de los inversionistas y el  crecimiento de la inversión privada cayeron en el gobierno de Ollanta Humala. Entre el 2006-2011, la inversión privada creció con un promedio anual mayor a 15%, y la inversión pública creció cerca de 16%. Lamentablemente, en el 2014 la inversión privada cayó 1,5% y la pública en 3,6%. Una contracción fuerte. Esto se explica por varios factores: el discurso contradictorio del presidente Humala, las trabas a la inversión, el exceso de multas, la sobrerregulación, la ineficiencia del Ejecutivo para aprobar proyectos de infraestructura y darles viabilidad.
— ¿Desde el inicio, el gobierno tenía un objetivo electoral, sin importarle el país?
Todo indica que desde el inicio el objetivo fundamental era político-electoral. Las acciones tomadas no buscaron generar un mayor crecimiento. Lo descubierto en la DINI, el uso de los programas sociales, querer comprar una refinería privada, la confrontación, tratar de destruir a los adversarios políticos apuntan a ello [4]
— ¿Este gobierno nunca logró generar confianza?
Nunca. Siempre tuvo un discurso de confrontación. El rol de dirigir un país requiere aglutinar fuerzas, conducirlas, que todos empujen en la misma dirección. Desgraciadamente, ha ocurrido lo inverso. Estamos pagando las consecuencias de esa forma de hacer política.
— ¿Por qué el inversionista no tiene confianza en el gobierno?
Por el discurso confrontacional, inconsistente. Porque no se abrevian los permisos y las aprobaciones demoran. Los costos de invertir han subido significativamente en el Perú. El Estado no es eficiente en hacer respetar contratos y derechos de propiedad.

No he visto en nuestro país ninguna declaración de nuestro Colegio profesional protestando por este evidente maltrato a la profesión (no interesa si el atacado sea o no colegiado) y que viene desde el más alto nivel de la administración pública y por ello me siento obligado a denunciarlo pues no es posible que señale muy suelto de huesos que nuestra opinión profesional está sujeta a quien nos pague el sueldo.

Será por esto y otras cosas semejantes que el Presidente Ollanta Humala ocupa el último lugar en el índice de popularidad de los mandatarios latinoamericanos [5] con un 22% que lo ubica por debajo incluso de Christina Kirchner (Argentina) con 35%, Dilma Rousseff (Brasil) con 23% y Nicolás Maduro (Venezuela), también con 23%.

Igual vendemos el bacín de la abuela, como las joyas de la Tía María


Comparto con mis alumnos del curso de Economía, en la Facultad de Comunicaciones de UPC, el análisis de diversas notas de prensa y/o comunicaciones de actualidad que tienen que ver con aspectos económicos de nuestro país. Así, vimos hace poco el conflicto surgido en el proyecto minero Tía María, en el Valle del Tambo, Departamento de Arequipa, a raíz de una declaración oficial muy seria, nada menos que del Director de Relaciones Institucionales de SPCC – Southern Peru Copper Corporation, Julio Morriberón (arequipeño él), a través de RPP TV [1] y la respuesta a medios dada casi de inmediato por la misma empresa mediante Nota de Prensa el 27/3/15, con las campanadas de falso júbilo de nuestro alicaído gobierno.
 
Las declaraciones no provienen de “un funcionario de la empresa”, como malamente afirmó SPCC en su afán de quedar bien con el gobierno. No se trata de cualquier funcionario sino de un Director, en este caso el responsable de las relaciones de comunicación de la empresa; tampoco son declaraciones improvisadas, pues éstas fueron leídas por el alto funcionario en la entrevista televisada en el medio de mayor sintonía en el Perú y de seguro correspondieron a un análisis previo y meticuloso como lo debe hacer cualquier empresa que lista en las bolsas de valores de Lima y Nueva York.


No es SPCC una empresa poco significativa, sino nada menos que una de las mayores productoras de cobre de nuestro país, que además funde el 100% de nuestro mineral y refina el 96.9% del mismo, con una de las también mayores reservas de cobre de la industria, con actividades de exploración en Argentina, Chile [2], Ecuador, México, países todos con los que competimos por atraer inversión y que de seguro saltarán de alegría ante el anuncio que SPCC cancela Tía María y se va de Arequipa con los 1,400 millones de USD que significaría la inversión en el proyecto dejando atrás 5 años de trabajo y con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el 1/8/14.

Vale recordar que Tía María, con una vida útil estimada de 18 años, permitiría elevar la producción de SPCC en 120 mil Toneladas anuales de cobre (un incremento de 8.7% de la producción actual peruana), en un escenario complicado en que el Perú aspira a convertirse en el segundo mayor productor de cobre mundial el año 2016 [3], año en cuyo cuarto trimestre se esperaba entre en operación el Proyecto.

El sustento de la decisión de SPCC por supuesto que no le causó ninguna gracia al gobierno peruano, pues se resume en dos hechos que la empresa denuncia al país, cuales son la arremetida total de un nuevo tipo de terrorismo, el “terrorismo anti minero” así como la parálisis del Estado peruano en su rol de promoción de las inversiones y de dar las garantías necesarias para ponerse en marcha. Nada más y nada menos que poner en blanco y negro lo que todos señalamos diariamente pero que esta vez lo señala ante el mundo la empresa que ocupa el tercer lugar en la producción mundial de cobre.

Fuente: El Comercio
Hasta aquí lo expresado por el representante oficial de SPCC corresponde a la intención empresarial, conforme señalan, de “no hacerle el juego a las postergaciones eternas que vienen ya afectando a otros proyectos”. Que la información debió darla la empresa primero a la Bolsa de Valores de Lima, es un tema que ahora se esgrime con amenaza de sanción aunque yo señalo que la conducta del gobierno peruano es un asunto de dominio público y que no escapa a ningún inversionista actual o potencial, en este caso del sector minero peruano. Por supuesto que todos ellos tienen en claro que la inversión en exploración minera en el Perú ha caído 22.6% el año 2014, luego de una estrepitosa disminución de 30.3% el año 2013. Solo la Ministra de Energía y Minas podría declarar que Estamos sorprendidos por el anuncio”.

La Nota de Prensa aclaratoria de SPCC maltrata a su Director y en realidad no aclara nada pues solo indica que “continuará con sus mayores esfuerzos para sacar adelante el proyecto” amén de algunas invocaciones. En ningún caso niegan su percepción del terrorismo anti minero ni de la parálisis del Estado peruano, aspectos sumamente importantes en el mercado mundial ante los cuales nuestro país queda muy maltratado. Por su parte nuestro Presidente parece no haber dimensionado bien este problema y anda pensando en la “jauría de congresistas”. ¿Por qué, a escasos meses para que termine su mandato, nuestro Presidente constitucional no sale personalmente al frente del terrorismo anti minero y se la juega (alguna vez), por la inversión?