La nota oficial de la agencia de
noticias Andina del 23-03-12 da cuenta que el Congreso aprobó el proyecto de
ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Esta ley, aún no publicada,
corresponde a un texto sustitutorio al originalmente presentado por el
Ejecutivo el 07-03-12 con el carácter de urgente y sobre el cual comentamos en
nuestros post del 11-03-12 “El FISE no es el FOSE”
y “El contrabando de los balones de GLP en el FISE”.
La aprobación del proyecto obtuvo 80 votos a favor y tres abstenciones y fue
exonerado del trámite de segunda votación.
El proyecto sustitutorio
insiste en declarar que las redes de ductos e instalaciones de almacenamiento
son consideradas estratégicas por el Estado y serán reglamentadas por el
Ministerio de Energía y Minas. Aquí se colarán de seguro el gasoducto
Pisco/Lurín, las facilidades de descarga y almacenamiento de GLP a cargo de
Petroperú S.A., el gasoducto del sur y quizá hasta el gasoducto virtual para
llevar gas natural licuado a las localidades sureñas, proyecto en el que se
embarcaría también la petrolera estatal en asociación con Repsol YPF.
Esperemos que estas
inversiones no sean exoneradas del SNIP a fin de garantizar su rentabilidad
económico/social, aunque esto quizá suene a una opinión disparatada, conforme están
las cosas en nuestro país.
El financiamiento para este
sistema de seguridad provendrá de transferencias mensuales que harán los
productores e importadores como un cargo
tarifario por el transporte de productos líquidos derivados de los
hidrocarburos y líquidos del gas natural, cuando se cuente con la infraestructura
necesaria que entregaría en concesión Proinversión. Esta parte de la Ley no
está muy clara y el reglamento comprometido podría aclarar en algo el tema,
entre otros aspectos, la no definición del cargo
tarifario. Sin embargo, no está demás tener presente que el Art. 76° de la
Constitución ordena que “Las obras y adquisición de suministros con utilización de fondos o
recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación
pública, así como también la adquisición o enajenación de bienes”, caso en el que se
incluyen los recursos obtenidos por este cargo.
Por su parte el
financiamiento del FISE se señala en el Art. 4° de la ley que será, entre
otros, un recargo al transporte por
ducto de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos del gas
natural equivalente a 1 USD por barril (en el caso del GLP en balones de 10 Kgs
esto equivale a un mayor costo de 0.37 Nuevos Soles).
Llama poderosamente la
atención que el Ejecutivo llame eufemísticamente cargos y recargos a lo
que en realidad vienen a ser impuestos. Igualmente preocupa que la norma sólo
haya considerado afectos a estos impuestos a los líquidos del gas natural transportados
por ductos (De Camisea a Pisco), y no el que se transporta por Buque/Tanque
(Talara/Callao, Pisco/Callao), o el que se vende directamente en las
instalaciones de las refinerías y Plantas de Separación. Este recargo vendría a
constituirse de esta manera en un impuesto discriminatorio y confiscatorio, lo
cual podría volverlo inconstitucional. Adicionalmente ocasiona una competencia
desleal sancionada por la Ley de Libre Competencia, si tenemos en cuenta que en
el mercado compiten el GLP derivado del Gas Natural y transportado por ductos,
como el obtenido en refinerías. Afectar a sólo alguno de ellos sería motivo de
una reclamación legal, teniendo en cuenta además la garantía de estabilidad
tributaria de que gozan los concesionarios.
Aquí no debe descuidarse que
los precios del GLP en el mercado interno son calculados a partir de la paridad
de exportación y no incluyen, como es lógico en la teoría de paridad, impuestos
de este tipo. Como referencia, sólo en el mes de enero 2012 el volumen
producido (y transportado), por Pluspetrol fue de 2.0 millones de barriles de
líquidos del gas natural, entre GLP, Gasolina Natural y Diesel que
significarían según la Ley aprobada un impuesto de 2.0 millones de USD
mensuales aplicables exclusivamente a la producción de Camisea.
Tengamos en cuenta también
que el Art. 103° de la Constitución indica que pueden expedirse leyes
especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de
las diferencias de las personas. Igualmente no podemos olvidar que el Art. 74°
señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los
principios de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona y
que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.
Menudo problema el que trae
aparejado esta apresurada medida.
1 comentario:
me gustaria mucho saber sobre la politica petrolera pues yo soy un tecnico queria saber de profesionales que trabajan en este sector
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