El gobierno peruano ha presentado al Congreso
de la República el 07 del presente con el N°862-2011-PE y con reclamado trámite
urgente, un proyecto de ley proponiendo crear el Sistema de Seguridad
Energética (¿SISE?), que “permitirá dotar de infraestructura requerida
para brindar seguridad al sistema energético, el mismo que comprende los ductos
e instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por el Estado para asegurar el abastecimiento de
combustibles al país” (el énfasis es mío).
Adicionalmente el proyecto propone la creación
del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), “como un sistema de compensación
energética, que permita brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de
compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables
de la población”. Como vemos en ambos casos se
privilegia la “seguridad del sistema energético”,
escondiéndose en este concepto tan general y nada sustentado, una serie de
proyectos de inversión de no demostrada rentabilidad económica, usándose como
pretexto un esquema de compensación social para el consumo de GLP, el mismo que
consistiría en un descuento temporal que determinaría OSINERGMIN para la venta
exclusiva en balones de hasta 10 Kgs para el acceso a los usuarios de los “sectores
vulnerables”. Una invitación abierta además a trocar el
uso de balones de 45 por otros de 10 Kgs, a la ecuatoriana.
El tema de la “seguridad
energética” que se introduce de contrabando al tratar del subsidio, debería
ser entendido como la capacidad del Perú para satisfacer su demanda de energía
con oportunidad, precios adecuados, y suficiencia ahora y en el futuro. Más
allá de eso, introducir la inversión e intervención estatal es algo no acordado,
ni constitucionalmente permitido. Seguridad energética no es inclusión social.
¿Seguridad energética? ¿Para quién? ¿Para los más necesitados?
Al
parecer no se tendría temor en señalar que construir ductos e instalaciones de
almacenamiento se considere “estratégico”
por el Estado, al más puro estilo sesentista tomando como pretexto “asegurar”
el abastecimiento de combustibles al país. Recordemos que ya en la Argentina
del 2003 se hablaba de “La dimensión social
del abastecimiento energético (la energía como un derecho a la inclusión
social)” y que ésta “debe
ser de primera prioridad para el Estado”[1].
En otro caso, uno de los objetivos de PDVSA es el de “Garantizar la seguridad energética, incluyendo el suministro doméstico
de combustible”. Por ello urge en nuestro país que
junto con una propuesta de cargas impositivas y de millonarias inversiones
estatales se defina adecuadamente que es lo que vamos a entender por “seguridad
energética” o ¿Pretenden que así no más porque si nos
traguemos este sapo?
Equivocadamente
se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley que comentamos, que
la experiencia del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) ha servido de
inspiración al FISE, lo cual está muy lejos de serlo. El Artículo 1° de la Ley
N° 27510, creó el FOSE para favorecer el acceso y la permanencia del servicio
eléctrico a todos los usuarios residenciales del servicio público de
electricidad, cuyos consumos mensuales sean menores a 100 kW.h, comprendidos dentro
de la opción tarifaria BT5. En el FOSE
los consumidores de mayor consumo cubren una parte de la facturación a
los de menos consumo. Eso es un subsidio cruzado, sin costo para el Estado; Así,
por ejemplo, en febrero 2012 el consumo de 1KW/h promedio tenía los siguientes
costos para los usuarios domiciliarios, sistema muy distinto al que se
aplicaría en el caso del GLP:
Tipo de Tarifa
|
Nuevos Soles Mensuales
|
Nuevos Soles Promedio por Kilowatt
Hora
|
Número Índice
|
Tarifa Electricidad Social – 30 KW/h
|
12.16
|
0.4053
|
92.2
|
Tarifa Eléctrica Doméstica – 100 Kw/h
|
41.19
|
0.4119
|
93.7
|
Tarifa Eléctrica Doméstica – 180 Kw/h
|
79.16
|
0.4398
|
100.0
|
Fuente:
INEI
|
|||
Un tema más que
llama la atención en la ”exposición de motivos”
del proyecto, suscrita por el Presidente de la República y el Presidente del
Consejo de Ministros es señalar, con injusticia que los beneficios del Gas de
Camisea “no han sido percibidos en forma directa por todos los ciudadanos”,
obviando los beneficios de un precio de GLP estable, de la incorporación del
GNV y GLP automotor a la matriz energética, así como de los casi tres mil
quinientos millones de USD recibidos por regalías o de los beneficios a la Región
Cusco que recibe diariamente 4.4 millones de nuevos Soles por el mismo
concepto.
Agreguémosle una barbaridad que no tiene
justificación en esta propuesta del Ejecutivo. Se afirma que “el
crecimiento económico registrado en los últimos años redujo la pobreza pero a
su vez incrementó la desigualdad económica en la población”.
Un poco más y salen en manifestación.
El subsidio al GLP no requiere de grandes
inversiones, es de urgencia y puede resolverse casi de inmediato, sin que
medien concursos de obras, sino de plantear adecuadamente un buen sistema con mucha
sensibilidad social y sin aprovecharse para pasar de contrabando ineficiencias
al mercado que se traducirán en mayores costos.
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