domingo, 11 de marzo de 2012

El FISE no es el FOSE

El gobierno peruano ha presentado al Congreso de la República el 07 del presente con el N°862-2011-PE y con reclamado trámite urgente, un proyecto de ley proponiendo crear el Sistema de Seguridad Energética (¿SISE?), que “permitirá dotar de infraestructura requerida para brindar seguridad al sistema energético, el mismo que comprende los ductos e instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por el Estado para asegurar el abastecimiento de combustibles al país” (el énfasis es mío).
Adicionalmente el proyecto propone la creación del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), “como un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables de la población”. Como vemos en ambos casos se privilegia la “seguridad del sistema energético”, escondiéndose en este concepto tan general y nada sustentado, una serie de proyectos de inversión de no demostrada rentabilidad económica, usándose como pretexto un esquema de compensación social para el consumo de GLP, el mismo que consistiría en un descuento temporal que determinaría OSINERGMIN para la venta exclusiva en balones de hasta 10 Kgs para el acceso a los usuarios de los “sectores vulnerables”. Una invitación abierta además a trocar el uso de balones de 45 por otros de 10 Kgs, a la ecuatoriana.
El tema de la “seguridad energética” que se introduce de contrabando al tratar del subsidio, debería ser entendido como la capacidad del Perú para satisfacer su demanda de energía con oportunidad, precios adecuados, y suficiencia ahora y en el futuro. Más allá de eso, introducir la inversión e intervención estatal es algo no acordado, ni constitucionalmente permitido. Seguridad energética no es inclusión social. ¿Seguridad energética? ¿Para quién? ¿Para los más necesitados?
Al parecer no se tendría temor en señalar que construir ductos e instalaciones de almacenamiento se considere “estratégico” por el Estado, al más puro estilo sesentista tomando como pretexto “asegurar” el abastecimiento de combustibles al país. Recordemos que ya en la Argentina del 2003 se hablaba de “La dimensión social del abastecimiento energético (la energía como un derecho a la inclusión social)” y que ésta “debe ser de primera prioridad para el Estado[1]. En otro caso, uno de los objetivos de PDVSA es el de “Garantizar la seguridad energética, incluyendo el suministro doméstico de combustible”. Por ello urge en nuestro país que junto con una propuesta de cargas impositivas y de millonarias inversiones estatales se defina adecuadamente que es lo que vamos a entender por “seguridad energética” o ¿Pretenden que así no más porque si nos traguemos este sapo?
Equivocadamente se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley que comentamos, que la experiencia del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) ha servido de inspiración al FISE, lo cual está muy lejos de serlo. El Artículo 1° de la Ley N° 27510, creó el FOSE para favorecer el acceso y la permanencia del servicio eléctrico a todos los usuarios residenciales del servicio público de electricidad, cuyos consumos mensuales sean menores a 100 kW.h, comprendidos dentro de la opción tarifaria BT5. En el FOSE  los consumidores de mayor consumo cubren una parte de la facturación a los de menos consumo. Eso es un subsidio cruzado, sin costo para el Estado; Así, por ejemplo, en febrero 2012 el consumo de 1KW/h promedio tenía los siguientes costos para los usuarios domiciliarios, sistema muy distinto al que se aplicaría en el caso del GLP:
Tipo de Tarifa
Nuevos Soles Mensuales
Nuevos Soles Promedio por Kilowatt Hora
Número Índice
Tarifa Electricidad Social – 30 KW/h
12.16
0.4053
92.2
Tarifa Eléctrica Doméstica – 100 Kw/h
41.19
0.4119
93.7
Tarifa Eléctrica Doméstica – 180 Kw/h
79.16
0.4398
100.0
Fuente: INEI
Un tema más que llama la atención en la ”exposición de motivos” del proyecto, suscrita por el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros es señalar, con injusticia que los beneficios del Gas de Camisea “no han sido percibidos en forma directa por todos los ciudadanos”, obviando los beneficios de un precio de GLP estable, de la incorporación del GNV y GLP automotor a la matriz energética, así como de los casi tres mil quinientos millones de USD recibidos por regalías o de los beneficios a la Región Cusco que recibe diariamente 4.4 millones de nuevos Soles por el mismo concepto.
Agreguémosle una barbaridad que no tiene justificación en esta propuesta del Ejecutivo. Se afirma que “el crecimiento económico registrado en los últimos años redujo la pobreza pero a su vez incrementó la desigualdad económica en la población”. Un poco más y salen en manifestación.
El subsidio al GLP no requiere de grandes inversiones, es de urgencia y puede resolverse casi de inmediato, sin que medien concursos de obras, sino de plantear adecuadamente un buen sistema con mucha sensibilidad social y sin aprovecharse para pasar de contrabando ineficiencias al mercado que se traducirán en mayores costos.

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