El Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles
Derivados del Petróleo (FEPC)
se aprobó el 2004 para suavizar el impacto en el consumidor de los incrementos
de precios internacionales. Se decíA que la subida era estacional animando al Estado
a intervenir pues no le significaría desembolso real alguno. El FEPC terminó
convirtiéndose en un subsidio pues el fisco no recuperó lo compensado. Sólo el
año pasado alcanzó la cifra estimada de 2,500 millones de Nuevos Soles.
Mediante
decretos de urgencia se ha persistido en el FEPC, pese a que la Constitución dice
que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica
que la limite. Para aplicar el FEPC, el Ministerio de Energía y Minas hace un
cálculo teórico, no exento de errores, a partir del cual determina precios
máximos de las refinerías y decide cuanto es el subsidio a que el Estado se
compromete. Sin embargo este mecanismo no ha impedido que entre diciembre 2005
y diciembre 2011 el precio del Diesel haya subido 26.4%.
El
FEPC es inconstitucional al haber eliminado la libre competencia en los combustibles.
También lo es por su persistencia, pues los decretos de urgencia se basan en
una atribución presidencial de la Constitución de 1993 que dice que éstos se
dan como medidas extraordinarias con fuerza de ley en materia económica y
financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta
al Congreso; No podemos aceptar que lo extraordinario se reitere una y otra vez
durante 8 años sin que se adopte una medida definitiva, saltándose la función
legislativa del Congreso.
El consumidor no percibe las bajas de precios internacionales
constituyéndose en un mecanismo de permanente inestabilidad política ya que
sólo se perciben los aumentos. El consumidor, al no tener conciencia de la
situación de precios internacionales, no implementa ningún ahorro.
El mayor perjuicio causado es haber acabado con la competencia, pues
los productores beneficiados con los subsidios han logrado facturar precios de paridad de
importación (con excepción del GLP en que rige la paridad de exportación),
calculados teóricamente y que se le paguen subsidios contra estos precios
teóricos. Así por ejemplo Petroperú S.A. recibió el 2011 un total de 1,357.8
millones de Nuevos Soles del FEPC, cifra superior en 201% a lo recibido por su
caja el 2010.
Si elimináramos de una vez por todas el FEPC, las refinerías estarían
obligadas a competir y a preocuparse más en lograr utilidades a partir de
mejoras en su eficiencia
Esto requiere también que el gobierno replantee su política tributaria
en los hidrocarburos pues mientras le carga el problema al aumento del crudo,
por otro lado aumenta sus impuestos calculados sobre bases impositivas cada vez
mayores.
Sólo falta la decisión política que, cruzando el Rubicón como Julio
César, acabe de una vez por todas con un mecanismo que además de ilegal, no es conveniente
para la economía nacional.
Escrito
por: Econ. César Bedón RochaPublicado en el Suplemento Portafolio del Diario El Comercio Domingo 04-03-2012
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