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lunes, 9 de abril de 2007

Yurimaguas: Algo más sobre exoneraciones tributarias en la Amazonía

Alto Amazonas es una provincia de nuestro país. Es una de las siete que conforman la Región Loreto. Limita al norte con la República de Ecuador, al sur con la Región San Martín, al Este con la provincia de Loreto y al Oeste con la provincia de Datem del Marañón. Su capital es Yurimaguas, que proviene de la fusión de los indios Yuris con los Omaguas. Ha sido sede de poblaciones indígenas desde hace milenios con antiguas naciones como los Chayahuitas y los Cocamas, descendientes de los Cahuapanas y los Tupi-Guarani.
Desde los albores de la vida republicana es conocida como la “Capital Histórica de la Amazonía Peruana” y también como “La Perla del Huallaga”
Con 101,934 habitantes, 78.0% de la población de Alto Amazonas cocina con leña y sólo 2.8% con Kerosene. Un bajísimo 15.0% usa GLP. El kerosene, sin embargo, es usado por el 57.9% de la población para alumbrado a través de mecheros y lamparines pues sólo un 41.1% goza de alumbrado eléctrico [1]
La Provincia de Alto Amazonas alberga 40,506 habitantes indígenas, distribuidos en 243 comunidades, clasificadas en 11 grupos étnicos y a su vez en 5 familias etnolingüísticas. La representatividad porcentual de la población indígena es la mayor de la Región Loreto con el 40 %
La provincia del Alto Amazonas, goza de exoneración tributaria en la comercialización de combustibles, exoneración que el Gobierno actual ha planteado sea eliminada en forma progresiva (cinco años), transfiriendo el importe correspondiente al Gobierno Regional para una mejor utilización.
Un común denominador de las poblaciones exoneradas es que el consumo de gasolina por vehículo lidera los consumos nacionales, a todas luces reflejo de la ilícita actividad del contrabando. Madre de Dios con 24.5 galones diarios por vehículo ocupa el primer lugar en el Perú, La Región Loreto (de la cual forma parte Alto Amazonas), consume 9.5 Galones de gasolinas por auto, ocupando el segundo lugar nacional y Ucayali ocupa el tercer puesto con 6.4 mientras el promedio nacional es de 1.0 y en Lima de sólo 0.7[2]. Toda esta información sobre consumo de gasolinas y las evidentes distorsiones del mismo es conocida por nuestras autoridades, aunque soltada a cuentagotas para el público, y como es lógico seguramente muchos de los pobladores de Yurimaguas quizá no conocen estos registros por lo que se hace fácil presa de prédicas demagógicas


En Yurimaguas, Petroperú construyó una Planta de Ventas la misma que podía ser abastecida desde su Planta Tarapoto por vía terrestre o desde Iquitos por vía fluvial. Las condiciones desastrosas de la carretera Yurimaguas/Tarapoto impulsaron muchas veces en Petroperú la idea de construir un poliducto entre ambas localidades, el mismo que se justificaba económicamente por el ahorro en fletes que se lograría para abastecer Yurimaguas. Temores a la reacción de los transportistas desplazados y la falta de recursos postergaron este proyecto.


Políticas inadecuadas posteriormente llevaron a Petroperú a construir almacenamiento para Gasolina 90 en Yurimaguas cuando lo lógico era construirlas en Tarapoto. Otro error de la fijación de precios de Petroperú fue que sus precios (antes de impuestos), en Yurimaguas de la Gasolina 90 eran 0.10 S/Gln más baratos que en Tarapoto cuando lo lógico era promocionar más bien esta última Planta. Para peor de males la gasolina 90 en Yurimaguas era inexplicablemente casi 40% más cara que la de 84 octanos. Lógicamente no se vendía prácticamente nada de Gasolina 90 en Yurimaguas, al punto que desde abril del 2006 ya no la comercializa más que en Tarapoto.

En el caso de la gasolina 84 su precio en agosto de 1984 era 0.25 S/Gln más caro en Yurimaguas que en Tarapoto y progresivamente ha llevado este diferencial hasta el triple, 0.75 S/Gln más cara como actualmente la comercializa.
En el caso del Kerosene el diferencial en contra de Yurimaguas el 2004 era de 0.22 y actualmente llega a 0.57 S/Gln.
Pero donde más se refleja el desacierto de la política de precios es con el Petróleo Diesel 2. Progresivamente Petroperú ha ido aumentando el diferencial de precios (antes de impuestos), en Yurimaguas con relación a Tarapoto. Mientras en los años 2004/2005 era 0.43 S/Gln, más caro, en abril del 2006 disparan el diferencial a 0.81 y en el actual Gobierno han llevado este sobreprecio hasta 1.35 S/Gln.

Es decir, a todas luces la petrolera estatal trata de recuperar a través de las ventas de combustibles en la localidad donde se demuestra la relevancia del contrabando, los bajos resultados de otras localidades. No existe otra justificación para que los diferenciales de precios vayan desde los 0.25 en el caso de la Gasolina 84 hasta 1.35 S/Gln en el Diesel 2 y así, seguro que sin querer, nuestra empresa estatal se convierte en socia de la actividad del contrabando. A mayor venta en Yurimaguas, mayores ingresos para Petroperú. Si los contrabandistas ganan tanto ¿por qué no hacerlo también en la estatal? En el caso de la Gasolina 84 llegan a cobrar 14.2% más caro y en el Diesel 2 un exagerado 21.4% cuando el diferencial debería ser el mismo.
Argumentos tiene varios Petroperú seguramente para este accionar. Uno de ellos es que no pueden recuperar el IGV pagado en la adquisición de petróleo crudo a través de ventas exoneradas del mismo y por eso incrementan el precio a las poblaciones exoneradas. Es el mismo argumento que utilizó cuando la población de Pucallpa salió a las calles para reclamar por que el petróleo residual se lo vendían más caro a Electro Ucayali que a las embarcaciones colombianas y ecuatorianas[3]. Otro sería que así reducen el diferencial de precios finales (incluidos impuestos) y hacen menos atractivo el negocio para los contrabandistas
Sin embargo los resultados de un consumo a todas luces ilícito y seguramente creciente del combustible comercializado en Planta Yurimaguas, sin ningún beneficio para la población sino para sólo algunos vivos es un asunto que estamos seguros será revisado por la administración de Petroperú tanto por razones éticas como porque la no privatización de Planta Yurimaguas por falta de interés del sector privado la convierte en instrumento de la política nacional la que debe orientar un retorno del beneficio extraordinario que obtiene a través de sus mayores precios. No creo que el tema de la reducción o eliminación de las exoneraciones tributarias a los combustibles sea un tema sólo del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también de nuestra empresa del Estado que quiéralo o no llega a ejercer una actividad monopólica y además, como lo hemos demostrado, obtiene beneficios extraordinarios en las ventas a localidades exoneradas que podría trasladar en programas de promoción de combustibles limpios, por ejemplo.

1. Censo 2005 - INEI
2.
OSINERGMIN – Boletín SCOP Febrero 2006 “Consumo de Gasolina por Vehículo Gasolinero”
3.
A propósito, hasta la fecha los precios de los combustibles para naves (Bunkers) nacionales y extranjeros no son publicados en la Web de Petroperú

lunes, 19 de marzo de 2007

Eliminación de exoneraciones o ¿Cómo ponerle el cascabel al gato?

“Juntáronse los ratones,
para librarse del gato,
y después de un largo rato
de disputas y opiniones,
Dijeron que acertarían
en ponerle un cascabel;
que, andando el gato con él,
librarse mejor podían.
Salió un ratón barbicano,
colilargo, hociquirromo,
y encrespando el grueso lomo,
dijo al senado romano,
después de hablar culto un rato:
“¿Quién de todos ha de ser
el que se atreva a poner
ese cascabel al gato?”
[i]

La decisión del Gobierno del Dr. Alan García de eliminar gradualmente (con reducciones semestrales, en un espacio de 5 años, empezando en enero del 2008), las exoneraciones tributarias a los combustibles en las regiones de San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y la provincia de Alto Amazonas de la Región Loreto [ii] ha sido quizá una de las decisiones más difíciles de tomar políticamente. Será también, en mi opinión, uno de sus mayores logros.

El abuso que hacen inescrupulosos al amparo de estas exoneraciones, sin ningún beneficio para las poblaciones de la amazonía supuestamente apoyadas, ha sido uno de los más denunciados problemas de la fijación de precios de combustibles en nuestro país.

El aliento al contrabando derivado de esta exoneración, la generación de corrupción y negocios ilegales, la nula mejora en las condiciones de vida y el enriquecimiento de sólo algunos ilegales comerciantes y productores han sido el denominador común muchísimas veces denunciados (yo mismo lo he hecho en varias ocasiones), sin que nadie se atreviera a ponerle el cascabel al gato por temor al manejo político que pudieran hacer de las expectativas de la población amazónica quienes verán en adelante eliminados su turbios negocios.

La exoneración fue inicialmente establecida por el gobierno del Ing. Alberto Fujimori (Ley 27037 del 30/12/98), a manera de contener las protestas derivadas del conflicto con el Ecuador y fueron inicialmente establecidas hasta el 31/12/00. Posteriormente, el gobierno del Dr. Valentín Paniagua (teniendo como Ministro de Energía y Minas al Ing. Juan Incháustegui), tuvo la gran oportunidad de no continuarlo, basado en el enorme apoyo popular a su gestión, pero con la Ley 27406 (22/01/01) dispuso “permitir que sigan vigentes las exoneraciones contempladas en la Ley de Promoción de Inversión de la Amazonia, su reglamento y leyes conexas…”.

Las exoneraciones tampoco trajeron consigo una reducción en los precios de los productores de combustibles. Es así como, por ejemplo, hoy comercializan ex refinería (sin impuestos), el Diesel 2 en Talara a 6.01, en Conchán a 6.10, pero en Iquitos a 6.76 y en Pucallpa a 7.43 S/./Gln [iii] (cuatro ciudades con refinerías), sobre precios a los que podrían buscarle cualquier fundamento de costos para justificarlos pero que sólo son explicados en un mercado de oferta oligo o monopólica .

Si vemos el caso del Kerosene, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), es de 2.11 S/./Gln. Hoy un galón de Kerosene se vende en promedio en grifos de Ucayali a 7.27 S/./Gln con un irreal beneficio para la población pues si a este precio se le tuvieran que agregar el ISC y el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 19%, su precio subiría a 11.16 al público mientras que en el punto de ventas más caro del Perú (Puno), pagando todos sus impuestos cuesta sólo 10.49 S/./Gln [iv], siendo que es producido en Talara y trasladado por Buque Tanque desde ahí a Mollendo y luego por tierra hasta Puno.

En el caso del GLP, la situación es igualmente grave. En Pucallpa el precio del productor Aguaytía Energy es actualmente de 1.92 S/./Kg iv. Si a este precio se le agrega el 19% del IGV resulta en 2.19 S/./Kg., el más caro del país; 14% más caro del producido en Talara de la refinación del petróleo crudo.

De acuerdo con el Censo 2005 del INEI, sólo el 0.8% de las familias de las Regiones en que se producirá la eliminación de las exoneraciones consumen Kerosene para cocinar por lo que el efecto del alza de precios que se derivaría de la eliminación de exoneraciones afectaría fundamentalmente a los contrabandistas y narco traficantes.

Sin embargo creo que no debemos olvidar que el encarecimiento del Kerosene lo que ha producido en nuestra amazonía es un enorme vuelco hacia la insalubre y contaminante leña para cocinar. Un terrible 62.1 % [v] la utiliza (217,500 familias), y sólo el 30.1% utiliza GLP. Es decir en lugar de haber mejorado las condiciones de vida, éstas se han empeorado; Mientras en 1997 la pobreza total en la Selva era de 47.1%, esta creció el 2004 hasta 64.9% [vi], a pesar de las exoneraciones vigentes.
A manera de sugerencia, un programa de apoyo estatal de promoción del consumo de GLP apoyado por la gestión privada serviría de mucho para la promoción de estas localidades y debería acompañar la eliminación de las exoneraciones, sobre todo cuando a corto plazo tendremos una enorme cantidad excedente de este combustible para exportación inclusive.

Como conclusión lógica igualmente se desprende que el esfuerzo del gobierno por ponerle el cascabel al gato tiene que ver también necesariamente con un sinceramiento de los precios ex refinería de los productores en la amazonía y un estrecho seguimiento de su evolución a partir de ahora. Petroperú, que es el principal abastecedor de estas zonas, debería desde ya comprometerse a acompañar el esfuerzo estatal también en la determinación de sus precios ex refinería en la amazonía. No vaya a ser que algunos de sus expertos propongan recuperar el efecto del IGV vía incremento mayor de los precios ex refinería.


[i] ¿Quién le pone el cascabel al gato? – Fábula de Lope de Vega[ii] Esta eliminación excluye a la Región Loreto (con la excepción de la provincia de Alto Amazonas - Yurimaguas), por su innegable aislamiento.[iii] Precio de Lista Petroperú (24-01-07)[iv] Boletín de Precios – OSINERGMIN – Febrero 2007 http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/hidro/pdf/DGH_REPORTES_FEB2007.pdf[v] Censo 2005 - INEI[vi] INEI – Información Socio Demográfica http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp

lunes, 29 de enero de 2007

Las ventas de Turbo: Una pregunta más para el OSINERG

Aldo Mariátegui, en el Diario Correo del 13/01/07 alcanza nueve preguntas al Ing. Alfredo Dammert, Presidente del OSINERG, como que serían aquellas que le tomaría en el examen, ahora que postula a la reelección. Modestamente le agregamos una, referida a las ventas del Turbo en nuestro país.

El 13/01/03 el Ministro de Energía y Minas en la Comisión de Energía del Congreso efectuó una presentación llamada “Mercado de Hidrocarburos y la Coyuntura de Precio”. Señaló ahí que la diferencia del Kerosene con el Diesel 2 era “muy atractiva”. Decía que se compraba Kerosene y se vendía como Diesel. La razón era que el Kerosene pagaba 1.58 de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Diesel 2.19 Nuevos Soles por Galón (PEN/Gln). Dijo además que estimaban que 5 MB/DC de Kerosene se vendían como Diesel. Decir esto en ese momento, significaba que cerca del 30% de las ventas de Kerosene tenían un uso indebido (las ventas del 2002 habían sido de 17.6 MB/DC). Quizá, quienes le prepararon la presentación no le alertaron que el Turbo es un producto similar al Kerosene y que por ahí también había una conocida desviación a resultas de combustible no utilizado por los aviones.

El Kerosene es un producto que cada vez más, por la constante elevación de su precio (abstracción hecha del avance del GLP), se ha ido alejando más y más del ama de ama de casa. Con base en el censo del 2005, podemos señalar que las familias de pobreza generalizada en el Perú cocinan apenas en un 3.5% con Kerosene, mientras que el 59.4% lo hacen con la perjudicial leña. Debido a su reconocida utilización para la adulteración con el Diesel 2 y la elaboración de cocaína, nuestras autoridades no tuvieron más solución que incrementar su ISC hasta 2.11 PEN/Gln mientras que más bien el del Diesel 2 lo bajaron a 1.54 PEN/Gln (ambos ISC a diciembre 2006).

El precio al público del Kerosene, como consecuencia de estos ajustes (así como por la elevación del precio internacional), ha pasado de 6.93 (enero del 2003), a 11.58 PEN/Gln, un incremento brutal de 67.2%. Es más caro que la Gasolina 84 y que el Diesel 2 y es que el pobre que consume Kerosene no tiene capacidad de hacer paro del transporte. Y tampoco se dan programas para que accedan al GLP.

Mientras estas cosas se hacían con el Kerosene, el Turbo más bien se había descubierto que podría ser la nueva vaca lechera para engordar las billeteras de algunos vivos.

El D.S. 045-2001-EM aprobado en el Gobierno de transición facultó a que cualquier persona jurídica pudiera adquirir combustible de aviación. El Turbo, de manejo tan especializado, técnico y delicado, con toda una infraestructura de producción y cuidados de las refinerías, las plantas de almacenamiento y las estaciones en aeropuertos, bajo estricta supervisión de agentes internacionales y con una larga experiencia en su comercialización por Petroperú, de esta manera en virtud a este D.S., ya no sólo podía ser adquirido por consumidores aeronáuticos y vendido por la empresas refinadoras y directamente a los aviones, sino además por los recientemente creados distribuidores mayoristas.

Para eso el Art. 4º del D.S. antes citado incluyó en la definición de combustibles líquidos a los combustibles para aviación (4.2), y señaló sin dudas ni excepciones que el distribuidor mayorista adquiere o importa grandes niveles de combustibles líquidos y otros derivados de los hidrocarburos a fin de comercializarlos y transportarlos (4.5). La garantía que establecía el Reglamento era que la calificación de un agente para ser distribuidor mayorista le correspondía a la DGH del MINEM, señalando entre otros irrelevantes requisitos uno que era el que debería “acreditar experiencia técnica para ejercer tales actividades (Art. 74º - d)”. Una vez cumplido estos requisitos el MINEM a través de la DGH en un máximo de 10 días útiles les otorgaba su Constancia de Registro (Art. 75º).

¿Y para que servía la Constancia de Registro?

El mismo Reglamento decía que ese documento permitiría al distribuidor mayorista comercializar combustibles líquidos.

Conocido es por todos los que hemos venido siguiendo esta larga historia de los distribuidores mayoristas de aviación lo que sucedió al amparo de este nefasto D.S. Algunos funcionarios de Petroperú se opusieron a que estos distribuidores mayoristas pudieran comprar el Turbo por el riesgo técnico que esta acción significaba. Recibieron amenazas, presiones y denuncias en medio de una gran influencia política consentida por otros funcionarios más proclives a la complacencia. Los nuevos distribuidores mayoristas comenzaron a adquirir Turbo que no iba a los aviones. Las ventas en las plantas crecían más que en los aeropuertos. La aviación estaba en crisis pero se vendía bien el Turbo. Otros distribuidores mayoristas no favorecidos con el Turbo también querían participar de la torta, etc.

Pero, el D.S. ¿acaso olvidó darle responsabilidades al regulador, el OSINERG, sobre los distribuidores mayoristas? NO.

En el Art. 79º les encargó recibir mensualmente en los formatos y medios tecnológicos que determinara, información sobre volumen diario de ventas, transferencias, recibos y orígenes del Turbo comercializado, existencias iniciales, diarias y promedio. Todo esto se supone que para que sea analizado (yo adiciono que también para que, de una u otra manera, sea transparentemente publicado), y ejercer la supervisión que en el Art. 81º le encargó. Es más, el Art. 82º les obligaba a cruzar información, el 83º a sancionar y adicionalmente la primera disposición transitoria a implementar el Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP).
Y nuevamente, la misma historia que se repite lastimosamente en nuestro país.

El mismo OSINERG destaca en su Boletín “Turbo A-1: El combustible que sólo debe ser usado por las aeronaves” (2006:12), que el Turbo “…se emplea de manera ilegal para adulterar el diesel 2 y/o reemplazar el Kerosene…”, como si nada hubiera pasado. Y lo que es más delicado; atribuye como un éxito del SCOP el que se haya reducido la diferencia de despachos de Turbo entre plantas y aeropuertos, del pico de 3.2 MB/DC de diciembre 2003 a 0.5 MB/DC en mayo 2004 cuando justamente empezó su SCOP.

Pero lo que no dice OSINERG, seguramente porque no lo conoce, es que el problema se resolvió más bien porque PETROPERU decidió unilateralmente y ante la enorme repercusión que el abuso de la creación del distribuidor mayorista había ocasionado y el avance de las investigaciones de la Contraloría General de la República, resolver los contratos con dichos distribuidores mayoristas, o como decía mi abuelita, “muerto el perro se acabó la rabia”. ¿SCOP?

Y esto es algo que el Presidente del OSINERG presentó en abril del 2005 en la IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de la Energía en Uruguay como un logro en la que dijo que el estimado del daño ocasionado a nuestra economía y que se había eliminado con el SCOP era de 60.3 MMUSD al año en el caso de la venta como Kerosene y de 78.0 MMUSD al año en la venta del Turbo como Diesel 2.

Y bueno, la pregunta que le colgamos a las nueve hechas por el Director del Diario Correo para el bueno del Ing. Dammert es: ¿Sus funcionarios no se dieron cuenta lo que pasaba con el Turbo? Si en enero del 2001 ya el D.S. olía mal para el Turbo; si se sabía de los problemas al interior de Petroperú; si tenían la obligación de supervisar, analizar, cruzar información y sancionar desde el 2001; si ya desde abril del 2002 habían creado el Sistema de Procesamiento de la Información Comercial (SPIC); si habían declaraciones del Ministro de Energía y Minas el 2003 (y quizá otras anteriores), sobre la defraudación al Estado ¿que hicieron en ese lapso que recién atribuyen al SCOP en el 2004 la solución del problema?