Confrontar el plan original de gobierno de "Juntos por el Perú "(JP), de 92 páginas y su versión revisada de 14 páginas permite identificar un proceso claro de simplificación, moderación del discurso y reorientación estratégica del mensaje político, sin que ello implique un abandono total de los postulados centrales del documento original. El nuevo plan corto no constituye únicamente una versión original resumida sino, como a nadie puede escapar, una adaptación política y comunicacional del programa original, diseñada para hacerlo electoralmente más viable y menos confrontacional para la segunda vuelta. Es como el “baño maría” de la repostería, una técnica de cocción suave y uniforme que es ideal para derretir ingredientes, pero sin quemarlos.
El primer hallazgo relevante que
encuentro es que persiste, tercamente,
una importante
continuidad programática, particularmente en torno a la visión
de un Estado activo, descentralizador y socialmente protector en lugar de
atender su función constitucional de orientador. Ambos documentos coinciden en
la necesidad de superar las brechas territoriales, fortalecer los servicios
públicos, impulsar el desarrollo productivo y recuperar capacidades estatales.
La diferencia no radica tanto en los objetivos, sino en la manera de
formularlos y justificarlos.
En el plan original, el
diagnóstico del país es marcadamente estructural e ideológico. El texto plantea
que el Perú enfrenta una crisis derivada de un modelo económico y político
instalado desde la Constitución de 1993, la que a todas luces pretenden
eliminar, pues le atribuyen desigualdad, pérdida de soberanía, fragmentación
social y debilitamiento del Estado. Desde esta perspectiva, el documento
propone una transformación profunda
del orden institucional, incluyendo la posibilidad de una
Asamblea Constituyente y un rediseño integral del rol estatal. Tal cual requiere
el socialismo del Siglo XXI las nuevas constituciones deben legitimar la
intervención estatal como rectora del desarrollo, permitiendo la nacionalización
de sectores estratégicos y la planificación centralizada de los recursos. De
esa manera, el modelo representativo liberal es sustituido por mecanismos de
participación directa como referendos, cabildos y consejos comunales. Por ello
el lenguaje empleado en el plan original es confrontacional: se habla de
dominación corporativa, neocolonialismo, subordinación internacional y crisis
del modelo neoliberal.
En contraste, el plan
revisado conserva parte importante de esa agenda, pero abandona la retórica ideológica fuerte y la
reemplaza por un lenguaje de gestión, productividad y bienestar ciudadano.
En vez de enfatizar ruptura, confrontación o refundación, el nuevo documento
prioriza metas medibles (aunque no creíbles), desarrollo económico, mejora de
servicios y cohesión social. La narrativa cambia sustancialmente: el énfasis ya
no está en combatir un modelo político-económico, sino en resolver problemas
concretos de la ciudadanía.
Uno de los cambios más
importantes aparece en torno al rol
del Estado. En el plan original, el Estado es concebido como un
actor central de transformación política y económica: un Estado interventor,
conductor y reordenador del sistema. Se plantea fortalecer la capacidad pública
para liderar procesos productivos, intervenir estratégicamente en sectores
económicos, recuperar soberanía y garantizar derechos sociales mediante
reformas institucionales profundas. La lógica subyacente es que el mercado, por
sí solo, ha fracasado en garantizar bienestar y equidad.
En el plan revisado, esta
visión no desaparece, pero sí se reformula notoriamente. El Estado sigue siendo
fuerte y protagonista, aunque ahora es presentado menos como un instrumento de
transformación ideológica y más como un Estado
desarrollista y gestor. El énfasis se traslada hacia la
eficiencia, la articulación territorial, la descentralización, la provisión de
servicios y el impulso productivo. En otras palabras, no se abandona el Estado
fuerte, pero sí se modifica el modo de justificarlo para sus probables
electores. Mientras el plan original defendía un Estado transformador, el
revisado promueve un Estado eficaz y orientado a resultados.
La política económica refleja
también esta continuidad con moderación. El documento original plantea un
cuestionamiento explícito al modelo económico vigente y propone mayor
intervención pública, industrialización nacional, fortalecimiento de la
economía popular y soberanía económica. En el documento breve, estas propuestas
permanecen, aunque expresadas con un lenguaje más técnico y menos ideologizado.
Persisten las referencias a desarrollo regional, productividad, empleo y
fortalecimiento de capacidades nacionales, pero desaparece gran parte de la
crítica doctrinaria al sistema económico vigente.
Donde sí existe una desestimación importante del contenido original
es en los temas de política exterior e identidad ideológica. El plan de 92
páginas contenía referencias explícitas al antiimperialismo, crítica a Estados
Unidos, reivindicación de un orden multipolar, incorporación a los BRICS y
rechazo de bases militares extranjeras. Asimismo, el documento desarrollaba una
narrativa geopolítica claramente alineada con sectores progresistas
latinoamericanos y fuertemente crítica del orden internacional liberal.
Todo ese componente
prácticamente desaparece en la versión de 14 páginas. El nuevo documento
sustituye la confrontación ideológica internacional por conceptos más generales
de cooperación, integración regional y desarrollo compartido. Esta es
probablemente la mayor moderación del plan: puede estimarse que existe, en el
papel, cerca de un 90% de
desestimación del componente ideológico en política exterior.
Algo similar ocurre en
seguridad y derechos humanos. El plan original incluía propuestas específicas
sobre reorganización policial, control ciudadano de la Policía, revisión de
protocolos de uso de fuerza, reparación a víctimas de violencia política, desclasificación
de archivos militares y fortalecimiento de mecanismos de justicia transicional.
La versión revisada elimina casi todos esos elementos específicos y opta por
formulaciones más generales relacionadas con seguridad ciudadana, justicia
eficaz y fortalecimiento institucional. Se conserva el objetivo, pero
desaparecen los elementos potencialmente más polarizantes buscando,
mañosamente, ubicarse más cerca del centro que de la extrema izquierda.
En materia de derechos y
reconocimiento social también se observa una reducción importante. El documento
original desarrollaba ampliamente temas vinculados con plurinacionalidad,
pueblos indígenas, población LGTBIQ+, memoria histórica y reparación por conflictos
políticos. En el plan revisado, esos contenidos se sintetizan bajo fórmulas
amplias de igualdad, inclusión y derechos sociales, reduciendo
considerablemente el nivel de detalle político e identitario.
No obstante, el nuevo
documento incorpora un elemento que el plan original tenía poco desarrollado: metas cuantificables y orientación hacia resultados.
La inclusión de indicadores de pobreza, educación, salud, informalidad laboral
y energías renovables dota al plan revisado de una apariencia más ejecutiva y
técnicamente defendible. Esto sugiere un esfuerzo deliberado por transformar un
documento de alta densidad ideológica en una propuesta más apta para la
competencia electoral y el debate público.
En términos globales, el
cambio entre ambos planes puede resumirse como una transición desde un programa ideológico-transformador hacia un programa
pragmático-desarrollista. El núcleo social y económico
permanece relativamente intacto, especialmente la defensa de un Estado fuerte,
descentralizador y orientado al bienestar; sin embargo, se reduce de manera
significativa la carga doctrinaria, confrontacional y refundacional.
La estimación comparativa
permite concluir que existe aproximadamente una reducción textual cercana al 85%, una desestimación programática efectiva de entre 45% y
55%, y una moderación
ideológica del orden de 60% a 70%. Dicho de otro modo, el nuevo
plan no abandona completamente el original, pero sí lo reconfigura
profundamente para hacerlo más moderado, menos polarizante y políticamente más
presentable ante un electorado amplio.
En consecuencia, el plan revisado debe entenderse
menos como un reemplazo del programa original y más como una versión electoralmente adaptada del mismo,
donde el proyecto político central permanece, aunque expresado mediante un
lenguaje más técnico, pragmático y orientado a resultados.
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