PLAN DE GOBIERNO EN "BAÑO MARÍA"

Confrontar el plan original de gobierno de "Juntos por el Perú "(JP), de 92 páginas y su versión revisada de 14 páginas permite identificar un proceso claro de simplificación, moderación del discurso y reorientación estratégica del mensaje político, sin que ello implique un abandono total de los postulados centrales del documento original. El nuevo plan corto no constituye únicamente una versión original resumida sino, como a nadie puede escapar,  una adaptación política y comunicacional del programa original, diseñada para hacerlo electoralmente más viable y menos confrontacional para la segunda vuelta. Es como el “baño maría” de la repostería, una técnica de cocción suave y uniforme que es ideal para derretir ingredientes, pero sin quemarlos.

El primer hallazgo relevante que encuentro es que persiste, tercamente, una importante continuidad programática, particularmente en torno a la visión de un Estado activo, descentralizador y socialmente protector en lugar de atender su función constitucional de orientador. Ambos documentos coinciden en la necesidad de superar las brechas territoriales, fortalecer los servicios públicos, impulsar el desarrollo productivo y recuperar capacidades estatales. La diferencia no radica tanto en los objetivos, sino en la manera de formularlos y justificarlos.

En el plan original, el diagnóstico del país es marcadamente estructural e ideológico. El texto plantea que el Perú enfrenta una crisis derivada de un modelo económico y político instalado desde la Constitución de 1993, la que a todas luces pretenden eliminar, pues le atribuyen desigualdad, pérdida de soberanía, fragmentación social y debilitamiento del Estado. Desde esta perspectiva, el documento propone una transformación profunda del orden institucional, incluyendo la posibilidad de una Asamblea Constituyente y un rediseño integral del rol estatal. Tal cual requiere el socialismo del Siglo XXI las nuevas constituciones deben legitimar la intervención estatal como rectora del desarrollo, permitiendo la nacionalización de sectores estratégicos y la planificación centralizada de los recursos. De esa manera, el modelo representativo liberal es sustituido por mecanismos de participación directa como referendos, cabildos y consejos comunales. Por ello el lenguaje empleado en el plan original es confrontacional: se habla de dominación corporativa, neocolonialismo, subordinación internacional y crisis del modelo neoliberal.

En contraste, el plan revisado conserva parte importante de esa agenda, pero abandona la retórica ideológica fuerte y la reemplaza por un lenguaje de gestión, productividad y bienestar ciudadano. En vez de enfatizar ruptura, confrontación o refundación, el nuevo documento prioriza metas medibles (aunque no creíbles), desarrollo económico, mejora de servicios y cohesión social. La narrativa cambia sustancialmente: el énfasis ya no está en combatir un modelo político-económico, sino en resolver problemas concretos de la ciudadanía.

Uno de los cambios más importantes aparece en torno al rol del Estado. En el plan original, el Estado es concebido como un actor central de transformación política y económica: un Estado interventor, conductor y reordenador del sistema. Se plantea fortalecer la capacidad pública para liderar procesos productivos, intervenir estratégicamente en sectores económicos, recuperar soberanía y garantizar derechos sociales mediante reformas institucionales profundas. La lógica subyacente es que el mercado, por sí solo, ha fracasado en garantizar bienestar y equidad.

En el plan revisado, esta visión no desaparece, pero sí se reformula notoriamente. El Estado sigue siendo fuerte y protagonista, aunque ahora es presentado menos como un instrumento de transformación ideológica y más como un Estado desarrollista y gestor. El énfasis se traslada hacia la eficiencia, la articulación territorial, la descentralización, la provisión de servicios y el impulso productivo. En otras palabras, no se abandona el Estado fuerte, pero sí se modifica el modo de justificarlo para sus probables electores. Mientras el plan original defendía un Estado transformador, el revisado promueve un Estado eficaz y orientado a resultados.

La política económica refleja también esta continuidad con moderación. El documento original plantea un cuestionamiento explícito al modelo económico vigente y propone mayor intervención pública, industrialización nacional, fortalecimiento de la economía popular y soberanía económica. En el documento breve, estas propuestas permanecen, aunque expresadas con un lenguaje más técnico y menos ideologizado. Persisten las referencias a desarrollo regional, productividad, empleo y fortalecimiento de capacidades nacionales, pero desaparece gran parte de la crítica doctrinaria al sistema económico vigente.

Donde sí existe una desestimación importante del contenido original es en los temas de política exterior e identidad ideológica. El plan de 92 páginas contenía referencias explícitas al antiimperialismo, crítica a Estados Unidos, reivindicación de un orden multipolar, incorporación a los BRICS y rechazo de bases militares extranjeras. Asimismo, el documento desarrollaba una narrativa geopolítica claramente alineada con sectores progresistas latinoamericanos y fuertemente crítica del orden internacional liberal.

Todo ese componente prácticamente desaparece en la versión de 14 páginas. El nuevo documento sustituye la confrontación ideológica internacional por conceptos más generales de cooperación, integración regional y desarrollo compartido. Esta es probablemente la mayor moderación del plan: puede estimarse que existe, en el papel, cerca de un 90% de desestimación del componente ideológico en política exterior.

Algo similar ocurre en seguridad y derechos humanos. El plan original incluía propuestas específicas sobre reorganización policial, control ciudadano de la Policía, revisión de protocolos de uso de fuerza, reparación a víctimas de violencia política, desclasificación de archivos militares y fortalecimiento de mecanismos de justicia transicional. La versión revisada elimina casi todos esos elementos específicos y opta por formulaciones más generales relacionadas con seguridad ciudadana, justicia eficaz y fortalecimiento institucional. Se conserva el objetivo, pero desaparecen los elementos potencialmente más polarizantes buscando, mañosamente, ubicarse más cerca del centro que de la extrema izquierda.

En materia de derechos y reconocimiento social también se observa una reducción importante. El documento original desarrollaba ampliamente temas vinculados con plurinacionalidad, pueblos indígenas, población LGTBIQ+, memoria histórica y reparación por conflictos políticos. En el plan revisado, esos contenidos se sintetizan bajo fórmulas amplias de igualdad, inclusión y derechos sociales, reduciendo considerablemente el nivel de detalle político e identitario.

No obstante, el nuevo documento incorpora un elemento que el plan original tenía poco desarrollado: metas cuantificables y orientación hacia resultados. La inclusión de indicadores de pobreza, educación, salud, informalidad laboral y energías renovables dota al plan revisado de una apariencia más ejecutiva y técnicamente defendible. Esto sugiere un esfuerzo deliberado por transformar un documento de alta densidad ideológica en una propuesta más apta para la competencia electoral y el debate público.

En términos globales, el cambio entre ambos planes puede resumirse como una transición desde un programa ideológico-transformador hacia un programa pragmático-desarrollista. El núcleo social y económico permanece relativamente intacto, especialmente la defensa de un Estado fuerte, descentralizador y orientado al bienestar; sin embargo, se reduce de manera significativa la carga doctrinaria, confrontacional y refundacional.

La estimación comparativa permite concluir que existe aproximadamente una reducción textual cercana al 85%, una desestimación programática efectiva de entre 45% y 55%, y una moderación ideológica del orden de 60% a 70%. Dicho de otro modo, el nuevo plan no abandona completamente el original, pero sí lo reconfigura profundamente para hacerlo más moderado, menos polarizante y políticamente más presentable ante un electorado amplio.

En consecuencia, el plan revisado debe entenderse menos como un reemplazo del programa original y más como una versión electoralmente adaptada del mismo, donde el proyecto político central permanece, aunque expresado mediante un lenguaje más técnico, pragmático y orientado a resultados.

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