Reflexiones sobre el Curso "Gobernanza Anticipatoria y Prospectiva Legislativa" de la CEPAL

Recientemente concluí el curso introductorio y autoinstruccional “Gobernanza Anticipatoria y Prospectiva Legislativa”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [1]. Se trata de una iniciativa que merece ser destacada y compartida: el curso es gratuito, asincrónico y de fácil acceso.

No requiere registro previo. Basta con hacer clic en el siguiente enlace: https://gobernanza-anticipatoria.cepal.org/, e ingresar el nombre, apellidos y correo electrónico para acceder de inmediato al contenido. Quienes completen el recorrido y respondan a una sencilla evaluación al final de cada capítulo podrán obtener un certificado de participación.

El curso está compuesto por 10 videos complementarios y 17 exposiciones altamente enriquecedoras, que incluyen ejemplos y casos internacionales. Estos recursos nos introducen a los fundamentos de la gobernanza anticipatoria a través de los siguientes cuatro capítulos:

1. Introducción al Contexto Político-Institucional

• Sección 1: Aborda las llamadas “trampas del desarrollo” y las transformaciones indispensables que América Latina y el Caribe necesitan, así como estrategias para gestionarlas.
• Sección 2: Analiza el contexto global y regional actual, incluyendo los riesgos políticos y las tendencias electorales, especialmente en el marco del nuevo “superciclo electoral” que estamos viviendo.

2. Los Estudios de Futuro y la Prospectiva

Estas disciplinas se centran en analizar y anticipar posibles escenarios futuros, con el fin de comprender tendencias, cambios y eventos que podrían impactar en la sociedad, la economía, la tecnología y el medio ambiente. Constituyen herramientas clave para planificar y preparar a organizaciones, gobiernos y comunidades ante un entorno en constante transformación, fortaleciendo su capacidad de adaptación y resiliencia.

3. Introducción al Concepto de Gobernanza Anticipatoria

La gobernanza anticipatoria implica un enfoque de gestión y planificación de políticas públicas basado en la anticipación de tendencias y escenarios futuros. Su objetivo es adoptar medidas proactivas en lugar de reactivas, trasladando el simple análisis a la acción. Este enfoque promueve soluciones colectivas y participativas, más allá de esfuerzos individuales, para construir políticas más efectivas y sostenibles.

4. ¿Qué son la Prospectiva y la Prospectiva Legislativa?

La prospectiva, especialmente en contextos legislativos, es una disciplina imprescindible en un mundo, como lo define CEPAL, VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo). Aporta herramientas para anticipar escenarios futuros y diseñar leyes y políticas públicas más efectivas, pertinentes y sostenibles. Aplicada al ámbito legislativo, la prospectiva permite elevar la calidad del proceso normativo, previniendo impactos negativos a mediano y largo plazo.

Conclusión

Este curso representa una capacitación sumamente recomendable, especialmente para legisladores, asesores y tomadores de decisiones. La elaboración de leyes no debe limitarse a responder a presiones coyunturales ni a justificar propuestas con clichés de “costo-beneficio” que muchas veces son falsos o superficiales. Urge legislar con visión de futuro, considerando con responsabilidad las consecuencias sociales, económicas, tecnológicas y ambientales de cada decisión. Esto no limita el aprendizaje de parte de otros profesionales que necesariamente participarán en el diseño de escenarios futuros.

 

 

 

 

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[1] [1] CEPAL es la sigla de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fundada en 1948 como una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social sostenible, así como la integración de los países latinoamericanos y caribeños. 

 

MANEJANDO LA ECONOMÍA

La edición del lunes 31 de marzo del presente año del diario La República presenta los resultados de una encuesta que, entre otros temas, aborda el "manejo" de la economía peruana. En ella, el Instituto de Estudios Peruanos consulta a una muestra telefónica de 1,203 entrevistados en los 24 departamentos, 147 provincias y 423 distritos del país. [1]

La pregunta central fue: “¿Cómo evalúa la forma en que Dina Boluarte y su equipo de gobierno vienen manejando la economía?”

Es importante considerar que la mayoría de los encuestados probablemente no posee un conocimiento detallado de las variables macroeconómicas que permiten calificar el desempeño gubernamental en el área económica. Además, es posible que no tengan clara la diferencia entre las responsabilidades del Banco Central de Reserva (BCR) y las del Poder Ejecutivo. Tampoco se puede asumir que comprendan el impacto del Poder Legislativo en la economía, ni el significado preciso del término manejo de la economía.

Esta encuesta difiere de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas que realiza el Banco Central de Reserva del Perú, la misma que consulta a funcionarios del sistema financiero, analistas económicos y ejecutivos de empresas no financieras sobre proyecciones de inflación, crecimiento del PBI y tipo de cambio.

Los resultados de la encuesta publicada por La República muestran que, a nivel nacional, el 36% de los encuestados califica la gestión económica de Dina Boluarte y su equipo como mala y el 41% como muy mala. En total, el 77%, tiene una opinión negativa. Además, la comparan con las de los últimos 13 años, señalando que se trata de la peor calificación obtenida en ese periodo,.

Por otro lado, la encuesta del BCR [2] correspondiente a febrero 2025 ofrece una perspectiva de las expectativas distinta:

• Inflación proyectada: 2.2% (dentro del rango permisible de 1% a 3%).
• Crecimiento del PBI: 3.1% (inferior al 4.0% estimado oficialmente, pero aún en terreno positivo).
• Tipo de cambio: 3.75 PEN/USD (con una proyección de 3.80 para 2026, lo que sugiere estabilidad cambiaria).

Adicionalmente, la misma encuesta del BCR sobre las Expectativas de la Economía, basada en la percepción empresarial, indica que en los últimos nueve meses las expectativas han mejorado, ubicándose en el terreno “mejor expectativa”  (superior al 50%),  aunque con un máximo de 54.5% en febrero 2025, mientras en julio 2021 con el nuevo gobierno, se ubicó en 42.9% “peor expectativa”

La pésima calificación por parte de la ciudadanía puede deberse a múltiples factores:

• Mal manejo de crisis.
• Expectativas no cumplidas.
• Problemas persistentes en empleo e informalidad.
• Corrupción y desconfianza en las instituciones.
• Deficiencias en comunicación y gestión gubernamental.
• Polarización política.
• Falta de implementación de reformas sociales.

En conclusión, la evaluación de la gestión económica no puede limitarse únicamente a destacar la evolución positiva de las variables macroeconómicas. Es fundamental considerar también los aspectos microeconómicos, que tienen un impacto más directo en la vida cotidiana de la población y, por ende, influyen en su percepción sobre la economía.

César Augusto Bedón Rocha
Econ. Mag. Administración

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[1] El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 26 de marzo 2025, según su ficha técnica.
      www.larepublica.pe y www.iep.org.pe

[2] https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html

 

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La competencia no es una externalidad negativa

Introducción

En la Memoria 2022 de Petroperú, el presidente 2023 del directorio, Ing. Pedro Chira Fernández [1], al referirse a un mercado competitivo, señala:

"... externalidades negativas como un mercado altamente competitivo con presencia de actores globales y condiciones comerciales más ventajosas para los clientes..."

Esta misma idea se repite en la Memoria 2023, justificando la baja de ventas y la reducción de la participación de mercado con la expresión:

"... además de otros hechos exógenos, que afectaron los niveles de venta de la empresa."

En el informe de gestión, al explicar la participación de mercado (26%), se menciona nuevamente:

"Se obtuvo una participación de mercado menor a la prevista debido a la competencia agresiva con presencia de actores globales que ofrecen mejores condiciones comerciales; altos costos de importación que afectaron nuestra competitividad..."

Este argumento plantea la competencia como una "externalidad negativa", lo que considero incorrecto.

¿Es la competencia una externalidad negativa?

Las externalidades son un concepto económico que puede clasificarse en positivas o negativas.

Una externalidad negativa o deseconomía se define como:

"Todo tipo de efecto dañino para la sociedad, generado por actividades de producción o consumo, que no está reflejado en los costos de quienes los producen." (Economipedia)

Es decir, son actividades que afectan a terceros sin compensación. Ejemplos clásicos incluyen la contaminación ambiental, el tráfico urbano o el agotamiento de recursos naturales. En este sentido, resulta inadecuado considerar la competencia como una externalidad negativa.

La competencia, incluso en mercados agresivos como el de reventa de hidrocarburos, genera beneficios económicos. Entre ellos destacan:

• Precios más bajos para los consumidores.
• Mayor eficiencia en la distribución.
• Incentivos para la innovación y mejor servicio.

Por lo tanto, en términos económicos, la competencia no constituye una externalidad negativa sino una condición inherente a un mercado eficiente.

¿Cuándo la competencia podría generar externalidades negativas?

Existen casos en los que la competencia en el sector de hidrocarburos podría generar efectos negativos, aunque no aplican a la situación de Petroperú:

• Competencia desleal o informalidad: Empresas que evaden regulaciones generan ventajas indebidas.
• Sobreexplotación de infraestructura: Congestión en terminales o carreteras sin internalizar los costos.
• Riesgos ambientales o de seguridad: Falta de controles adecuados en el manejo de hidrocarburos.

Sin embargo, al no evidenciarse en nuestro país, ninguno de estos factores justificaría la disminución en la participación de mercado de Petroperú.

Conclusión

En términos generales, la competencia en la reventa de hidrocarburos no es una externalidad negativa. La persistencia de este argumento en las memorias anuales de Petroperú sugiere una justificación errónea por parte de la fuerza de ventas, que no debería permear a la alta dirección.

En lugar de asumir la competencia como un obstáculo, Petroperú debería considerarla un factor inherente al mercado y diseñar estrategias comerciales más efectivas. Tal como en el pasado logró competir con su marca Petrolube en el mercado de lubricantes o en el sector de productos químicos, la empresa debe enfrentar el entorno competitivo con innovación y eficiencia, sin recurrir a explicaciones que no se sostienen en el análisis económico.

 

 

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[1] [1] https://www.petroperu.com.pe/Storage/tbl_documentos_varios/fld_1160_Documento_file/641-w5Gl9Qw2Nv7Iq0F.pdf

 

ESTABLE EN U.C.I.

La Nota de Prensa NP-019 de Petroperú (14-3-25)^[1], destaca con inocultable optimismo (no quiero pensar que sea adrede), el que Moody’s califique con “perspectiva estable” a Petroperú. Esta característica de “perspectiva estable” es la que los medios de prensa reproducen, sin mayor análisis que no sea la versión de la empresa estatal. Incluso el Presidente del Consejo de Ministros al conocer esta versión se atreve a decir “Petroperú avanza, Moody’s otorga perspectiva estable a la empresa estatal, destacando su rol en el abastecimiento de combustibles en cada rincón del país. La gestión responsable y las reformas garantizan su recuperación”, escribió en sus redes sociales. ^[2].

Moody’s es una agencia de calificación crediticia con reconocimiento y aceptación mundial. Asigna calificaciones que ayudan a los inversores o prestamistas a evaluar el riesgo asociado con la inversión en instrumentos financieros de corto y largo plazo por parte de la emisora de deuda. La “perspectiva estable” de Moody's indica que no se esperan cambios inmediatos en la calificación crediticia de Petroperú, calificación que es de B3, dentro de las inversiones especulativas conocidas como Bonos Basura.

La calificación B3 de Moody´s es la antesala a la calificación Caa de baja solvencia.

Ubicar Moody's la deuda de Petroperú en inversión especulativa implica que sus instrumentos financieros tienen un mayor grado de incumplimiento que los de calificaciones más altas; es decir que los inversores pueden enfrentar dificultades para recuperar su inversión. Por supuesto que no es una inversión recomendable para los inversionistas que busquen mayor seguridad y estabilidad.

Recordemos que las otras importantes evaluadoras de riesgo continúan calificando como Bonos Basura la deuda de la empresa estatal. En el caso de Standard & Poor's (S&P) calificada como B+ (situación financiera con variaciones notables – nivel especulativo y riesgo de incumplimiento elevado), y en el caso de Fitch de CCC+ (riesgo crediticio sustancial, la quiebra del emisor como posibilidad real así como una capacidad para continuar operando sin respaldo altamente vulnerable al deterioro del entorno empresarial y económico).

Moody’s también destacó como un factor básico en su calificación, el respaldo del Gobierno peruano actual a su empresa pública (que ha indicado no la privatizará),  en el entendimiento que el Estado no dejará que esta quiebre o incumpla sus compromisos financieros

Con estas calificaciones no existe pues razón para decir que “Petroperú avanza” . Como en la U.C.I. [3], estable no es mejora, y que la empresa está curada o fuera de peligro y que su condición puede cambiar rápidamente.

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[1] https://www.petroperu.com.pe/moody-s-califica-con-perspectiva-estable-a-petroperu

[2] https://andina.pe/agencia/noticia-jefe-del-gabinete-destaca-calificacion-perspectiva-estable-moodys-a-petroperu-1022329.aspx

[3] Nos referiremos, en este post a las iniciales U.C.I. como “Unidad de Cuidados Intensivos”, que en el ámbito médico corresponde, a una sección del hospital donde se proporciona atención especializada a pacientes que requieren monitoreo y tratamiento continuo debido a su condición crítica.

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CONTROL DE PRECIOS EN EL GAS NATURAL

CONTROL DE PRECIOS EN EL GAS NATURAL

Tuve la oportunidad de revisar el video de la audiencia pública promovida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), realizada el 31 de enero de 2025 en Trujillo[1], para la sustentación del recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo N°207-2024-OS/CD, presentada por Gases del Pacífico S.A.C. (en adelante, GdP). Dicha resolución fija las tarifas de distribución de gas natural por red de ductos y otros cargos aplicables a la Concesión Norte del gas natural[2] para el periodo 2025-2028, así como el Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029.

Este proceso regulatorio me recordó cuando, siendo Jefe de la Sección de Estudios Económicos del Área Comercial de Petroperú, me tocó elaborar y sustentar ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en un tiempo en que no existía Osinergmin) numerosos estudios de costos y precios de la producción de la empresa estatal en combustibles, asfaltos, urea, negro de humo y solventes. Todos estos productos estaban sujetos a un sistema de intervención estatal en el mercado a través del control de precios.

Nuestra Constitución de 1979 (artículo 113°) permitía que el Estado ejerciera actividad empresarial “para promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”, lo que contrasta con el marco normativo establecido por la Constitución de 1993 (artículo 60°), donde se dispone que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

Los mecanismos de intervención en precios y tarifas han variado en su denominación a lo largo del tiempo, incluyendo términos como controlados, regulados, supervisados, subsidiados, administrados, de referencia o fiscalizados. Cada uno de estos términos ha sido aprobado con un componente político y comunicacional. Decir “precio regulado” puede sonar menos restrictivo que “precio controlado”, aunque en la práctica ambos impliquen una intervención estatal en el mercado.

La imposición de precios controlados, si estos son artificialmente bajos, tiende a desincentivar la inversión privada, pues las empresas encuentran poco atractivo invertir en infraestructura, exploración o modernización de equipos. Asimismo, pueden generar que la oferta no cubra la demanda, provocando distorsiones en el mercado y desabastecimiento, si los precios no reflejan los costos reales. Las empresas sujetas a precios controlados pueden operar con ineficiencia y enfrentar pérdidas continuas.

No obstante, nuestra economía está constitucionalmente definida como una economía social de mercado. Bajo este modelo, los controles de precios no son una herramienta habitual ni recomendada, ya que pueden generar distorsiones en la asignación de recursos. Sin embargo, en situaciones excepcionales, el Estado puede intervenir para regular ciertos precios, especialmente en sectores estratégicos como energía, vivienda o alimentos básicos, con el fin de evitar abusos o asegurar el acceso a bienes esenciales.

Tal es el caso de la promoción del consumo de gas natural. En general, la economía social de mercado prefiere mecanismos de regulación y promoción de la competencia en lugar de controles directos de precios, fomentando medidas como la regulación de monopolios, subsidios focalizados o impuestos diferenciales para corregir fallas del mercado sin distorsionar la oferta y demanda.

En lugar de permitir que el mercado determine los precios y tarifas, se confía en la intervención de un organismo estatal en lugar de los agentes privados.

Por todo ello, no me sorprende que la tarifa calculada por la Gerencia de Regulación Tarifaria de Osinergmin haya presentado tantas inconsistencias como las señaladas por GdP, las cuales, al parecer, eran obvias y deberían haberse evitado. Algunas de estas observaciones incluyen:

1. La necesidad de excluir del cálculo de la demanda a los consumidores con consumo cero (25% de los hogares).
2. Crítica a la obligación de conectar a consumidores que no desean recibir el servicio.
3. Falta de consideración adecuada en el estimado de ventas del sector pesquero, incorporando sus características especiales como la estacionalidad y los períodos de veda, lo que genera un cálculo de consumo promedio que no satisface la demanda en los períodos pico.
4. Observaciones sobre los costos unitarios, como la remuneración de los trabajadores, que es inferior a la de otras zonas reguladas.
5. Omisión de la incorporación de personal supervisor en las tarifas, así como una errónea estimación del "round trip" de abastecimiento con el productor.
6. Exclusión de inversiones en infraestructura necesarias para atender la demanda estacional.

Sorprende si, el nivel de detalle con el que el regulador analiza los costos, utilizando en algunos casos indicadores de otras actividades económicas, especialmente del sector eléctrico, por carencia de estudios específicos.

Comprendemos que la regulación de un monopolio busca lograr eficiencia en términos de costos, lo que se traduce en tarifas controladas. Sin embargo, estas tarifas deben garantizar la prestación del servicio con eficiencia y eficacia, considerando que se trata de un monopolio bajo concesión y de un producto, el gas natural, cuya masificación es un objetivo prioritario. Además, no se observa en el cálculo de tarifas la consideración de una bonificación por cumplimiento de metas a lo largo de los años de concesión, lo que podría representar un incentivo adicional para mejorar la calidad del servicio.

 

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[1] https://www.youtube.com/watch?v=pOCViAwfda0

[2] Comprende a las localidades de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Ancash.