viernes, 23 de febrero de 2018

Gas barato por la fuerza de la ley


Escrito por: Econ. César A. Bedón
Docente UPC

Figura en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República desde el 02/10/2017 el proyecto de ley N°1922/2017-CR que lleva como título “Proyecto de Ley que Promueve Gas Barato para los Hogares del Perú”. La iniciativa corresponde a la congresista Marisol Espinoza Cruz, respaldada por su grupo parlamentario “Alianza para el Progreso” amparándose en el Art. 107° de la Constitución que les confiere iniciativa legislativa.

Al referirse al Gas está claro que se trata del GLP (Gas Licuado de Petróleo), en tanto el adjetivo barato es definido por la real Academia Española como “Que tiene un precio bajo o más bajo de lo normal”, admitiéndose otras calificaciones como “de baja calidad”, estando presente en expresiones como “lo barato es, o sale caro” que dan a entender que lo que cuesta poco suele durar poco por su escasa calidad.

El uso y abuso de las ofertas de bienes baratos se grafica muy bien en nuestro país con la oferta del ex Presidente Ollanta Humala, como da cuenta el diario El Comercio en su edición del 19/03/2014[1]: “A menos de dos meses de la primera vuelta en 2011, Humala dijo en el mercado San Antonio del distrito de San Martín de Porres: “Con la propuesta nacionalista el gas costará 12 soles y no más de 30 soles como ahora. Todas estas injusticias, todo este saqueo del país, se acabarán a partir del 28 de julio”. Así lo recogió la web oficial del propio Partido Nacionalista y el diario “La Primera” en su edición del 26 de febrero”.  Esta promesa electoral fue calificada por el suscrito como una falacia ad populum[2] en mi blog “Economía Petrolera” el 29/05/2011[3] anticipándome a lo que a todas luces era una propuesta demagógica.

Se atribuye al Economista Abba Ptachya Lerner (28/10/1903–27/10/1982), el señalar que el problema de los pobres no es el precio que tienen que pagar, sino el que tengan poco dinero para hacerlo; de ahí su propuesta de no manipular los precios sino en una mejor distribución de la renta. Y Lerner es considerado el Milton Friedman de la izquierda.

Cercana a nosotros figura también la experiencia venezolana con la “Ley del Precio Justo” (24/01/2014), y su antecedente en la “Ley de Costos y Precios Justos” (18/07/2011) con los resultados en escasez, carestía, recesión e híper inflación que todos conocemos cuando se ha pretendido eliminar las relaciones de oferta y demanda.

Por ello es que miro con justificada incredulidad una propuesta para que, por ley, se tenga a disposición de todos los consumidores peruanos “gas barato”. La iniciativa legislativa se traduce en el Art.  2° de la propuesta que señala “Autorízase a los Gasocentros y Estaciones de Servicio que comercializan Gas Licuado de Petróleo – GLP – a recargar de manera directa envases de 5 y 10 Kg de GLP para uso doméstico en la cantidad de Kilogramos que demanden los usuarios”. Indica la iniciativa que su objetivo es democratizar y abaratar el acceso y el precio del GLP a los hogares de nuestro país. Es decir, comprar si es posible todos los días, GLP en cantidades menores y con eso “beneficiar” a los consumidores y hacerlos “menos pobres”.

Dentro de la exposición de motivos, el proyecto se refiere a declaraciones de la ex Ministra de Energía y Minas Rosa María Ortíz indicando que “la medida estaba en evaluación y que conduciría a una rebaja del balón de gas, sin precisar el Monto[4]. Lo que no se señala es que en las mismas declaraciones la ex Ministra indicó que se estaba evaluando debido a “un tema de seguridad, trae sus riesgos,” agregando que “No podemos dar cifras (sobre posibles rebajas) porque se deben hacer estudios, pero habrá libre mercado y si bajarían (los precios), pero el problema más importante es la seguridad. Se trata de no poner en riesgo a la población”; por supuesto que nada de esto es recogido en el proyecto de ley.

Propuestas de este tipo se han dado en diversos momentos de nuestra historia. El 30/10/2006 escribí en mi blog Economía Petrolera “¡Gas de cinco kilos se vendeeeeeeeeeeeee![5]. En dicho momento la idea era que las mismas plantas envasadoras pudieran vender en zonas urbano marginales GLP en balones de 5 Kg. Nunca se pensó que una estación de Servicios pudiera llenar o rellenar balones de GLP en sus establecimientos. El entonces Presidente de Petroperú S.A., Ing. César Gutiérrez, acertadamente descartó que el llenado se haga en los mismos grifos, sino en las plantas envasadoras que reúnen las garantías de seguridad para esta operación.

La nueva propuesta señala (erradamente en mi concepto), que está vinculada con el Acuerdo Nacional, más específicamente con las políticas de Estado N°10 “Reducción de la Pobreza”, N°17 “Afirmación de la Economía Social de Mercado” y a la N°19 “Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental”, sin que se sustenten dichos vínculos y beneficios. Yo no encuentro ninguna relación favorable, sino más bien una mala interpretación del significado de la Economía Social de Mercado (ESM) establecida en nuestra Constitución, que exige un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario.

Considero que no es responsable afirmar que se va a lograr un gas barato (no se sabe cuánto más barato), sustentando que la diferencia entre el precio a granel ex planta del GLP y el del balón del mismo producto en domicilio se debe a “los márgenes de utilidades que tienen las envasadoras y comercializadoras”, desconociendo el papel de las plantas envasadoras y sus exigentes requisitos de seguridad e inversiones y cargándoles la responsabilidad de los altos precios en el mercado. En el texto del proyecto se llega a entrever que el margen de las envasadoras es de entre 85 y 125%. Para los promotores del proyecto de ley no existen costos, ni retorno de la inversión. De aprobarse la propuesta, los consumidores estaríamos haciendo uso de inversiones privadas (balones de GLP), sin recuperación económica, desalentando las inversiones necesarias para mantener la industria en estándares de confiabilidad, seguridad y servicio.

Es muy probable que las empresas envasadoras dada la creación de una competencia desleal por ley, eleven sus precios para compensar los volúmenes que se derivarían a las estaciones de servicio, con un resultado perverso para toda la economía.

¿Podrían demostrar nuestros legisladores cómo se va a reducir la pobreza con su propuesta? Por supuesto que no.

La ESM debe garantizar la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego y estimular la inversión privada, aspectos que no se han tomado en cuenta.

Por otra parte, el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo (D.S. N°27-94-EM) prohíbe el llenado de cilindros y/o trasvase de un cilindro de GLP a otro tipo de envase o tanque, en locales de venta y cualquier otro lugar que no sea una planta envasadora; esto por estrictas razones de seguridad. La propuesta incrementaría la presencia y circulación de personas en las áreas destinadas a vehículos con mayor riesgo para sus vidas. Las Estaciones de Servicio son lugares seguros, extremadamente seguros en nuestro país; no deberíamos convertirlas en lugares inseguros.

 Téngase en cuenta, adicionalmente, que los productores de GLP aplican precios discriminatorios más altos para los consumidores automotrices que para las plantas envasadoras. Actualmente (23/02/2018), este diferencial asciende a 9.9%. ¿Qué precio se fijaría para el relleno de balones de GLP en las estaciones de servicio? ¿Se manejarían dos precios, uno para los vehículos, más caro y otro para los consumidores de envasado más barato?

 Indica la propuesta que “es posible desde el punto de vista legal que los gasocentros y las estaciones de servicio comercialicen GLP para uso doméstico”. Es decir, que no se evalúan el riesgo potencial ni los aspectos técnicos, ni la inversión de las plantas envasadoras formales, tampoco la inversión necesaria de las Estaciones de Servicio para implementar el rellenado de balones. Sólo se evalúa el aspecto legal. Y, claro, todo es posible por ley, pero esa posibilidad no debe entrar en contradicción con todos los otros aspectos relacionados, pues de lo contrario pueden causar más daño que beneficios. Los promotores del proyecto no aportan ninguna medida de seguridad que debería implementarse y le encargan dicha tarea al Ministerio de Energía y Minas para que en 90 días dicten las “normas complementarias pertinentes”, situación que adelanto no se podría cumplir con eficiencia.

Señala también la propuesta que el proyecto no tiene efecto sobre la legislación nacional y que no tiene costos y si beneficios, situaciones ambas negadas pues se pretende eliminar la prohibición de envasado en estaciones de servicio, igualmente elevaría los costos de seguros y otras contingencias en las Estaciones de Servicio y los supuestos beneficios no se han cuantificado económica ni socialmente en el proyecto.

Por ello es que el proyecto de ley que analizamos debe ser cuidadosamente revisado, sin populismos, escuchando a todos los actores y viendo quien gana y quien pierde y evaluando todas sus implicancias.




[1] https://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-frustrada-promesa-gas-barato-303047

[2] Una falacia ad populum (dirigida al pueblo provocando emociones), es un razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora.
[3] https://cbedonrocha.blogspot.pe/2011/05/la-falacia-del-glp-doce-soles.html
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