domingo, 16 de diciembre de 2012

Es tiempo que se revise la orientación estratégica de la industria petrolera estatal


Para los economistas, el Estado interviene en la economía solo por dos grandes razones: Por fomentar la eficiencia y por equidad.
Según este análisis, intervenir para construir una refinería de petróleo existiendo una oferta real y potencial del sector privado que no implica costo ni riesgo para el Estado en plena globalización económica y, lo que es peor, pagando a la estatal precios superiores a los que resultarían de su importación no monopólica, no existen razones para tal intervención.
Añadámosle a esta lógica el argumento legal insoslayable para cualquier intento de búsqueda de financiamiento internacional que se quiera lograr, que la Constitución prohibe desarrollar actividad empresarial si no es para cumplir un rol subsidiario (es decir para actuar solo donde no hay interés de privados), por causas de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, supuestos que en el caso de la refinería de Talara no se cumplen (cosa diferente al caso de la refinería de Iquitos, por ejemplo) .
Agreguémosle a esta argumentación legal, la baja de los márgenes mundiales de refinación, que entre los años 2007 y 2011 cayó en promedio 17.3% anual y que se estima sigan cayendo por la inocultable incidencia de la explotación del shale gas y sus plantas de separación, así como el cada vez mayor reemplazo de los consumos de gasolinas, diesel, GLP de procedencia refinera y residuales por derivados del gas natural cuya producción mundial crece anualmente 76% más que la de petróleo crudo. Para suerte nuestro país tiene gas natural.
Si a pesar de todo, se sigue insistiendo que hay que invertir, habría que determinar con claridad que monto estaríamos dispuestos económicamente a desembolsar. De acuerdo con los principios del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, los proyectos deben buscar eficiencia en la utilización de los recursos, sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos por el proyecto y el mayor impacto socio económico. La aparente ventaja de no estar Petroperú sometido al SNIP no es óbice para atentar contra estos principios.
Los logros económicos del Perú que hoy exhibimos ante el mundo, son resultado de la búsqueda de este objetivo económico. El año 2012, nuestro país habrá crecido casi 19,000 millones de US Dólares, con un presupuesto que busca ir avanzando en la búsqueda de inclusión social y en satisfacer necesidades postergadas año atrás año; ¿Podríamos permitirnos el lujo de invertir el equivalente a casi un tercio de este esfuerzo y sacrificio de todos los peruanos, a un proyecto que no contribuye a los objetivos de la inversión estatal?
Desde el punto de vista económico; si una refinería como Talara requiere 3,450 millones de USD para modernizarse y ampliar un 46% su capacidad de refinación llegando a los 95 mil barriles diarios, significa atribuir un valor cero a la inversión actual. Un desembolso de esta magnitud solo se justifica económicamente para una capacidad que por lo menos cuadruplique la prevista para Talara.
Tampoco podemos coincidir con lo que señala el Presidente de Petroperú que las razones para no importar diesel sean de política pública, seguridad energética o por abastecimiento porque podría haber en cualquier momento un problema del mercado internacional, pensamiento éste característico de los promotores del modelo económico basado en la sustitución de importaciones que tuvo especial favoritismo para los populistas latinoamericanos entre los años 40 y 50 o en los desarrollistas de los 60´s y cuyas consecuencias negativas fueron principalmente una ineficiente asignación de recursos, presiones inflacionarias y subsidios para la formación de monopolios estatales, de todo lo cual hoy en día el propio Gobierno quiere alejarse. Si cuesta tanto al país reducir el contenido de azufre en el diesel y hay economías del mundo que lo producen con mayor eficacia, con economías de escala y precios más competitivos y si además los peruanos pagaremos precios como si lo estuviéramos importando, no existe argumento válido para insistir en que no se importe, si fuera necesario. El impacto de la sustitución por gas natural, que casi no contiene azufre, es igualmente otro factor que al parecer no es tenido en cuenta en el balance de impactos de contaminación ambiental.
Es tiempo que se revise la orientación estratégica de la industria petrolera estatal nacional descartando a quienes promueven una integración riesgosa aguas arriba de la industria en actividades de exploración/producción y mirando más bien aguas abajo, en donde se encuentran los márgenes comerciales más rentables. Así, se podría dividir la actividad empresarial entre las actividades refinera, a la que podría llamarse PetroRefino, término acuñado por la actual administración petrolera y las actividades comerciales a la que podríamos llamar Petroperú Comercial, como fue diseñada en los años de la modernización de Petroperú. De esta manera se lograría superar los magros resultados económicos actuales, evitando pérdidas por proyectos anti económicos como los de compra/venta mayorista de GLP, créditos innecesarios a los distribuidores mayoristas, etc.
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