La Memoria 2011 de Petroperú S.A. repite lo que trajo como novedad la del 2010, en el sentido de considerar entre sus “Otras Cuentas por Cobrar” un crédito fiscal por ventas exoneradas de IGV en la Amazonia. No es poca cosa; para el 2011 se señala que esta cuenta es de 196.5 millones de Nuevos Soles y en el período enero/setiembre 2012 señala su Presidente que la recuperación de este monto haría que su utilidad neta se incremente a 185 en lugar de los 83 millones de Nuevos Soles contablemente registrados (123% más).
Este es un elemento más a tener en cuenta cuando hablamos de resultados económicos de las empresas petroleras artificialmente inflados por posibles recuperaciones tributarias de IGV o por reclamos de subsidios ante el MINEM y otros más ante la autoridad tributaria. Con ellos se inflan utilidades, con el agravante que cuando finalmente se resuelva que no tienen validez jurídica se afectará todo de golpe en un solo ejercicio, en el que seguramente habría funcionarios distintos a los que decidieron originalmente estos “ajustes” y que tendrán que “cargar con el muerto”. De acuerdo con el Presidente de Petroperú S.A. el monto en reclamo es mucho mayor pues “Desde el año 2000 hasta la fecha ha venido aumentando el crédito fiscal por el IGV de los combustibles que se venden en la selva y en la medida que el país ha venido creciendo y se incrementó la venta de gasolina, esta cifra podría estar cercana a los 1,000 millones de Nuevos Soles”(1) .
Independientemente de la argumentación legal de parte, que de seguro ha planteado Petroperú y sus asesores jurídicos contratados ante la SUNAT y que sustentan a su Presidente, y de los detalles interpretativos a que está sujeta, amén de la historia precedente que resolvió ya sobre el punto, deberíamos tener presente que la Ley de la Amazonía establece la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) de petróleo, gas natural y derivados en las ventas que efectúa Petroperú S.A. dentro de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios a estaciones de servicio, empresas eléctricas y otros clientes ubicados y para ser consumidos dentro de dichos departamentos. Por su parte Petroperú adquiere petróleo crudo y efectúa otros gastos menores por los que paga IGV y sobre los que ahora viene a reclamar al Tesoro Público.
Por supuesto que no menciona que en sus ventas dentro de la Amazonia, incorpora en el precio de lista la recuperación del IGV a que hace referencia como reclamo pues lo considera como un elemento de costo. Así nos lo hizo saber años atrás cuando, como Presidente del Directorio de Electro Ucayali S.A., reclamamos el porqué de sus precios tan elevados para el Residual 6 en comparación a los vigentes en localidades no exoneradas. Dicho sea de paso, Electro Ucayali S.A., empresa pública, nunca pudo recuperar el IGV pagado en operaciones no exoneradas a pesar que sus tarifas son controladas, cosa que no sucede con la petrolera que maneja precios libres y hasta subsidiados.
Pongamos como ejemplo para clarificar el asunto la venta de Petróleo Industrial 6 que hace Petroperú S.A. en diferentes Plantas anexas o cercanas a sus refinerías (excluyo aquí Pucallpa en que Petroperú no vende directamente).
En Iquitos, con exoneración de impuestos (selectivo al consumo e IGV), Petroperú S.A. aplica un precio de lista de 7.45 PEN/Gln, muy por encima de los precios vigentes en Talara, Conchán (el más bajo por razones de competencia) y El Milagro. Si lo comparamos con el precio de lista de Talara, resulta que en Iquitos Petroperú S.A. cobra 1.07 PEN/Gln ó 16.8% más caro. Es decir, cuando el Estado se sacrifica no cobrando impuestos en la Amazonia, la empresa estatal incrementa sus precios recuperando, indudablemente, el IGV pagado en la adquisición de petróleo crudo.
Todos sabemos que la fijación de precios se hace en nuestro país en base a los precios de paridad de importación en los mercados de competencia; sin embargo nadie revisa el porqué suceden estas injusticias, sobre todo en localidades como las de la Amazonia con menor desarrollo relativo y que, como en el caso del Residual 6 se utiliza principalmente para generación eléctrica, básica para la promoción industrial.
Nadie dice nada; pero lo más preocupante es que, en adición a este injusto sobre precio, todavía se pretenda pedirle al Fisco devoluciones que en mi concepto no tienen ningún sustento. De aplicarse debería entonces revisarse también como es que se fijan los precios en la Amazonia trabajando con precios de paridad (como se hace en plazas de competencia) y no de monopolio.
[1] http://www.larepublica.pe/18-09-2012/petroperu-espera-se-devuelva-s-1000-millones-por-igv
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