Zarandeo de Petroperú en el Plan de Gobierno del Partido Nacionalista Peruano

Para estas elecciones presidenciales en nuestro País se presenta el Cmdte. Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente del Partido Nacionalista Peruano, esta vez bajo las banderas de la organización política “Gana Perú”.

Su Plan de Gobierno 2011 -2016 lleva como título “La Gran Transformación” y ha sido elaborado teniendo a Félix Jiménez como Coordinador Responsable. La página Web de la Pontificia Universidad Católica señala que Jiménez es Profesor Principal de su Departamento de Economía y que cuenta con un Ph.D. en Economía (The New School for Social Research, EE.UU., 1987), así como un Master en Economía (El Colegio de México, 1977) y estudios de Post Grado en Planificación Económica (ESAP-ILPES,CEPAL,PNUD, 1971). Señala además que es Licenciado en Matemáticas (Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 1968). No señala si es Economista titulado y mucho menos, si cuenta con colegiatura en cumplimiento de las leyes peruanas.

Para Jiménez “La Gran Transformación” significa no continuar con el modelo económico “neoliberal” porque va acompañado de una “ostensible desigualdad en la distribución de los ingresos”. A propósito, la palabra neoliberal que les suena al diablo es colocada 108 veces en el documento de 197 páginas.

El objeto social de Petroperú (empresa estatal), es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía. El Plan de Gobierno nacionalista le asigna jugar un rol muy importante:

1. En primer lugar se comprometen en el tema del Gas a poner en marcha una política de “soberanía energética” que otorgue el control de las decisiones en el negocio gasífero a Petroperú, empresa a la que ofrecen repotenciarla. Aquí el mensaje político que se ofrece es que recuperarán los recursos naturales (el gas incluido), para que contribuyan a la eliminación de la pobreza y desigualdad. La culpa de esta pobreza y desigualdad es atribuida a la explotación que hacen “minorías económicas extranjeras”.
2. Se vuelve a señalar que existen “sectores estratégicos” en la economía (al estilo de los 80´s), y lo importante que son “las 36 empresas estatales actuales que tienen alta rentabilidad social y económica y con posición decisiva en sus áreas”. No se señala aquí que existen en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), de un total de 32 empresas estatales supervisadas, 13 en liquidación, 18 con participación minoritaria y 1 con sólo representación en la Junta de Accionistas Las empresas estatales supervisadas por el FONAFE produjeron Utilidades Netas el 2009 por 1,306.6 millones de Nuevos Soles sustentadas en 50,339.0 millones de Nuevos Soles de activos totales (2.6% de utilidad neta sobre activos).
3. Al igual que en el modelo boliviano, que entró en crisis por falta de inversiones, el Partido Nacionalista Peruano propone como “La Gran Transformación” un nuevo régimen de contratos de exploración y explotación en los que Petroperú contratará los servicios de empresas privadas a las que se retribuirá por los servicios prestados. Así indican que se hará “la recuperación de la propiedad del recurso sin estatizar las empresas privadas”. Estos son contratos de servicios.
4. Al 30 de noviembre de 2010, Perupetro tiene suscritos 67 Contratos por un total de 39.6 millones de Hectáreas 100% sujetas a Licencia en la fase exploratoria que es más importante aún que la fase de explotación. Aquí no se cuenta con Contratos de Servicios. Estos no son atractivos.
5. En la fase de explotación (con 19 contratos suscritos), apenas un 12.6% del área contratada en el Perú (0.2 millones de Hectáreas) obedece a la modalidad de operaciones y servicios. Los contratos de los lotes 56 y 88 operados por el Consorcio Camisea se ubican en la categoría de contratos de Licencia que son a los que se refiere el Plan de Gobierno cuando planea hacer “La Gran Transformación” de convertirlos en contratos de servicios.
6. Encargan a Petroperú un rol rector en lograr los objetivos de establecer como “Reservas Estratégicas Nacionales de Gas” a los lotes 88 y 56, la promoción de construcción de redes de gasoductos para atender todo el territorio nacional y certificar la existencia de excedentes para la exportación de Gas Natural una vez satisfecha la demanda nacional.
7. Otorgarán un afianzamiento a Petroperú brindándole fortalecimiento y modernización para hacerla una empresa estatal integrada, competitiva e internacionalizada a cargo de áreas estratégicas.
8. Señalan que Petroperú tendrá una política de explotación petrolera que se sustente en las más estrictas exigencias ambientales y las respectivas consultas a las poblaciones. Todo esto a partir de contratos de servicios y/o consorcios con Petroperú como empresa del Estado. Se señala que las empresas privadas tendrán “ganancias razonables” sin definir que significa este término.
9. El Plan de Gobierno señala que se revisarán y se renegociarán los términos de los contratos de exploración y explotación petrolera que serán ofrecidos por Petroperú a los inversionistas. Indica además que el lote Z2B, “que nunca fue suscrito por el Estado con Petrotech”, y otros lotes de Petrotech (Hoy Savia), operando en el Zócalo Nor Nor Oeste, se recuperarán para Petroperú”. No aparece clara aquí la función que le quedaría a Perupetro de quien poco menciona apenas para señalar que será adecuada a su objeto social con un directorio calificado en base a la meritocracia.
10. Finalmente el documento en comentario indica que se renegociarán los contratos de explotación tomando en cuenta las acciones de control y de fiscalización efectuadas y que Petroperú avanzará a la integración vertical proyectándose a la petroquímica, en el cambio hacia una política de soberanía energética.

Por supuesto que todas estas propuestas pasan antes por lograr una modificación de la Constitución y así lo proponen cuando señalan que hay que transformar el Estado con una nueva Constitución para hacerlo, entre otras cosas, “regulador de la economía de mercado”. Indican que “Sea cual fuere el camino que se escoja para llegar a una nueva Constitución, el punto de partida debe ser la nulidad del texto de 1993 y la declaración de la vigencia de la Constitución de 1979 en todos sus efectos”. Debe señalarse que tanto la Constitución de 1979 y la de 1993 declaran que en nuestro país rige una economía social de mercado, no una “economía de mercado” que todos los economistas sabemos es otra cosa.

Lástima se hable de Petroperú en esos términos, en un esquema a la boliviana, con un mercado protegido, sin competencia, con una administración burocrática, inmersa en una economía nacional de mercado que no existe más que en la imaginación de quienes la agitan como bandera; todo un salto al vacío.