lunes, 12 de febrero de 2007

No puede haber acuerdo contra la Constitución, Sr. Ministro

Si aceptamos como cierta la información que nos trae hoy lunes el diario La República, tenemos que decirle al Sr. Ministro de Energía y Minas, Arq. Juan Valdivia, que el problema de mantener una comercialización eficiente de GLP como la que tenemos no es una cuestión de acuerdos entre envasadoras.

Señala el diario en mención que “Gobierno intervendrá si envasadores no se ponen de acuerdo en parque común para cilindros de Kilos, anuncia MEM”; añade “…el MEM, por intermedio de la Dirección General de Hidrocarburos y en diálogo con los envasadores, decidió la creación de un fondo común para los balones de GLP en libras … En este punto si se han puesto de acuerdo, por eso el MEM lo anunciará la semana entrante …” (se refiere a un parque común temporal en Libras que forma parte de una propuesta integral de la Asociación Gas LP Perú y que como tal no puede ser tomado en forma aislada).

Verdaderamente que se nos ponen los pelos de punta sobre cual podría ser el anuncio del Ministerio de Energía y Minas si, como leemos, la actuación del Estado y su Gobierno dependen de que los envasadores de GLP se pongan de acuerdo. Esto además va en línea con declaraciones de otros funcionarios del Sector que señalan que las normas que el Ministerio de Energía y Minas no van a ser del “gusto de todos” .

El Ministerio de Energía y Minas es el órgano normativo en el caso del GLP, y en ningún caso puede delegar esa responsabilidad a acuerdos entre envasadoras. Sino imaginemos cuantas fallas de mercado se podrían derivar de estos acuerdos que contarían con el aval del Gobierno, sólo porque se produce el ansiado acuerdo.

El Ministerio debe basar su accionar en la aplicación de criterios técnicos, en la investigación sobre la casuística internacional, en la búsqueda del bien común y en el irrestricto respeto a la Constitución y las leyes que garantizan en el Perú el respeto a la propiedad, la promoción de la inversión privada y la libre actividad empresarial. Adicionalmente la búsqueda del mantenimiento de la seguridad y confort del consumidor deben ser criterios que orienten su labor. Para no hablar de una innecesaria intervención en un asunto como el negocio del GLP que es una actividad que viene siendo desarrollada por privados, sin subsidios, en libre competencia y lo que es mejor aún, sin ningún reclamo por insatisfacción de los consumidores. Aquí los únicos que arman el bochinche son un muy pequeño sector del mercado que abusando de la aparente falta de autoridad pretenden ganar a río revuelto.

La posición ministerial, dentro de este marco, no puede estar sujeta a que no se desprenda “ruido político” por tal o cual decisión. Si bien es cierto el esfuerzo de convocar a las envasadoras al diálogo es digno de aplauso, esta convocatoria debe efectuarse con una “autoridad” que realmente cumpla su rol de autoridad, valga la redundancia, y ponga sobre la mesa criterios que bajo ningún punto de vista pueden ser sujetos de negociación.

Según estos criterios no puede aceptarse en el diálogo que algún agente del mercado declare que como la legislación vigente va contra sus intereses (o cualquier otra leguleyesca interpretación intencionada), él no la cumple. Tampoco valdría tener en cuenta la posición de agentes que se niegan a la fiscalización del organismo regulador impidiendo su accionar al cerrarle las puertas de sus instalaciones o que rechacen la labor de la SUNAT en la revisión de sus obligaciones con el Estado. Hacer lo contrario y permitir el abuso y la intransigencia solo denotan una debilidad que es perjudicial para todos los consumidores y que hacen que la convocatoria se convierta en un diálogo de sordos.

Si la Constitución, las Leyes y el propio Ministerio de Energía y Minas a través del Reglamento de Comercialización indican que en nuestro país se respeta la propiedad como un valor fundamental de nuestra civilización y garantía para la inversión tanto nacional como extranjera, no puede admitirse que el responsable político del Sector declare que las envasadoras deben ponerse de acuerdo para que en adelante, cualquier envasadora pueda usar los cilindros de propiedad de terceros en sus actividades comerciales (parque común o comunista como yo lo llamo). En la medida que no existe propiedad sin exclusividad, lo que se haría de establecerse un parque común en Kilogramos sería una expropiación de hecho de los cilindros de GLP en Kilogramos. Y creemos que nadie, en su sano juicio en nuestro país, este pensando en la expropiación como medida política.

Recordemos que el Art. 70º de la Constitución señala que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza y que a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Como resulta evidente, la expropiación de balones para crear un parque común no se encuentra en ninguno de estos supuestos.

Por eso resulta urgente y necesario que el Sr. Ministro corrija sus declaraciones y ratifique el respeto de su Gobierno al cumplimiento irrestricto de la Constitución, sin la más mínima duda ni tampoco buscando acuerdos en puntos donde no los puede haber, y que más bien sus declaraciones contribuyen a una inestabilidad enorme para la inversión.

Recordemos que, anualmente, sólo por incremento de las ventas de GLP (sin contar la renovación por deterioro), se deben incorporar al mercado medio millón de balones de GLP adicionales, una inversión fresca de cerca de 10 millones de dólares anuales que, en el supuesto de un inconstitucional parque común tendría que ser trasladada a los propios consumidores pues nadie va a invertir en aquello que no puede usar en exclusividad y no por las envasadoras como debería ser. La dinámica del crecimiento del mercado ha hecho que las envasadoras privadas tengan que invertir para mantener un buen servicio a los consumidores y si algunos agentes privados no pueden hacerlo es el propio mercado el que los elimina y no pueden cargarles a todos los consumidores los efectos de una expropiación para suplir su incapacidad comercial.

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