Econ. César Bedón RochaLunes 6 de marzo del 2006
Según las declaraciones de los representantes de TGP (1) , serían organizaciones ecologistas enemigas del Proyecto Camisea las responsables de atribuir fallas inexistentes en el proceso de construcción y operación de los ductos.
Según las declaraciones de los representantes de TGP (1) , serían organizaciones ecologistas enemigas del Proyecto Camisea las responsables de atribuir fallas inexistentes en el proceso de construcción y operación de los ductos.
Les sugiero que revisen como yo lo hice la presentación que aparece actualmente en la Web del OSINERG (2) y que se titula “Derrame de LGN en el KP 8+800” elaborado por la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos y que corresponde al incidente del 22 de diciembre del 2004.
¿QUE FALLO?
A la pregunta ¿Qué Falló? el documento oficial del OSINERG responde que falló el material del tubo en la zona cercana al cordón de soldadura y que las causas fueron fallas en el proceso de construcción por la soldadura de la junta, manipuleo de la tubería y sobre carga. Prácticamente lo mismo que ha sostenido en una audiencia pública del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, la consultora independiente E-Tech International. Recordemos que en diciembre del 2005 el Presidente del OSINERG declaró en medios que habían señalado a TGP varios puntos críticos en los gasoductos. Y acaso ¿OSINERG es una ONG ecologista?
Los impactos de este derrame según el mismo informe del OSINERG fueron la contaminación de la quebrada Kemariato, 300 m3 de tierra contaminada con hidrocarburos en la zona del derrame y un área afectada de 400 m2. El volumen de hidrocarburos derramados fue de 115 m3.
INCUMPLIMIENTOS EN LA CONSTRUCCION
La etapa de construcción del Proyecto Camisea no ha estado exenta de incumplimientos. La mayor parte de las denuncias al Proyecto (3) han sido por el incumplimiento de pagos como compensación por la afectación de predios, la desestabilización de taludes que afectan terrenos de cultivo, el uso de canteras y botaderos de material de corte que afectan los predios, la afectación de la infraestructura de riego y vial, la afectación de recursos hidro biológicos debido a los cruces de los ductos con los ríos (por el incremento del sedimento en los cursos de agua por excesiva deforestación de suelos y erosión), el riesgo de afectación de recursos naturales en Reservas, la demora en la ejecución del programa de desarrollo local y la demora en la recomposición del derecho de vía.
El Comercio, los últimos días nos ha venido documentando con detalle de lo que han observado en una visita de 22 días por las comunidades nativas del bajo Urubamba. La invasión de residuos sólidos, la proliferación de botaderos, los cambios violentos en el estilo de vida de los nativos, la aparición del plástico y hasta de burdeles anteriormente desconocidos son algunos de los daños ocasionados, amén de las injustas compensaciones por el daño ecológico causado. Estoy seguro que mucha de esta documentación debe ser de conocimiento del GTCI (Grupo Técnico de Coordinación Institucional), formado por 21 entidades públicas y cuyo acceso a través de la Web del Ministerio de Energía y Minas no es posible.
Y AHORA OTRA ROTURA
Se ha tomado conocimiento de un quinto incidente en 15 meses de operación de los ductos el sábado 4 de marzo, esta vez en el de líquidos del gas natural y con 3 heridos que se suman a los diecisiete muertos que la Defensoría del Pueblo indica se han producido hasta ahora a lo largo del Proyecto.
Sin embargo a pesar de los informes del OSINERG que hemos comentado (y cuantos otros que seguramente existen pero no son de conocimiento público), a la declaración de la Defensoría del Pueblo (4) sobre abusos cometidos , al informe de E-Tech Internacional y a las denuncias de las comunidades nativas seguiremos cerrando los ojos y nuestras autoridades insistirán seguramente en que no nos dejemos sorprender por “declaraciones interesadas” y a indicar seguramente que “el abastecimiento está garantizado” y que no hay de que preocuparse, con un “entusiasmo” que ya preocupa y que incluso ahora sugiere que podría tratarse de actos de sabotaje.
LAS SANCIONES DEL OSINERG
De los siete procesos que ha iniciado Osinerg contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por los incidentes registrados en las tuberías de gas y líquidos de Camisea, el organismo regulador ha logrado resolver sólo tres. Esto ha implicado multas de que representan cerca de 3.1 MMS/.
Adicionalmente debemos señalar que no es la primera vez que el organismo regulador sanciona a TGP. En la etapa de construcción de los ductos la multó dos veces con 3.7 MMS/: y 2.5 MMS/. La causa principal de estas multas fue por haberse afectado terrenos no permitidos en las obras de construcción.
TGP NO HA CANCELADO TODAVIA NINGUNA MULTA
El procedimiento de sanción es sumamente largo y engorroso pues luego de las investigaciones preliminares debe oficiarse al infractor que se le está iniciando un proceso sancionador, el mismo que con las reconsideraciones a la Gerencia General y las apelaciones al Consejo Directivo del OSINERG excede los dos años para recién agotar la vía administrativa. Y a partir de ahí la empresa sancionada inicia su demanda en lo contencioso administrativo ante el Poder Judicial en el que se estima que, en el mejor de los casos, se tomarán un mínimo de dos años para resolver y no sabemos como, por no contarse con sala especializada ni con la confianza de la opinión pública en un Poder autónomo.
¿ES QUE ACASO NO HAY OTRA SALIDA QUE LAS MULTAS DEL OSINERG?
Ya hemos visto en el caso de los combustibles líquidos cuya adulteración y merma en los despachos no puede ser sancionado eficientemente según la propia declaración del OSINERG y al final, si se llegan a dar sanciones, se convierten en costos de comercialización para informales costando más el proceso para nuestro Estado que la sanción impuesta.
Los actos previos al inicio de un proceso sancionador significan gastos enormes para el Estado. La demora del procedimiento administrativo torna la sanción en una burla y la posterior demanda en el Poder Judicial significa otra enorme cantidad de gastos y contratación de asesoría legal especializada.
Si la cosa es así, entonces ¿Para qué el largo proceso administrativo si en todos los casos de imposición de sanciones estas van a ser apeladas ante el Poder Judicial?
Si el organismo regulador se supone que es el organismo técnico autorizado y que en su accionar es transparente y sigue el debido proceso ¿Por qué entonces acudir al Poder Judicial no especializado? ¿No sería mejor que la legislación se modifique y se acuse directamente ante el Poder Judicial por la Defensoría del Pueblo especializada y potenciada con los recursos económicos del regulador?
Queda claro que urgen cambios para que las multas del OSINERG no sigan siendo motivo de burla.
NOTAS
- TGP es un Consorcio responsable de traer el Gas de Camisea hasta el City Gate en Lurín. Lo forman Techint, Hunt Oil, Pluspetrol, Sonatrach, Tractebel y Graña & Montero.
- La Defensoría del Pueblo consigna que entre 2001 y 2003 fallecieron de influenza 17 personas pertenecientes a comunidades nativas en contacto inicial, y que habían recibido visitas de trabajadores de las compañías. Se han anotado 16 casos de sífilis en las comunidades nativas de Camisea y Shivacoreni. Las comunidades atribuyen estos hechos a la aparición de prostíbulos cerca de los campamentos de la empresa Techint (encargada de la construcción del gasoducto) - "El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas"
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