¡Sin asco!
En un solo día, de un
plumazo, sin consideración alguna, la empresa estatal Petroperú S.A. subió los
precios de los combustibles que comercializa entre 6% (GLP a Granel), 12%
(Gasohol 97, 95 y 90) y hasta 13% (Gasohol 84 y Diesel B5-S-50), a partir del
jueves 10/03/2022.
Suerte de los
oligopolios que pueden tener esta libertad de fijar los precios que se le ocurran,
en el momento que se les ocurra, sin perder un solo día, sirviendo de ejemplo en
el caso de Petroperú a su competidor REPSOL. Ah, pero manteniendo sus niveles
de ganancia unitaria manejados como un porcentaje en el que se incluye ganancia
para el productor y para el distribuidor mayorista, ampayados en fórmulas “referenciales”
manejadas por el MINEM y el OSINERGMIN que hace tiempo dejaron de reflejar un
costo de eficiencia para la sociedad; menos aún reflejo de un mercado de libre
competencia más bien oligopolizado.
Y claro, sube el precio ex
planta del combustible y también sube la ganancia unitaria del
productor/importador y mayorista, más el efecto lógico de réplica en el mercado
de retail. Por su puesto que la mirada de los medios de comunicación estará puesta
en las estaciones de servicio y no en los productores/importadores. Veremos “entrevistas”
a los tótems y preguntas obvias y manidas de calificación del aumento a los
taxistas y despotricarán del libre mercado. Por supuesto que no faltará alguna
primera plana en diarios del día siguiente y quizá hasta opiniones de “expertos”;
pero, luego de 2 días “no pasa nada”.
Sin embargo, no son
estos agentes de la cadena de valor los únicos que se benefician en este río
revuelto de elevaciones de precios; y es aquí donde deberíamos encontrar la
política de Gobierno que, a falta de ella, debería ser iniciativa de su
empresa petrolera.
1. El
Estado a través de la SUNAT igualmente se beneficia con gran regocijo al cobrar
8% del impuesto al rodaje en las gasolinas, sobre un valor de venta
incrementado en 12%; es decir recauda ahora 9.0%; un punto más por galón. ¿Por
qué no desaparecer este tributo que no cumple con el fin para el que fue
creado?
2. Igualmente,
no se perjudica el fisco en el cobro del Impuesto Selectivo al Consumo (fijado
en términos absolutos de Nuevos Soles por Galón), de 1.16 PEN/Gal en el Gasohol
90 y 1.21 en Gasolina 90 octanos, las gasolinas de mayor venta en nuestro país
57.2% de la venta en diciembre 2021 (MINEM/DGH). Hace algunos años logramos
eliminar de este cargo al GLP ¿Por qué no eliminarlo también de las gasolinas,
o es que se sigue pensando que son productos suntuarios?
3. Nuevamente
el fisco a través de la recaudación del 18% de IGV con un precio elevado esta
semana en 12%. Más ingresos, pero ninguna señal de atención al problema.
Por su puesto que la
mirada de los medios de comunicación estará puesta en las estaciones de
servicio y no en los productores/importadores. Veremos “entrevistas” a los
tótems y a los taxistas y despotricarán del libre mercado que se pregona en la
teoría pero no aplica los mecanismos para combatir sus fallas ¿Y los organismos
reguladores?
Pero, ¿acaso no se
puede hacer nada?
Recuerdo que, hace unos
años el BCRP, efectuaba reuniones con responsables de la industria y comercio
de combustibles para anticiparse a los incrementos exagerados de precios. Yo
mismo he participado en alguna de ellas. Y es que esa es la principal (única)
función del Banco Central: preservar la estabilidad monetaria. En este escenario no hemos visto este
reaccionar proactivo.
De acuerdo con la nueva
estructura de precios al consumidor (INEI) vigente a partir de enero 2022, el
peso de los precios del gas y otros combustibles es de apenas 1.069% en la
canasta familiar, por lo que un aumento de 12% impactaría en un 0.14% en la
inflación del mes; tecnicismos, dirán. Ya veremos con el efecto multiplicador,
tanto real como sicológico de este “gasolinazo”.
No basta con que la
empresa del Estado peruano, que proclama ser líder del mercado, emita una Nota
de Prensa que comete los siguientes errores:
1. Manifestar
que tiene «los precios a nivel mayorista más competitivos en el mercado
local». El consumidor no se abastece de un distribuidor mayorista y la idea
no es ser competitivo a nivel mayorista sino pensar en el consumidor final; además
no está demostrado que lo que afirman sea cierto. ¿Han evaluado acaso la
conveniencia de mantener el canal mayorista? ¿Han evaluado los precios
escalados en localidades fuera de Lima? ¿Convendría un precio único nacional?
¿No se puede reducir el elevado costo financiero de los créditos que llegan a
90 días?
2. Señalar
que « Con relación al GLP envasado y diésel de uso vehicular, el precio de
lista vigente se mantiene, dado que se encuentran comprendidos en el Fondo de
Estabilización de Precios de Combustible». Sin embargo, el GLP para uso
automotriz (principalmente taxistas), ha subido 6.5% en el Callao y 6.3% en
Talara, manteniéndose además un ilegal precio discriminatorio de 14% sobre el
mismo producto vendido a las empresas envasadoras. ¿Por qué mantener esta
discriminación?
¿Han evaluado
contribuir con el país y dejar de cobrar en el GLP para envasadoras el precio
límite superior de la banda y no el inferior (0.60 PEN/Balón[1]),
teniendo en cuenta además que reciben 1.00 PEN/Balón como factor de
compensación? ¿Trasladan al público descuentos recibidos de Pluspetrol? ¿Y si
no los tienen, los han podido negociar, sin arbitrariedades?
3. Decir
que «Como consecuencia del conflicto armado entre Rusia y Ucrania se viene
dando una crisis global en el suministro de petróleo crudo y de productos
derivados lo que explica el rápido incremento de los precios a nivel
internacional. Esta situación encarece nuestras compras de crudo, insumos y
productos terminados». No se tiene en cuenta que han tenido una ganancia en
inventarios el 2021 de 218.7 millones de USD; tampoco que aplican precios de
paridad de importación para combustibles fabricados en el país. Menos aún que
el tipo de cambio viene descendiendo y se debe dar señales al mercado para que
este descenso continúe y no agravarlo con paquetazos.
4. Finalmente
deja mucho por demostrar la afirmación que «PETROPERÚ reafirma su compromiso
y hace los mejores esfuerzos para mantener precios competitivos a nivel
nacional en estricto cumplimiento de la legislación peruana». Se exige una
demostración como empresa del Estado peruano que demuestre verdaderas acciones
para menguar los efectos adversos del alza de precios y no simplemente
incrementarlos sin ningún esfuerzo de su parte; por ejemplo, no aplicar listas
semanales mientras dure el conflicto y establecer períodos más largos de
efectivización.
Como siempre, quedo
atento a las críticas constructivas, pero algo tenemos que hacer en un período
tan grave como el que nos ha tocado vivir.
