martes, 3 de diciembre de 2013

Atentado contra la masificación del gas natural en el Perú



Diversos analistas independientes, han alertado que en nuestro país se ha cometido un grave atentado contra la ansiada masificación del gas natural, al extremo que ésta se convertiría en una quimera, principalmente para el millonario número de hogares de todo nivel socio económico que esperan confiados en las promesas del gobierno, y a los que se pretende seguir desinformando.
En el discurso presidencial del 28-07-2013, al referirse a la política de infraestructura el Cap(r) Ollanta Humala señaló “Además, tenemos el proyecto de Masificación del uso de Gas Natural por 242 millones de USD que beneficiará con conexiones domiciliarias a más de 200 mil familias en 11 ciudades del interior del país”. Este anuncio se dio a raíz que el gobierno, 3 días antes, había adjudicado la Buena Pro a los contratos de concesión para la distribución de gas natural por redes en las zonas norte y sur del Perú, al que Pro Inversión había denominado, inadecuadamente en mi concepto, “Masificación del uso de gas natural a nivel nacional”.
Y es que nuestras autoridades han malentendido la política de masificación del gas natural incorporando inadecuadamente a consumidores distintos a los residenciales, cuando la masificación como proceso debe involucrar principal y mayoritariamente el consumo domiciliario, el mismo que ha devenido en una promesa presidencial incumplida.
Las características de las concesiones otorgadas, lejos de propiciar la masificación del gas natural para consumo de los hogares peruanos, esconden el hecho de propiciar una competencia desleal con precios y condiciones de venta discriminatorios a favor de los nuevos monopolistas, introduciendo  monopolios en localidades donde ya existían características de mercados competitivos con cuantiosas inversiones efectuadas y comprometidas en gas natural comprimido (GNC). Por supuesto que los nuevos concesionarios monopolistas terminarán con quienes apostaron por la inversión en GNC en el Perú.
Los inversionistas del GNC en el Perú apostaron por invertir en este negocio siguiendo el impulso promocional del Estado peruano, el mismo que el año 2007 inauguró la primera planta de GNC. En dicha Planta el gas natural se comprime reduciendo su volumen hasta 300 veces, y vía camiones portadores de módulos, en los que va el producto, se abastece a las estaciones de servicio donde aún no llegan las redes físicas mediante un novedoso sistema patentado como “gasoducto virtual”. Este sistema permite acceder al consumo de gas natural a estaciones de servicio e industrias ubicadas fuera de la red de distribución vía ductos en un radio de 350 kilómetros.
Una clara señal del apoyo estatal para operar con GNC la dio la creación de la empresa GNC Energía del Perú S.A. mediante una asociación estratégica formada entre Petroperú S.A. y Virtual Gasnet Internacional S.A., del grupo SOCMA, uno de los grupos económicos argentinos más importantes. En este contexto, la empresa estatal, efectuó un aporte de capital equivalente al 49% para la suscripción del contrato de fideicomiso. Ante estas señales de apoyo a la política de masificación vía GNC, la inversión privada de riesgo no se hizo esperar.
La diferencia entre esta competencia privada y los nuevos monopolios radica en que el suministro a las localidades concesionadas se dará a los concesionarios tomando gas natural licuado (LNG) en la planta de Perú LNG ubicada a la altura del kilómetro 170 de la carretera Panamericana Sur, para de allí transportarse en camiones hasta las zonas de la concesión donde se regasificará el LNG y se introducirá a las redes de distribución. De esta manera los concesionarios evitan el pago de servicios de compresión/descompresión en abierta ventaja frente a los inversionistas de GNC.
Adicionalmente, el LNG por decisión gubernamental, será vendido a los concesionarios con un precio preferencial menor al de los operadores independientes dejándolos fuera de mercado, debiendo circunscribir sus operaciones a Lima Metropolitana, donde a medida que el concesionario Cálidda vaya expandiendo sus redes los dejará igualmente sin ninguna posibilidad de operación. Amarga realidad.
Para colmo de males, el Decreto Supremo N°033-2013-EM aprobado por el gobierno el 26-08-2013, con posterioridad al concurso de concesiones, introduce el Art. 132° al reglamento de distribución de gas natural por red de ductos mediante el cual todos los usuarios del área de concesión (incluidos los consumidores residenciales), solventarán los costos de servicios de compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular y otros; de esta manera los hogares subsidiarán a los grandes consumidores. Increíble.
El supuesto beneficio para los hogares peruanos resulta inexistente pues son volumétricamente quienes menos consumen y el mercado relevante para un concesionario será el gran consumidor ya sea comercial o industrial. En este sentido debemos recordar que sólo en el área rural peruana se registran 1.5 millones de hogares que cocinan con leña, bosta y otros combustibles sólidos (censo 2007). En las concesiones otorgadas existe el compromiso de conexión a fines del año 2016 de sólo un 14.9% de la meta (19.8% en el norte y 3.5% en el sur oeste), dejando el 85.1% de hogares desatendidos para el próximo gobierno.
Estas cifras son contundentes para demostrar la errada política del gobierno que da condiciones económicas preferenciales a ciertas empresas, en desmedro de otras y sin velar por el consumo doméstico. Recordemos que nuestra Constitución señala que el estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.
Claramente se detectan situaciones que podrían devenir en acciones de defensa legal como procesos constitucionales de acción popular y amparo, así como procedimientos administrativos de barreras burocráticas y competencia desleal.
La solución es dar de inmediato condiciones igualitarias en el costo de adquisición del gas natural para todos los operadores ya sean concesionarios o no y garantizar la libre competencia que ha sido eliminada.
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