Diversos analistas independientes, han alertado que en nuestro
país se ha cometido un grave atentado contra la ansiada masificación del gas
natural, al extremo que ésta se convertiría en una quimera, principalmente para
el millonario número de hogares de todo nivel socio económico que esperan
confiados en las promesas del gobierno, y a los que se pretende seguir desinformando.
En el discurso presidencial del 28-07-2013, al referirse a la
política de infraestructura el Cap(r) Ollanta Humala señaló “Además, tenemos el proyecto de Masificación del uso de Gas Natural por
242 millones de USD que beneficiará con conexiones domiciliarias a más de 200
mil familias en 11 ciudades del interior del país”. Este anuncio se dio a
raíz que el gobierno, 3 días antes, había adjudicado la Buena Pro a los contratos
de concesión para la distribución de gas natural por redes en las zonas norte y
sur del Perú, al que Pro Inversión había denominado, inadecuadamente en mi
concepto, “Masificación del uso de gas
natural a nivel nacional”.
Y es que nuestras autoridades han malentendido la política de
masificación del gas natural incorporando inadecuadamente a consumidores
distintos a los residenciales, cuando la masificación como proceso debe
involucrar principal y mayoritariamente el consumo domiciliario, el mismo que
ha devenido en una promesa presidencial incumplida.
Las características de las concesiones otorgadas, lejos de
propiciar la masificación del gas natural para consumo de los hogares peruanos,
esconden el hecho de propiciar una competencia desleal con precios y
condiciones de venta discriminatorios a favor de los nuevos monopolistas,
introduciendo monopolios en localidades
donde ya existían características de mercados competitivos con cuantiosas
inversiones efectuadas y comprometidas en gas natural comprimido (GNC). Por
supuesto que los nuevos concesionarios monopolistas terminarán con quienes
apostaron por la inversión en GNC en el Perú.
Los inversionistas del GNC en el Perú apostaron por invertir
en este negocio siguiendo el impulso promocional del Estado peruano, el mismo
que el año 2007 inauguró la primera planta de GNC. En dicha Planta el gas
natural se comprime reduciendo su volumen hasta 300 veces, y vía camiones
portadores de módulos, en los que va el producto, se abastece a las estaciones
de servicio donde aún no llegan las redes físicas mediante un novedoso sistema patentado
como “gasoducto virtual”. Este
sistema permite acceder al consumo de gas natural a estaciones de servicio e
industrias ubicadas fuera de la red de distribución vía ductos en un radio de
350 kilómetros.
Una clara señal del apoyo estatal para operar con GNC la dio
la creación de la empresa GNC Energía del Perú S.A. mediante una asociación
estratégica formada entre Petroperú S.A. y Virtual Gasnet Internacional S.A.,
del grupo SOCMA, uno de los grupos económicos argentinos más importantes. En
este contexto, la empresa estatal, efectuó un aporte de capital equivalente al
49% para la suscripción del contrato de fideicomiso. Ante estas señales de apoyo
a la política de masificación vía GNC, la inversión privada de riesgo no se
hizo esperar.
La diferencia entre esta competencia privada y los nuevos
monopolios radica en que el suministro a las localidades concesionadas se dará a
los concesionarios tomando gas natural licuado (LNG) en la planta de Perú LNG
ubicada a la altura del kilómetro 170 de la carretera Panamericana Sur, para de
allí transportarse en camiones hasta las zonas de la concesión donde se
regasificará el LNG y se introducirá a las redes de distribución. De esta
manera los concesionarios evitan el pago de servicios de
compresión/descompresión en abierta ventaja frente a los inversionistas de GNC.
Adicionalmente, el LNG por decisión gubernamental, será
vendido a los concesionarios con un precio preferencial menor al de los operadores
independientes dejándolos fuera de mercado, debiendo circunscribir sus
operaciones a Lima Metropolitana, donde a medida que el concesionario Cálidda
vaya expandiendo sus redes los dejará igualmente sin ninguna posibilidad de
operación. Amarga realidad.
Para colmo de males, el Decreto Supremo N°033-2013-EM aprobado
por el gobierno el 26-08-2013, con posterioridad al concurso de concesiones,
introduce el Art. 132° al reglamento de distribución de gas natural por red de
ductos mediante el cual todos los usuarios del área de concesión (incluidos los
consumidores residenciales), solventarán los costos de servicios de compresión,
descompresión, licuefacción, regasificación, transporte vehicular y otros; de
esta manera los hogares subsidiarán a los grandes consumidores. Increíble.
El supuesto beneficio para los hogares peruanos resulta
inexistente pues son volumétricamente quienes menos consumen y el mercado
relevante para un concesionario será el gran consumidor ya sea comercial o
industrial. En este sentido debemos recordar que sólo en el área rural peruana
se registran 1.5 millones de hogares que cocinan con leña, bosta y otros
combustibles sólidos (censo 2007). En las concesiones otorgadas existe el
compromiso de conexión a fines del año 2016 de sólo un 14.9% de la meta (19.8%
en el norte y 3.5% en el sur oeste), dejando el 85.1% de hogares desatendidos para
el próximo gobierno.
Estas cifras son contundentes para demostrar la errada
política del gobierno que da condiciones económicas preferenciales a ciertas
empresas, en desmedro de otras y sin velar por el consumo doméstico. Recordemos
que nuestra Constitución señala que el estado combate toda práctica que limite
la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.
Claramente se detectan situaciones que podrían devenir en
acciones de defensa legal como procesos constitucionales de acción popular y
amparo, así como procedimientos administrativos de barreras burocráticas y
competencia desleal.
La solución es dar de inmediato condiciones igualitarias en el
costo de adquisición del gas natural para todos los operadores ya sean
concesionarios o no y garantizar la libre competencia que ha sido eliminada.
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