Frente al Foro Económico Mundial
que se realiza en nuestro país, el Sr. Presidente Ollanta Humala señaló que el
Perú había vivido “las influencias de las
diferentes corrientes mundiales en torno al desarrollo” económico, habiendo
pasado de una experiencia fuertemente pública en la década de los 70´s a otra
que se ubica en el extremo opuesto que implica “la reducción del Estado a su mínima expresión”. Agregó a este
cuestionamiento que venimos construyendo un Estado más equilibrado que ya
aprendió de ambas experiencias.
He aquí un opaco análisis, por lo
demás ya superado en el mundo desde cerca de 70 años e incorporado en nuestro
país en las constituciones de 1979 (Art. 115°) y 1993 (Art. 58°) en que se
establece que “La iniciativa privada es
libre. Se ejerce en una economía social de mercado”.
Es precisamente esta economía social
de mercado, cuyas características muchos desconocen, la que brinda el
equilibrio denunciado por nuestro Presidente como una carencia. Los valores
éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran en
principios que guardan relación con el bien común, la dignidad humana, la
solidaridad y el rol subsidiario del Estado con la finalidad de lograr un
sistema económico al servicio del hombre. Este sistema adoptado por nuestro
país y muchos otros del mundo se entiende como un sistema que asume una
responsabilidad social y un modelo económico adaptado a los cambios sociales con
márgenes y límites reglamentados según una agenda de valores y principios.
La Constitución peruana, que
debería ser mostrada como modelo ante el mundo, es la que da responsabilidades
al Estado para actuar “principalmente en
las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios
públicos e infraestructura”; suficientes responsabilidades ya como para empeñarnos
en retomar otras vías que incluyan el retorno a un estatismo económico que casi
todos rechazamos.
No es que se haya reducido al
Estado a su “mínima expresión”. Decir esto implicaría que las enormes tareas de
responsabilidad estatal no son importantes y quizá por ello veamos resultados
tan desalentadores en aquello que si le
es exigible.
No olvidemos que es dentro del
marco de la Constitución vigente que hemos crecido 5.4% anual promedio en
términos reales durante su vigencia y reducido la pobreza de 42.4 a 27.8% entre
el 2007 y el 2011.
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