La Contraloría General de la República publicó este viernes 1 en el diario oficial El Peruano su Resolución Nº 360-2006-CG mediante la cual autoriza al Procurador Público a cargo de sus asuntos judiciales, para que en nombre y representación del Estado peruano, se apersone ante las instancias pertinentes e impulse las acciones legales correspondientes como resultado de presuntas irregularidades entre octubre del 2002 y el 2004 en torno a la comercialización de Turbo Jet A-1 (Turbo), derivadas de las cuales se habría defraudado al Estado dejando de cobrar impuestos por 55´910,439.43 Nuevos Soles (1US$=3.22 S/.)
¿Los presuntos responsables? 2 Presidentes de Directorio, 2 Gerentes Generales, 2 Gerentes del Area de Comercialización, 1 Gerente del Departamento Legal, 2 Gerentes de Ventas y otros 2 funcionarios de Petroperú S.A. que vendieron Turbo a Mayoristas. Afortunadamente no publican sus nombres pues para el común de la opinión pública no existe la palabra presunto.
Para mayor información de nuestros lectores señalaremos que el Turbo y el Kerosene son prácticamente lo mismo, cotizándose internacionalmente como Kero/Turbo. La diferencia era que en el mercado interno el Kerosene (para uso doméstico), pagaba Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y el Turbo (para uso aeronáutico), no. El 2002, el monto del tributo se incrementó de 0.25 a 0.44 US$/Gln (77% de aumento en dólares); el 2003 promedió 0.54 y el 2004 siguió creciendo al promedio de 0.62 US$/Gln. En total un exagerado aumento de 148% en el ISC. Demás está decir que en esta condición, de por sí antitécnica para la administración tributaria, la tentativa de defraudación estaba cantada.
Los delitos por los cuales se acusa a los funcionarios de Petroperú son comercio clandestino de productos, asociación ilícita para delinquir, omisión de actos funcionales, colusión, negociación incompatible con el cargo, tráfico de influencias, falsificación de documentos, falsedad ideológica y falsedad genérica, todos ellos considerados en el Código Penal con pena privativa de libertad así como con el pago de los tributos dejados de cobrar.
La misma edición del diario oficial, presenta igualmente el mismo caso para 4 funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (DGH), que autorizaron la venta a 5 distribuidores mayoristas “de conformidad con las disposiciones legales vigentes”, extendiéndoles Constancia de Distribuidor e informando como ente normativo a Petroperú que los ahora Mayoristas comprometidos tenían autorización para comercializar Turbo. En este caso, amparado en el D.S. 018-2002-EM, el Sr. Ministro de Energía y Minas aprueba la R.M. 570-2006-MEM/DM autorizando para que se contrate, exonerándose del proceso de adjudicación directa selectiva y como servicio personalísimo por 60,000 Nuevos Soles la defensa legal para sus funcionarios. El D.S. en mención señala que por la naturaleza de sus funciones y la jerarquía de sus cargos, los funcionarios y servidores públicos de cierto nivel realizan actos, toman decisiones u omiten acciones en el ejercicio regular de sus funciones por las cuales podrían verse inmersos en procesos judiciales; por ello la justificación de asumir el costo de la defensa. Igualmente establece que en caso la justicia establezca la responsabilidad de los mismos deberán reintegrar los gastos inicialmente asumidos por el Estado.
He aquí donde encontramos una injusta aplicación del derecho por cuanto los gerentes de una empresa pública como Petroperú no dejan de ser funcionarios públicos, en la medida que manejan recursos del Estado (propietario del 100% de sus acciones) e igualmente y en mayor intensidad también realizan actos, toman decisiones u omiten acciones para gerenciar su actividad en un mercado de enorme competencia y sujetos además a una serie de presiones de quienes creen que la empresa pública está para servirlos y que en ella no existen funcionarios decentes. ¿Por qué pues entonces cubrir la defensa de unos y no la de otros?
La investigación hasta el momento ha tomado ya 34 meses, período en el cual la empresa estatal se ha sumido en la inacción y el miedo, en la que pocos quieren asumir una gerencia o responsabilidades mayores, en la que cada vez se incorporan más y más procedimientos burocráticos para “cubrirse las espaldas”, haciendo que la gestión comercial sea prácticamente inexistente pues nadie asume riesgos, promueve negociaciones, ni tampoco innova o aplica creatividad cuando tiene sobre sus cabezas la espada de Damocles de la auditoria o de la denuncia penal. En esas condiciones los esfuerzos de una nueva administración poco o nada podrían hacer para resucitar la organización de nuestra petrolera y, mucho menos, volverla competitiva y rentable.
De lo que personalmente he estudiado del caso, entiendo que la responsabilidad de los funcionarios de Petroperú es inexistente pues los contratos con los Mayoristas se hicieron basados en todos los casos en autorizaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas y en respuestas favorables a consultas (innecesarias desde mi punto de vista), hechas por la petrolera. Esta gestión como es lógico contó con la visación de su asesoría legal y adicionalmente no se pagó a los Mayoristas comisiones de distribuidor a las que habrían tenido derecho como canal intermediario. Mantener involucrados a los funcionarios de Petroperú obedecería más bien a intereses mezquinos que a razones técnicas.
La tarea comercial de Petroperú es una labor que debería desempeñarse como se desempeña en cualquier otra empresa privada competidora, sujeta sólo a objetivos de venta y metas de gestión pues de lo contrario no podrían competir y para eso es que los peruanos la necesitamos, para que compita. Con los antecedentes señalados cualquier gerente hubiera suscrito un contrato con los mayoristas, repito oficialmente autorizados por la autoridad competente. No es función de Petroperú ir más allá de la entrega del combustible al Mayorista y no podría extenderse para verificar el destino final del producto. Para eso está el OSINERG al que las empresas como Petroperú pagan para que cumplan con esa función.
Encuentro si un grave defecto y que es también causante de esta situación y es la inexistente transparencia en Petroperú. Si sus volúmenes de ventas fueran diáfanos y accesibles todos hubiéramos notado que la venta de Turbo se alejaba de sus cauces y se vendía menos Kerosene; Si publicaran (y hasta ahora no lo hacen), la historia de sus precios del Turbo podríamos hacer seguimiento de los diferenciales con el Kerosene. Si publicaran los contratos que suscriben, sus características y detallaran quienes son los accionistas y quienes forman los Directorios de sus contra partes estaríamos atentos para detectar la ingerencia política. Y eso implica callar a quienes equivocadamente sostienen que dar esta información es favorecer a la competencia. Si sus Directores hubieran tenido mérito profesional y no sólo político hubieran sido los primeros guardianes de la marcha empresarial y servirían de escudo ante la ingerencia política.
Si verdaderamente queremos que Petroperú cumpla el papel importante al que está destinada tenemos que hacer cuestión de estado para que su gestión comercial tenga plenitud de facilidades para su desempeño y que cese cualquier ensañamiento. No se trata aquí sólo de las exoneraciones al SNIP o la adecuación al CONSUCODE o su escapada del FONAFE, pues nada de eso le sirve a los gerentes de Petroperú para transformar su salario del miedo y recuperar su imagen ante los clientes.
Petroperú
Bedón
No hay comentarios.:
Publicar un comentario