17 de octubre del 2005
Identificado con el Nº 13731/2005-CR se encuentra para debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, desde el 5 de octubre un Proyecto de Ley, esta vez presentado por los Srs. Congresistas de Perú Posible Alberto Cruz Loyola y Alejandro Oré Mora, que declara de interés nacional el fortalecimiento y modernización de Petroperú S.A.
Recordemos que el 3 de junio del 2004 se publicó en El Peruano la Ley 28244 que excluyó a nuestra petrolera estatal de las modalidades de promoción de la inversión privada en empresas del Estado que se refieren a la transferencia del total o de una parte de sus acciones y/o activos y a la disposición o venta de sus activos cuando se haga para la disolución o liquidación de la Empresa.
Quedaron disponibles las opciones de incremento de capital y de formas asociativas de riesgo compartido, prestación de servicios, contratos de gerencia, concesión y similares. La Ley fue aprobada por insistencia del Congreso de la República y promulgada por el Sr. Henry Pease, que ocupaba la Presidencia del Congreso, ante la observación del Ejecutivo. En adición a la exoneración se autorizó a Petroperú a negociar contratos con Perupetro en exploración y/o explotación y de operaciones o, servicios petroleros.
Esta exclusión había sido reclamada por muchos, entre ellos el Colegio de Ingenieros del Perú que en Julio del 2003 declaró públicamente que “…El Estado, al no tener un Plan de Desarrollo Estratégico Integral, está permitiendo la pérdida de competitividad de la industria nacional. Esta situación se ha agudizado en el sector de los hidrocarburos afectando a PETROPERU S. A. en la conservación de sus instalaciones, falta de inversión en nuevos activos y lo que es peor, ha restringido el desarrollo humano de los encargados de la gestión técnica, administrativa y gerencial…” . Reclamó también que “… PETROPERU S. A., debe ser repotenciada en un proceso continuo y sostenido en un marco de eficiencia y dentro de un Plan de Desarrollo Energético Nacional… y … debe conducirse con criterios de gestión modernos y altamente competitivos, con personal capacitado y de experiencia en la industria de hidrocarburos que existe en el país.”
Se abría pues con la Ley (según quienes la promovieron con largo esfuerzo), un mejor horizonte. Se requerían cambios urgentes en la gestión empresarial y la empresa había estado sometida a una larga serie de escándalos y aprovechamiento de su poder económico para beneficio no de todos los peruanos sino de unos pocos que creyeron encontrar un apetitoso botín antes que una vocación de servicio. Así pasaron al desempleo sus mejores cuadros, se improvisaron funcionarios y directivos y se dio maña para gastar en labores ajenas a su gestión, como la remodelación de Palacio de Gobierno.
Vistas las cosas 16 meses después de la 28244, en la práctica no se ha conseguido nada de lo reclamado, que no sea apartar a nuestra petrolera de cualquier intención de venta de activos. No se ha podido lograr los contratos de gerencia ni incorporar un socio estratégico; tampoco se ha concesionado nada y menos aún (como era lógico y previsible), se ha negociado con Perupetro para incursionar en la actividad exploratoria.
Suponíamos pues que excluir a Petroperú de algunas modalidades de participación del capital privado era ya parte del ahora solicitado fortalecimiento y modernización. El hecho es que la Ley de no privatización mediante venta de activos existe a pesar de la opinión del Gobierno pero, en lamentable revancha, tampoco se define acerca del rol que debe cumplir en adelante. Total, piensan, si el Congreso promulgó la Ley pues que sea el mismo Congreso el que sea responsable de darle el marco adecuado para su desempeño.
Saber que Petroperú existe y existirá sin venta de activos, con capital nacional pero sin apoyarla, es igual que dejarla que muera de inanición. Por eso es que comprendemos la preocupación de Petroperú por buscar la aprobación de medidas legislativas que apoyen su gestión. En la medida que no ha habido capacidad gerencial para mantener el rol fundamental de la primera empresa del Estado y a que la Contraloría no le pierde paso, tienen que buscarse muletas suponiendo que con ellas podrán integrarse a la carrera de la competencia en el mercado de hidrocarburos, hoy enteramente globalizado. Han perdido muchísimo espacio pero creo que ante el hecho consumado debe definirse de una vez su función y si se le fortalece como es necesario mucho mejor.
En los extramuros hay opiniones tan extremistas como la del Partido Socialista de los Trabajadores que fija como Programa “…Gas y Combustibles para el pueblo. Rebaja del GLP a 8.00 S/ y suprimir el ISC y el IGV a los combustibles, instalaciones de gas domiciliarias y vehiculares pagadas por el Estado… Defensa y el reflotamiento de Petroperú … la devolución de la Refinería La Pampilla y la rescisión de los contratos de exploración y explotación que deben pasar al control de la empresa estatal…”. Peligrosas coincidencias.
Debo señalar que el Proyecto de ley propone para Petroperú que 3 de sus Directores sean propuestos por el Ejecutivo pero ratificados por el Congreso de La República (uno de ellos sería el Presidente del Directorio). Señala el Proyecto además que otros dos Directores deben ser designados por el mismo Congreso, uno por la Comisión de Economía y otro por la de Energía y Minas. El sexto Director plantean sea designado por los trabajadores. Me parece mucha ingerencia legislativa en una empresa que debe conducirse como empresa privada y ajena a los vaivenes de la política criolla. Suena a toma y daca.
Creo por lo contrario que resulta adecuado nombrar a su Presidente por Concurso Público o a través de un Contrato de Gerencia. No me parece adecuado tampoco que se proponga que los Directores que representan al Congreso y los que son ratificados por él (5 de los 6), sean designados por 5 años y sólo se les pueda remover por falta grave debidamente comprobada. Aquí deben tenerse en cuenta los resultados de la gestión más que las dificlmente probables o definibles faltas graves.
No se menciona para nada en el Proyecto de Ley un tema fundamental, que es el referido al manejo de los precios de los hidrocarburos que produzca o importe Petroperú. Recordemos que la teoría de la paridad de importación, tan desacreditada en la actualidad, es y ha sido la política aprobada por su Directorio. ¿Será la misma política la que rija los destinos de nuestra petrolera o se adoptará otra posición? Y en los proyectos de inversión que planteen ¿Se considerarán precios de importación, referenciales o de exportación?
El Proyecto excluye también a Petroperú del ámbito del FONAFE y dispone que las utilidades netas distribuibles se apliquen en proyectos de inversión para modernización o ampliación de actividades (se señala un requerimiento de 430 millones de US$). Creo que una contraparte valiosa que podrían aportar con entusiasmo los trabajadores sería también que se comprometan a aportar el 50% de las utilidades anuales que les corresponden a manera de apoyo a la capitalización de su empresa. Además así velarían porque no se aprueben proyectos sin sustento técnico – económico ahora que se propone que se salten a la garrocha el SNIP.
Indica el Proyecto que Petroperú tiene una notoria desventaja en su gestión de inversiones frente a “la competencia” sin señalar cual es esa competencia en un mercado reconocido como oligopólico y en regiones monopólico.
Otras perlas del Proyecto son la propuesta de desaparecer a Perupetro fusionándola con Petroperú en un plazo de 90 días, quedando encargada Petroperú de representar al Estado en las actividades de exploración y explotación. Demasiado e inmerecido castigo para Perupetro que ha tenido una destacada gestión durante el presente Gobierno operando técnicamente y alejada de los escándalos a que nos acostumbró Petroperú. La cereza que decora la torta es la de proponer que los contratistas paguen una parte de la regalía en productos o canasta de productos a “valor de mercado” a Petroperú.
Posteriormente analizaremos algunos de los argumentos del Proyecto de Ley. Encuentro que se abunda en una serie de generalidades, casuística no aparente, beneficios y costos no demostrables, etc. Se señala por ejemplo que con la privatización de Petroperú el Estado ha tenido una pérdida económica neta de 1,222 millones de US$ y señala que Petroperú tuvo una pérdida económica de 2,081 millones de dólares por la privatización. Si esto es así y lo señalan dos Srs. Congresistas con su firma en el Proyecto ¿por qué no denuncian a los responsables y se les sanciona como se debe?. O es sólo un mal argumento. Esperemos que pronto el Proyecto sea puesto en debate y que se superen mediante él las serias carencias que tiene. A todos nos interesa una empresa estatal moderna, competitiva, bien gerenciada y honesta.
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