martes, 5 de abril de 2016

¡Y ahora tenemos: Un capitalismo popular con economía social de mercado!

Fotografía: http://elcomercio.pe/politica/elecciones/alfredo-barnechea-y-gregorio-santos-su-confrontacion-frases-noticia-1891514/1?ref=flujo_tags_135327&ft=fgal_1&e=foto_1



Eran épocas de elecciones en mi querido Perú, en el 2010/2011, cuando el ideólogo del Partido Nacionalista (Partido ganador de las elecciones presidenciales en segunda vuelta), Econ. Félix Jiménez, a la sazón Coordinador Responsable de la Comisión de Plan de Gobierno, incorporó en el Plan de Gobierno 2011-2016 “La Gran Transformación – Diciembre 2010” la teoría de la economía nacional de mercado. Jiménez había simultáneamente publicado el documento “Economía Nacional de Mercado: una estrategia nacional de desarrollo para el Perú[1] con el auspicio del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en noviembre de 2010.

El Plan en comentario proponía un “nuevo modelo de desarrollo” basado en una economía nacional de mercado abierta al mundo. Entre sus más importantes acciones de política detallaba que “Forjaremos un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado, que articule la costa, la sierra y la amazonia del país”.[2] El Plan proponía igualmente recuperar la “autoridad pública” del Estado en materia económica, cambiar a una economía nacional de mercado y que el Estado planifique el desarrollo económico y social del país, mención aparte de la utilización exagerada del obsoleto concepto de “actividades estratégicas”.

En el fondo lo que proponía el Plan de Gobierno del Partido Nacionalista era modificar la Constitución de 1993 que en sus Principios Generales (Art. 58°) describe ampliamente como sistema económico peruano un sistema distinto al señalar que “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” Esta precisión, sin embargo, no es una innovación por cuanto ya antes la Constitución de 1979 indicaba en su Art. 115° “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social.”; Prácticamente, lo mismo.

Y ahora, el "capitalismo popular” (1950 – 1960, con algunos antecedentes en los 40´s)

Enarbolado por el candidato Alfredo Barnechea en el reciente debate de candidatos presidenciales (03/04/16), trata de imponer en el Perú una política thatcheriana[3] de capitalismo popular. Digo thatcheriana por Margaret Thatcher, en Inglaterra, que fue la primera mandataria que lo instrumentalizó para promover las privatizaciones de empresas públicas.
El Plan de Gobierno de Acción Popular 2011-2016, partido político que ha acogido al candidato Barnechea, no menciona nada sobre el capitalismo popular e indica que propone el modelo del Partido Nacionalista, el de la economía nacional de mercado, cuando en sus Objetivos Generales declara “Impulsar la economía nacional de mercado.” [4] Idéntico al Plan nacionalista.

El Diccionario de economía política de Borísov, Zhamin y Makárova[5]  (publicado en la Unión Soviética y traducido al español en 1965), define este modelo de capitalismo como una “teoría burguesa abiertamente apologética sobre la presunta transformación del actual capitalismo monopolista de Estado en un nuevo régimen social en el que desaparecen las clases y las contradicciones de clase, se "democratiza el capital", se "nivelan los ingresos", se eliminan las crisis económicas, y el Estado capitalista se convierte en un "Estado, del bienestar general. Ahora, Capitalismo Popular equivale a decir: socialismo burgués, racismo justiciero, explotación equitativa, crímenes saludables, especulación equilibrada, es una contradicción.” No es ésta pues una política que pudiera calificarse de revolucionaria cuando más bien se ha implementado ya en algunos países como el Chile de 1973 buscando privatizar diversas instituciones financieras y empresas públicas, o el capitalismo popular de Carlos Menem en Argentina o de Collor de Melo en Brasil.
Es bueno señalar también que antes (2010), otro candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, había recomendado implementar el capitalismo popular para resolver el problema del agua en el Perú, privatizando las EPS (Empresas públicas de servicios de agua potable y alcantarillado), incluida SEDAPAL, que se maneja como Sociedad Anónima. [6]
Llama la atención este mix de modelos económicos tomados de un piqueo de políticas y que ahora propone el candidato presidencial Alfredo Barnechea, mezclando la economía social de mercado (Alemania, 1947) con el capitalismo popular y la economía nacional de mercado; todo un engendro de teoría económica.

 Espero que algunos colegas economistas tomen la posta de comentar sobre este nuevo modelo de economía, quizá fruto de la inspiración de alguno de los asesores de Barnechea, más que propia.
Todo esto no hace sí no darnos más de lo mismo, declaraciones efectistas, sin sustento teórico y para disfrute de las galerías.

jueves, 17 de marzo de 2016

"Fiorella no entiende del tema"


Se encuentra disponible en Internet[1] el debate sobre renegociación del gas de Camisea sostenido en el noticiero “TV Perú Noticias” esta semana durante 22 minutos entre el Ing. Mecánico Electricista (CIP 8445), Carlos Herrera Descalzi (presentado como integrante del equipo económico del partido Acción Popular) y la Economista Fiorella Giannina Molinelli Aristondo candidata al Congreso de la República por el partido Peruanos por el Kambio.

El Ing. Herrera (que en esta ocasión igualmente postula al Congreso de la República), fue Ministro de Energía y Minas (2000 – 2001), en el Gobierno Transitorio del Dr. Valentín Paniagua Corazao y volvió a ocupar la misma cartera al iniciarse el gobierno de Ollanta Humala en julio de 2011, cartera a la que renunció en diciembre del mismo año en medio de la crisis del gabinete que llevó a la renuncia al entonces Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis.

Se trata pues de dos candidatos al Congreso, a los que el referido programa invitó a debatir, por lo que suponía que eran los mejores representantes de los equipos económicos tanto de Acción Popular como de Peruanos por el Kambio, con el conocimiento y experiencia suficientes como para contrastar dos posiciones antagónicas frente al tratamiento de los contratos de exportación del gas de Camisea.

Como sabemos, los primeros, con el candidato Alfredo Barnechea a la cabeza, prometen renegociar el contrato. Recordemos que, con referencia a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Barnechea dijo que fue PPK quien “dio a dedo el contrato del gas de Camisea, por el que ahora nos pagan casi nada. Por eso lo voy  a renegociar, para exigir un trato igualitario[2]. Por su parte PPK sostiene que Alfredo Barnechea "está tristemente equivocado. Es un contrato que se dio entre Repsol y la Comisión Federal de Electricidad de México. El ministro de Economía [él, en ese entonces] no tuvo absolutamente nada que ver en eso"2. Éste, que debió ser un interesante debate público entre Barnechea y PPK en el que deberían primar los aspectos técnicos, sin embargo, fue descartado cuando PPK envió a Barnechea a estudiar a la UNI (“Que él primero se vaya a la UNI [Universidad Nacional de Ingeniería] y aprenda un poquito de gas y petróleo y después ya podemos comenzar”.

Como están las cosas, se repite el énfasis de una campaña electoral en temas de energía, tal cual lo fue la mentira del GLP a 12 Soles que enarboló el hoy Presidente Humala y que tan buenos resultados electorales le brindó.

Lamentablemente, no son los candidatos a la Presidencia los que debaten, sino dos candidatos a congresistas y que lo hacen de muy mala forma. Toco el caso del Ing. Herrera a quien pueden ver a partir del minuto 21 del video, acusando a su debatiente que “Fiorella no entiende del tema. Su profesión creo no le permite entender del tema” y como cereza para adornar el pastel, al más puro estilo del ex candidato César Acuña decir que “cualquiera escribe libros”; ésto además del abuso de calificativos como inmoralidad, tema moral, una arruga y bien grande, contrato que huele feo y apesta o que desgraciadamente “contrato es contrato”.

No es la intención de esta nota comentar sobre el contrato y sus interpretaciones, debate enrarecido por intereses políticos, sino sobre las desafortunadas declaraciones del candidato Herrera. Si el Ing. Herrera revisara su lista de candidatos de su partido al Congreso por Lima, encontraría que antes de él en el orden del voto preferencial hay dos profesionales de la Economía.

He investigado, y la candidata Molinelli es Economista colegiada en el Colegio de Economistas de Lima con el N°08226[3] por lo que considero que posee una profesión que la califica para opinar sobre el tema. No es un tema de profesión, Ing. Herrera, se equivoca groseramente. Yo soy Economista colegiado, y creo saber del tema, y conozco muchos otros colegas Economistas peruanos que destacan con sapiencia en el campo de los hidrocarburos y la energía.

Protesto rotundamente como Economista por esta declarada mala leche del Ing. Herrera contra nuestra profesión, invitándolo a que calme sus iras y planteé una propuesta técnica antes que hepática. Bajar su orgullo y prepotencia, no le caerían nada mal en su búsqueda de votos.



Econ. César Augusto Bedón Rocha
Docente UPC
17/03/2016

                                                   

miércoles, 17 de febrero de 2016

¿Por qué tengo que pagar las multas por infracción ambiental impuestas a PETROPERÚ?

El 12/07/14 se publicó en el diario oficial El Peruano la ley 30230, pomposamente llamada “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República que tenía como Presidente al Congresista Fredy Otárola. Esta Ley establece en su Capítulo III “Medidas para la promoción de la inversión en materia ambiental”, Art. 19°, que durante 3 años las sanciones a imponerse por las infracciones ambientales no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar según la legislación vigente. Todo esto en un supuesto marco de enfoque preventivo de la política ambiental por el cual, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) privilegiaría las acciones orientadas a la “prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental”; todo lo cual como sabemos no es más que un saludo a la bandera. La ley señala así mismo que los procedimientos sancionadores serán únicamente “excepcionales”. Por supuesto que el OEFA no fue consultado para la promulgación de esta Ley[1], pero tampoco se le conoce haber reclamado fuertemente por semejante desatino.

Anteriormente, en diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso el Proyecto de Ley Nº1815/2012-PE, que modificaba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Nº 29325) y la Ley General del Ambiente (Nº 28611), a través del cual se proponía asegurar que las sanciones ambientales sean verdaderamente disuasivas, para lo cual se triplicaba el monto del tope máximo aplicable llegando hasta 30,000 UIT (S/. 109.5 millones de ese entonces), lo cual sería aplicable respecto de las actividades con mayores impactos ambientales y mayor envergadura económica. [2] ¿Cómo así el Poder Ejecutivo propone 30,000 UIT´s de sanción máxima y el Congreso que domina acaba reduciéndolas de 10,000 al 50% de 15,000 UIT´s? “Cosas veredes, Sancho, que non crederes” (El Quijote)

En el reciente caso del derrame de crudo del Oleoducto Nor Peruano (ONP) en Chiriaco, responsabilidad de PETROPERÚ, se ha anunciado que se le aplicaría la sanción máxima de 15,000 UIT´s (59´250,000 Soles); en realidad solo se le podría multar por el 50% de dicho monto, es decir por un máximo de 29´625,000 Soles, en mérito a la dichosa ley de promoción de inversiones que, repito no tiene nada que ver con el caso.

Verdad que no llego a entender que tiene que ver la promoción de inversiones que todos deseamos, con la reducción de las multas en casos de flagrantes atentados contra la ecología, como son los derrames de petróleo crudo por fisuras y otros en los oleoductos. ¿O es que acaso peregrinamente se cree que el ahorro en las multas será usado para invertir en mejoras de las instalaciones para evitar derrames?

Sin embargo, en el fondo del asunto, subsiste mi inconformidad con que, en el caso de las empresas estatales como PETROPERÚ se les aplique multas que finalmente, por ser empresas de todos los peruanos y manejar fondos públicos, terminarán siendo pagadas por nosotros mismos sin ninguna sanción para los funcionarios responsables. Debe incorporarse la responsabilidad administrativa, económica y penal para los funcionarios a cargo de las operaciones que causen daño ambiental y veremos que las cosas empezarían a cambiar.

Peor aún en el caso de las multas a empresas del Estado, el hecho que las multas vayan al mismo Tesoro Público sin resarcir del daño a la población afectada. Yo propondría que en lugar de una multa que pagaríamos todos los peruanos se le obligue a la empresa infractora a adquirir bienes y servicios para uso de la comunidad afectada como podrían ser cocinas a GLP, balones de GLP, máquinas de coser, refrigeradoras, postas médicas, tornos, bladers de hasta 50,000 Lt para almacenamiento y suministro de agua potable y su recarga, construcción de silos, etc.

No basta con un parchado del ducto, la presencia por unos días de un médico y algunos obsequios cuando los efectos negativos de los derrames se dejan sentir durante muchos años. Otra propuesta sugerida por un valioso colega sería que se fomentara la participación de organizaciones de usuarios que fiscalicen el daño ambiental y presenten denuncias documentadas recibiendo el 50% de la multa correspondiente. Creo que muchas otras propuestas podrían y deberían plantearse para no seguir en el esquema de multas que finalmente pagamos nosotros mismos.



[1]El presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dejó en claro que no se le solicitó una opinión previa sobre las medidas para reactivar la economía que reducen el monto de sus sanciones a un 50% y limitan su aplicación.http://gestion.pe/economia/cada-100-supervisiones-oefa-menos-dos-terminaron-multa-2106609