31 de octubre del 2001
A partir del 1º de Noviembre rige en nuestro País el D.S. Nº114-2001-PCM, publicado en el diario oficial el pasado viernes 19 de Octubre, mediante el cual se ha establecido el aporte obligatorio por regulación al OSINERG de parte de las entidades y empresas del sub sector hidrocarburos que realizan actividades de importación, refinación o distribución mayorista de hidrocarburos.
El Art. 2º del mencionado decreto señala que este aporte es igual al 0.63% de la facturación mensual, deducido el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal.
Si se tiene en cuenta que en nuestro mercado el margen bruto de utilidad de las distribuidoras mayoristas de hidrocarburos no es mayor al 0.75%, es lógico suponer que éstas se verán precisadas a trasladar el nuevo aporte a los grifos e industrias (pues absorberá prácticamente toda su ganancia), y estos finalmente al público consumidor, con lo que finalmente se traducirá en una elevación del precio.
El error parte de suponer un precio de hidrocarburos establecido por igual para todos los consumidores como en el caso de la regulación de tarifas eléctricas mientras que en el sub sector hidrocarburos se fijan por oferta y demanda con márgenes sumamente reducidos y en algunos casos, sin margen para las Distribuidoras.
Si bien es cierto, el OSINERG necesita de los recursos para cumplir con su función fiscalizadora, la misma que ha sido prácticamente nula desde su creación, también es cierto que el resultado de este aporte, que supera los 14 millones de dólares al año y que se incrementará en la medida en que se incrementen también los precios de los hidrocarburos, nos da derecho también a los consumidores para participar dentro del OSINERG y vigilar que el aporte sea estrictamente dedicado a las labores de fiscalización y no para gastos burocráticos. Igualmente se requieren mecanismos de transparencia para conocer como se ha determinado el porcentaje correspondiente.
En mi particular apreciación hubiera sido preferible que las Distribuidoras Mayoristas pagaran al Estado una contribución anual para renovar su vigencia con lo que se garantizaría la continuidad de las más sólidas y que presten mayores servicios al consumidor y no como en la actualidad en la que subsisten una veintena y menos de la mitad tienen trascendencia. En la modalidad de contribución aprobada sobre la facturación se puede presentar la falta de pago de alguna(s) de las distribuidoras con lo cual no se cubrirían los recursos requeridos por el organismo regulador.
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