Monday, 21 November 2005
El Comercio del viernes 18 de noviembre nos trae una entrevista del joven y hábil periodista Manuel Marticorena efectuada al Sr. Econ. Roger Arévalo, Presidente de Petroperú en la que, para sorpresas de muchos, declara que “… En el gobierno de Alan García se le obligó a subsidiar precios – refiriéndose a Petroperú - generando un déficit de US$500 millones que el Estado finalmente tuvo que absorber..”
La sorpresa viene por cuanto suponíamos que el enorme apoyo legislativo que vienen dando los congresistas apristas a la primera empresa estatal (cuyos resultados evidentes han sido la Ley que la excluye de algunas modalidades de privatización, los proyectos de ley en Agenda que apuntan a excluirla del CONSUCODE, del FONAFE y del SNIP, otros que declaran de interés nacional y preferente prioridad la modernización de sus refinerías, la autorización para invertir el íntegro de sus utilidades en sus proyectos de inversión, etc), serían correspondidos sin recordarle al país el desastre que significó la política intervencionista del Dr. Alan García para el sub sector hidrocarburos.
La declaración del Presidente de Petroperú, me trae a la memoria un artículo periodístico que publique en La República allá por el 2001 y que titulé “EL PRIMERO, NO OLVIDAR”, en el que hicimos una apretada síntesis de cómo había quedado Petroperú al concluir el año 1990, a manera de cumplir con el compromiso de no olvidar lo negativo que resultan las políticas supuestamente bien encaminadas y que implementan el control de precios, la intervención no técnica, el subsidio indiscriminado y el facilismo de creer que con leyes del Congreso se superan las leyes de la economía.
Las cifras macro económicas resultantes de la experiencia aprista son harto conocidas: inflación acumulada 1985-1990 de 2.2 millones por ciento; producción per cápita menor a la de 1960, tasas arancelarias de protección por encima del 60% promedio, reservas internacionales negativas de hasta -300 MMUS$, déficit fiscal y cuasi fiscal cercano al 16% del PBI, ingreso mínimo legal disminuido en 50% y pérdidas de empresas estatales que llegaron a los 1,653 MMUS$ (Boloña Carlos, “Cambio de Rumbo: El programa económico de los noventas”, Instituto de Economía de Libre Mercado-SIL).
Más bien, recordaremos algunos detalles de la gestión referidos al sector hidrocarburos en el que quedó inmortalizada la perversa comparación del precio de un galón de gasolina como más barato que un litro de gaseosa. Por cierto que el trabajo resulta todo un reto que merece más espacio y debería merecer más de una tesis para tratar de comprender tanto error cometido en una sola área de la energía. Hoy las estadísticas de detalle de la época son escasas hasta en el INEI (donde acudí para mejor ilustración con resultados incompletos y muy pobres). Ojo, esta información no se debe perder pues forma parte ya de nuestra historia económica.
Las reservas probadas de petróleo crudo cayeron drásticamente de 565.4 a 382.2 millones de barriles (32.4% menos), entre 1985 y 1990.
En lo referente a pozos perforados, mientras en 1985 se ejecutaron 186, el 2000 se perforaron sólo 56. El promedio 1980/1984 había sido de 324. El promedio 1985/1990 fue de 131.
Los pozos productores cayeron de 3,656 a 3,336 entre 1985 y 1990.
Desde su creación en 1969, Petroperú había sido una empresa con utilidades (operativas y netas), en todos y cada uno de sus ejercicios.
Al cierre de 1984 (en 16 años), acumulaba una utilidad neta de 158 MMUS$ resultantes incluso luego de haber contribuido con subsidios a la economía por 1,357 millones de dólares (la diferencia entre su utilidad operativa y la neta).
Bastó un Gobierno para que en el lapso 1985/1990 perdiera en operaciones 1,458 MMUS$ y le hicieran cargar con 2,036 MMUS$ de subsidios. Resultado; llegó a 1990 con una pérdida neta acumulada de 3,336 millones de US$. Sólo en un año, en 1988 le había hecho perder 1,470 millones de US$.
Y ¿Recuerda usted qué había pasado en esos años con el precio del petróleo crudo? ¿Subió? No, todo lo contrario. El crudo más fino, el árabe ligero con 34º API, bajó de 29.00 en 1984 a 18.40 US$/Barril en 1990, con bajas sostenidas todos los años. El año 1986 el precio mundial cayó más de 50%
¿Quizá los precios de los derivados, se incrementaron? NO, todo lo contrario; por ejemplo el precio mayorista del Diesel Nº2 sin impuestos pasó de 0.781 a 0.706 US$/Galón en los EEUU entre 1985 y 1990 (un 9.6% de baja).
Sucedió en nuestro país que por el lado de los precios de los hidrocarburos producidos por Petroperú, se aplicó la teoría del “Estado Benefactor”, subsidiando en la práctica a los estratos de mayores ingresos (“Reformas e Inversión en la Industria de Hidro Carburos de América Latina” – Humberto Campodónico – octubre 2004 – CEPAL).
Un solo ejemplo, en precios reales de algunos hidrocarburos:
Como vemos, los precios en julio de 1990 del GLP equivalían al 6.3% de los precios reales vigentes en 1985. En el caso de la Gasolina de 84 octanos no se llegaba ni siquiera al 10% del precio.
Los precios relativos de los combustibles igualmente fueron afectados con desproporción técnica. Como ejemplo baste citar que sólo entre 1987 y 1989 el precio del Kerosene se multiplicó por 68 y el del GLP por 251 veces. El precio de un balón de 24 libras de GLP era en 1988 equivalente a 12.1 galones de Kerosene. En 1990 había subido tanto el precio del kerosene que con el equivalente de 3.3 galones se compraba un Balón de GLP.
Sin embargo la nueva política de hidrocarburos que tanto costaría al país se anunciaba ya desde agosto de 1985, cuando el sector se había estremecido con el primer error del novísimo Gobierno (Gerardo Barraza – Agenciaperu.com). Alan García expropió la Belco.
El sector petrolero conocía que Belco tenía problemas para seguir operando en el país y reportaba pérdidas en sus operaciones pues Petroperú le pagaba menos de lo que le costaba producir, pues los precios habían caído considerablemente. Pensaban y habían manifestado los ejecutivos de Belco su intención de retirarse del país, en cuyo escenario, todas las instalaciones fijas, campamentos, plantas de energía y equipos de comunicación pasaban gratuitamente a ser propiedad de Petroperú en condiciones operativas. El 29 de agosto de 1985, el Presidente García anunció la rescisión unilateral de los contratos entre Petroperú y Belco alegando incumplimiento de acuerdo comercial y presentándolo como un hecho revolucionario, de reivindicación nacional. El Presidente convocó un Comité para que se encargue de valorizar la expropiación.
En agosto de 1988 el Comité determinó que el Estado peruano debía pagar 175.9 MMUS$ (con intereses acumulados hasta 1999 se llegaba a 236 MMMUS$). “No habia necesidad de pagar…No tenía sentido precipitar una expropiación por el innecesario costo que esta medida podía tener", sostuvo el Ing.. Nicanor Arteaga, ex Gerente General de Petroperú, a quien Huaita reemplazo por Carlos Lizier Gardella, amigo de Alan, el 2 de agosto de 1985. Cuando el gobierno reconoció la deuda con Belco, ya no hubo tiempo ni recursos para cancelar este compromiso. Petroperú tuvo que cargar con el muerto.
La Balanza Comercial de Hidrocarburos que en 1985 ofrecía un saldo positivo de 614 MMUS$ se volvió negativa a partir de 1988, resultando en 1990 un déficit de 47 MMUS$.
A pesar que en los Planes del Sector se consideraba como prioritaria la explotación y utilización de las reservas de Camisea (San Martín y Cashiriari), era imprescindible conseguir la participación de inversión externa y no se logró.
En lo laboral, la Ley 24366 del 22/11/85 incorporó a la Ley 20530 a los trabajadores provenientes de la ex Empresa Petrolera Fiscal quienes además de haber mejorado notablemente su sueldos al pasar de un sueldo estatal a las condiciones de empresa privada que regían en la IPC mantuvieron así los beneficios de sus fondos de pensiones. Y en mayo de 1990 igualmente se le cargó a nuestra petrolera una perforación de la Ley 20530 o de la “cédula viva” incorporándose a un grupo de trabajadores de Petroperú, sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
Yo, como muchos peruanos, creemos con terco optimismo que la experiencia del 85/90 en el sector hidrocarburos ha sido lo suficientemente aleccionadora como para no incurrir en los mismos errores. Y confiamos en la autocrítica que sus gestores han efectuado públicamente así como en el propósito de enmienda que debería ratificarse en la conducta legislativa de nuestros días.
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